Ocho abogados de distintas organizaciones civiles hondureñas denunciaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se está aplicando el decreto de amnistía firmado por el presidente Porfirio Lobo el día de su asunción. Según la denuncia, no se aplica para 76 opositores que continúan procesados tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009.

El decreto debe ser aplicado “de oficio por el Ministerio Público y los juzgados competentes, pero no hemos conseguido eso en los casos de los opositores al golpe”, explicó el abogado Roger Ordóñez, del Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las víctimas de Tortura y sus familiares (CPTRT). Estas personas todavía están procesadas con medidas de detención preventiva, como la prohibición de salir del país y de asistir a manifestaciones.

Los abogados afirmaron que la ley se aplicó de forma “discriminatoria” y “desigual”. Dijeron que cuando se aplicó a agentes estatales, “la mayoría de los casos” terminó en sobreseimiento.

Los abogados también denunciaron que persisten las detenciones “con total impunidad”, la “tortura” y los “malos tratos”. Sara Aguilar, integrante del Frente de Abogados y Movimiento Amplio, señaló que “mientras continúe la misma Corte de Justicia y el fiscal general, que se mostraron a favor del golpe, es muy difícil” que haya cambios, informó la agencia de noticias EFE.

El relator de la CIDH para Honduras, Felipe González, recordó que está pendiente la autorización del país centroamericano para hacer una visita de seguimiento.

Por otra parte, las organizaciones Human Rights Watch (HRW), Reporteros Sin Fronteras y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) condenaron los recientes asesinatos de periodistas en Honduras.

Tres asesinatos ocurrieron entre el 2 y el 14 de marzo, la última víctima fue Nahúm Palacios, de 34 años, director de noticias de Canal 5, quien fue asesinado en una emboscada. Su cuerpo se encontró en su auto, que tenía más de 40 impactos de bala. Antes fueron asesinados de forma similar el periodista David Meza Montesino, del mismo canal, y Joseph Ochoa.

La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, instó a las autoridades a que hagan “todo lo que esté a su alcance” para que los asesinos sean procesados y “mostrar así que la impunidad no puede tolerarse en Honduras”.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, afirmó que “los asesinatos y las amenazas” contra los periodistas “están generando un clima de temor que posiblemente generará un efecto inhibitorio en la prensa hondureña”. Agregó que la organización recibió denuncias de que otros cinco periodistas fueron perseguidos o amenazados de muerte durante las últimas semanas.

En este sentido, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), afirmó que la CIDH ya sabía que el periodista Palacios estaba siendo perseguido y amenazado. Incluso, añadió, la CIDH había activado para él su mecanismo de medidas cautelares, que consiste en solicitar al Estado que adopte las medidas que sean necesarias para proteger su vida. En este caso, las medidas nunca fueron implementadas.

El Codeh denuncia en su página web institucional que se reiteran los casos de personas del Frente de Resistencia Popular que son amenazadas y perseguidas por las autoridades, en especial los dirigentes que aparecen en los medios de prensa, cuyos nombres se reservan para su seguridad.

El Comité denunció otros dos asesinatos de miembros del Frente de Resistencia: el de Francisco Castillo la semana pasada -para quien se habían pedido medidas cautelares de seguridad a la CIDH, pero la respuesta no llegó a tiempo- y el del profesor de Ciencias Sociales, José Manuel Flores, el martes, en el liceo en que trabajaba.

Flores pertenecía a la Resistencia, era miembro del Partido Socialista de los Trabajadores y colaboraba con el diario La Tribuna y el periódico digital socialista Soca.

El asesinato de Flores, según denuncia Codeh, fue cometido por sicarios extranjeros contratados indirectamente por el Estado, “sin comprometer a sus miembros de los cuerpos de seguridad” estatales.

El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras convocó a un paro nacional para hoy en protesta por el asesinato. La medida, informó el presidente del Colegio Jaime Rodríguez citado por La Tribuna, busca ser una señal de “duelo nacional” y exigir “el respeto a la vida y a los derechos humanos”.