El juez Luciano Varela avaló el jueves el inicio de un juicio contra su colega, Baltasar Garzón, por prevaricación, por dictar una sentencia a sabiendas de que es ilegal. Argumentó que Garzón tuvo intenciones de investigar los crímenes de la Guerra Civil Española y el franquismo aunque sabía que estaba impedido de hacerlo por la Ley de Amnistía de 1977.

La Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid será la trinchera para defender a Garzón y la causa que inició. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es sólo una de las instituciones que se lanzaron ayer a la defensa del juez, al igual que la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO).

Estas dos centrales sindicales organizaron ayer una movilización a la que asistieron miles de personas. El salón de actos de la Facultad de Medicina quedó “muy pequeño” para la cantidad de público, indicó la página web de la CCOO.

Los diarios españoles El País y Público también informaron que mucha gente quedó fuera del recinto, donde entraron mil personas, y agregaron que entre los presentes estuvieron el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el diputado y coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el ex presidente catalán Pasqual Maragall. Desde el conservador Partido Popular, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, criticó la movilización, que calificó como una “vergüenza”, un acto poco democrático y un intento de los sindicatos de presionar al juez Varela.

El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, dijo en su discurso que las organizaciones de ultraderecha que presentaron querellas contra Garzón “deberían ser ilegales” y que la investigación es una “vergüenza histórica” llevada a cabo por los “hijos de la dictadura”.

El juicio contra Garzón es “un golpe brutal a la democracia española”, según el ex fiscal Villarejo, y el Tribunal Supremo se convierte así “en instrumento de expresión del fascismo español”. Agregó que tiene la esperanza de no tener que pasar “la vergüenza de ver condenado a Garzón por perseguir al franquismo” y subrayó que las querellas fueron “un instrumento para favorecer el fascismo en España”, según recogió Público.

Las actividades en la Universidad continuarán hasta el 22 de abril, cuando se reunirá el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la posible suspensión de Garzón en sus funciones.

Que te recontra

Por otra parte la Associació de Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya y la Assocació Memòria de Mallorca presentaron el lunes una denuncia por prevaricación contra el juez Varela y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra.

Argumentan que el pronunciamiento escrito de Varela se contradice al afirmar que Garzón incurrió en una “inactividad procesal” y dispuso una “magnitud enorme” de investigaciones con el único fin de “criminalizar a Garzón”, señalan en el texto de su denuncia, citada por El País.

Las asociaciones afirman que Saavedra y Varela concertaron una “estratagema” para “consumar la absoluta denegación de justicia a las víctimas del franquismo”, amedrentando de esta forma “a futuros y potenciales investigadores judiciales”. También aseguran que Saavedra violó sus derechos como “víctimas indirectas” al no permitir que estuvieran presentes en las investigaciones contra el franquismo. En su escrito citan completo el pronunciamiento de Varela y refutan cada uno de los argumentos, indicó Público. Denuncian que Varela critica la “insistencia” de Garzón para investigar fosas comunes pese al desacuerdo del fiscal, cuando en realidad esas acciones fueron llevadas a cabo por otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Justicia internacional

El respaldo a Garzón trascendió fronteras y hasta las argentinas Madres de Plaza de Mayo estaban en la Universidad Complutense ayer. También Garzón extendió más allá de España su iniciativa de investigar violaciones a los derechos humanos. Fue él quien emitió la orden para detener al dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, y se declaró competente para juzgar crímenes de las dictaduras de ese país y de Argentina, basándose en la aplicación de la jurisdicción universal para crímenes considerados bajo la figura legal de genocidio.

La intención de algunos argentinos es que la justicia de su país tome ahora la posta. Dos descendientes de españoles tenían previsto presentar esta mañana una demanda para que la justicia federal argentina aplique la jurisdicción universal y juzgue dos fusilamientos del franquismo: los casos de los alcaldes de Salamanca y Castro Rei, Elías García Holgado y Severino Rivas, informó el diario argentino Página 12. Se presentarán como parte querellante la sobrina nieta de Holgado, Inés García, y el hijo de Rivas, Darío, de 91 años, que vive en Argentina.

La iniciativa fue del abogado Carlos Slepoy, un argentino radicado en España, que representa en Madrid a familiares de víctimas de la dictadura franquista.

Para que prosperen las denuncias dependerán de que el juez que las reciba, cuyo nombre se determinará por sorteo, esté dispuesto a aplicar el principio de justicia universal. “Necesitamos un Garzón argentino”, sintetizó Slepoy en declaraciones a Página 12.

La demanda pide que se investigue todo el franquismo, desde 1936 hasta 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas. De esta manera se puede imputar a personas que aún están vivas, “ex ministros, jefes del ejército y de otras fuerzas armadas”, afirmó Slepoy, quien confía en que otras personas harán más denuncias sobre ese período si la primera es recibida.

El abogado dijo en declaraciones a El País que “nadie entiende en Argentina que se pretenda inhabilitar al juez que más hizo por perseguir los crímenes de las dictaduras” y por eso hay un respaldo importante de organizaciones civiles a la causa. En el caso, apoyan la iniciativa la Central de Trabajadores Argentinos, la Federación Gallega, las Abuelas de la Plaza de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia, entre otros. Desde España llegarán representantes de la Asociación para la Memoria Histórica para colaborar en las instancias.

De aprobarse el procedimiento sería la primera vez que una cámara federal argentina aplica directamente la jurisdicción internacional. Si no fuera aceptada la querella, los demandantes podrán presentar un recurso contra esa decisión.