El fallo emitido el martes por la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre la producción de celulosa en Fray Bentos es “definitivo, inapelable y obligatorio para las partes”. O sea, para el Estado demandante, Argentina, y el acusado, Uruguay. El dictamen no obliga a nada a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, ni a la compañía papelera finlandesa UPM.

La Corte no resolvió el conflicto, se ajustó a su competencia, limitada a “decidir, conforme al derecho internacional, controversias jurídicas entre estados”. Señaló culpabilidades, pero no dispuso penas. Declaró que Montevideo violó el Estatuto del Río Uruguay al autorizar, sin consultas suficientes en la otra orilla, la construcción de la fábrica y de su puerto fluvial, pero no ordenó borrarlos del mapa. Al mismo tiempo, declaró que UPM cumple con reglas ambientales mínimas, pero no le ordenó a Buenos Aires liberar el cruce del río, bloqueado por activistas que piensan lo contrario.

Las cartas estaban sobre la mesa desde el principio. Dos meses después de presentada la demanda en mayo de 2006, la Corte desestimó el pedido argentino de suspender las obras mientras durara el juicio. Tardó apenas seis meses más en desechar la solicitud uruguaya de obligar a las autoridades de Argentina a abrir como pudieran el camino al puente General San Martín. El mensaje era claro y casi idéntico al de esta semana: la solución del enfrentamiento será política o no será. Pero los gobiernos guardaron la política en el congelador durante tres años. Hasta los presidentes amenazaban con sus frecuentes arrebatos cualquier intento de acercamiento. En noviembre de 2007, por ejemplo, Néstor Kirchner se abrazó con activistas de Gualeguaychú mientras asistía a una cumbre iberoamericana en Santiago de Chile. Tabaré Vázquez respondió autorizando por teléfono desde allí mismo el inicio de la producción de celulosa en Fray Bentos. Estos modales enardecieron el nacionalismo barrabrava en los dos países.

Los jueces de la Corte Internacional les guardaron la pelota a los gobiernos y se tomaron su tiempo, sin preocuparse por la tribuna, para devolverla limpita. Su sentencia es, en general, una declaración sin efectos prácticos. No desmantela la fábrica ni el corte de ruta. Sin embargo, su mera formulación anula las excusas de Argentina y de Uruguay para no negociar. Las fechas también propician el acercamiento: el presidente José Mujica está más dispuesto que Vázquez a mejorar el vínculo con la banda occidental y su buen trato con la oposición en las primeras semanas de este período atenúa las tendencias al radicalismo.

Las reacciones de ambos gobiernos a la decisión de la Corte fueron de una sensatez inusual en estos años de disputa. El locuaz Mujica las resumió con el lema “silencio y trabajar mucho”, y no dijo más. El próximo miércoles, una vez acallado el eco de la manifestación convocada por la Asamblea de Gualeguaychú para este domingo, el presidente uruguayo se reunirá con su par argentina, Cristina Fernández. Será una charla de amigos.

Mujica no le haría ningún favor a Fernández si insistiera con el reclamo implícito en la negativa de Vázquez a “negociar con puentes cortados”: disolver el corte de la ruta a palos. Podría, además, ayudarla a aliviar la presión en Gualeguaychú con gestos difíciles de imaginar en su antecesor. Gestos que eliminen la represión de la batería de opciones posibles del gobierno argentino, si bien es la más improbable. Gestos que, en el mejor de los casos, convenzan a los activistas entrerrianos de que la movilización sirvió para algo y ya cumplió su ciclo. La alternativa uruguaya está entre conformarse con reducir la intensidad del conflicto o tratar de ponerle fin, desilusionando, así, a miles de uruguayos ansiosos por ver una batalla en directo por Crónica TV.

La Asamblea ya discute si el bloqueo se mantiene, se flexibiliza o se levanta, y reclama la presencia de representantes suyos “desde adentro” en el control ambiental de las operaciones de UPM en Fray Bentos, según informó ayer el diario Clarín. La negativa uruguaya se quedó sin argumentos: si UPM no contamina, no hay razón para temer. El fallo de la Corte Internacional reafirma “la obligación” de los estados de “cooperar” en esa tarea. Uruguay hasta podría ofrecer ese espacio a los vecinos de Gualeguaychú antes de que ellos formalicen el pedido.

El gobierno argentino, el entrerriano y parte de los gualeguaychuenses insisten en el fin del bloqueo. El piquete está cada vez más aislado. Espera señales para ceder.

Cuando se termine el ruido, quizás la sociedad uruguaya se decida a empezar a discutir en serio, y con muchísimo atraso, sobre los pros y contras del modelo de desarrollo forestal-celulósico y sobre el país que recibirán las próximas generaciones.