Fernando Lugo, el presidente paraguayo, inició una serie de contactos con representantes de la oposición para transmitirles su plan de reforma del Estado. Según el gobierno, esta iniciativa incluye cambios en las estructuras del Poder Ejecutivo con el objetivo de hacer más ágil la administración pública. El mandatario llevó este proyecto a filas del Partido Colorado, al que desplazó del gobierno en 2008, la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos -que lidera Lino Oviedo- y también lo expuso ante su aliado el Partido Liberal Radical Auténtico.

Aunque el presidente fue recibido con críticas en todos esos encuentros, el secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, informó que el gobierno se propone discutir con los partidos políticos su proyecto. También compartirá con ellos un estudio de la situación actual del Estado, que se encargará a un grupo de consultores, para luego elaborar un plan de reforma definitivo, informó el diario paraguayo ABC.

Mientras impulsa esta iniciativa, la administración Lugo enfrenta también un conflicto de los empleados públicos, originado por la decisión del presidente de vetar un proyecto de ley, presentado por un legislador colorado, que reduciría la jornada laboral de ocho a seis horas para los trabajadores estatales.

Julio López, dirigente de la Mesa Coordinadora Sindical, dijo que “el presidente violó la Constitución” al firmar el veto porque un artículo constitucional reconoce a los funcionarios los derechos adquiridos. Entre estos derechos, según argumentó, se encontraría la jornada laboral de seis horas. Los trabajadores estatales trabajaban bajo ese régimen hasta que la Ley de la Función Pública, en 2000, equiparó su jornada laboral con la del sector privado, que es de ocho horas, indicó la agencia de noticias EFE. En el texto del decreto que estableció el veto se señala que algunos trabajadores habían disfrutado de “un régimen de privilegio en relación a la normativa aplicable al sector privado en el cómputo global semanal y mensual”.

Ahora corresponde al Congreso volver a tratar el proyecto. Para exigirles a los parlamentarios que defiendan ese régimen, y para protestar contra el veto, los empleados estatales -que en total son algo más de 200.000- realizarán una movilización el jueves 17, informó el diario Última Hora.

Desde el gobierno, Lilián Soto, la ministra de la Función Pública, dijo que las ocho horas “dignifican” a los empleados estatales ante la ciudadanía, que dejará de verlos como un sector privilegiado. Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, dijo que “lo legal es trabajar ocho horas por día” y que por eso el gobierno optó por no hacer excepciones. Quienes no manifestaron todavía su posición son los sectores situados más a la izquierda en la Alianza Patriótica para el Cambio, la coalición que respaldó en las elecciones al presidente Lugo, y que también defendía las seis horas para el sector público, indicó ABC. Uno de ellos es el movimiento Tekojojá, que integran varios dirigentes sindicales, quienes informaron que todavía no se analizó el veto presidencial.