El presidente, José Mujica, considera que para construir la “unidad nacional” corresponde que todos los partidos con representación parlamentaria integren directorios de la administración descentralizada. En algunos departamentos del interior del país, la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio entiende que los integrantes de esa fuerza política no deben aceptar responsabilidades políticas en las intendencias gobernadas por los partidos Nacional o Colorado, porque representan un proyecto diametralmente opuesto al de éstos. Algo no cierra.

Durante décadas, cuando los que compartían responsabilidades de gobierno eran colorados y blancos, desde la izquierda se proclamaba que esa práctica era una indecente “repartija” de poder y sueldos, a menudo en beneficio de quienes no habían logrado acceder a cargos electivos. También se prometía que tales prácticas cesarían y que cada puesto sería adjudicado a quien fuera más capaz para desempeñarse en él. Algunos hablaban de “los más capaces, con independencia de su filiación partidaria”; otros no entraban en detalles.

En 1985, a la salida de la dictadura, Julio María Sanguinetti decidió integrar a frenteamplistas a algunos directorios de la administración descentralizada. La mayoría del FA opinó que estaba muy bien y eligió a sus representantes con especial atención a su capacidad técnica. Una minoría sostenía que la coparticipación implicaba riesgos de involucramiento con políticas perjudiciales para el país, pero el debate interno perdió sentido práctico en 1990, cuando Luis Alberto Lacalle estableció que no pensaba compartir el gobierno con quienes no compartieran sus orientaciones.

Excluido nuevamente el FA de la administración descentralizada y obligado a profundizar sus definiciones sobre las llamadas empresas públicas durante la campaña del referendo contra la ley de privatizaciones que impulsó Lacalle, prevaleció en su seno la doctrina de la selección de directores por idoneidad para la tarea. En las dos siguientes presidencias no hubo ofertas de coparticipación al FA (por razones que Sanguinetti y Jorge Batlle mantuvieron en sus fueros íntimos) y cuando Tabaré Vázquez llegó al gobierno ofreció lugares a blancos y colorados, sin especificar si lo hacía en busca de talentos o por razones puramente políticas, pero la negociación se frustró porque las demandas de la oposición no coincidieron con lo que el oficialismo estaba dispuesto a ceder.

Ahora, por decisión de Mujica, habrá blancos, colorados e independientes en posiciones de gobierno, designados por sus partidos y sin que medien requisitos de solvencia, pero la doctrina de la unidad nacional no parece ser unánime en el Frente Amplio, o por lo menos no todos entienden que deba extenderse a la unidad departamental. La Mesa Política Nacional del FA, cada vez más resignada a “dar órdenes razonables”, decidió ayer que cada Mesa Departamental puede resolver en esta materia lo que mejor le parezca, siempre y cuando la eventual aceptación de cargos en una intendencia ajena no afecte la unidad (en el departamento) ni los principios frenteamplistas (ver nota adjunta). No detalló a qué principios se refería y tal vez evitó así que, en ausencia de consenso, hubiera que habilitar también en esa materia la decisión descentralizada.