Las autoridades mexicanas lograron identificar a 31 de los 72 cuerpos de inmigrantes asesinados encontrados en un rancho en el estado de Tamaulipas, en el norte de México, porque llevaban sus documentos consigo. Entre los 48 hombres y 14 mujeres, hay 14 hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño.
La investigación sobre la masacre será impulsada por la Fiscalía Federal luego de que el fiscal de Tamaulipas que inició la investigación del caso desapareciera el miércoles, un día después de que se encontraran los cadáveres. En un principio los medios mexicanos aseguraron que el fiscal Roberto Javier Suárez Vázquez había sido decapitado por el cártel de Los Zetas, señalados como responsables de la masacre, pero horas después el presidente de México, Felipe Calderón, dijo que el funcionario estaba “desaparecido”.
La principal fuente de la investigación es el sobreviviente de la matanza, Luis Freddy, un ecuatoriano de 18 años que había pagado 11.000 dólares para llegar a Estados Unidos donde viven sus padres. Freddy quería enviarle dinero a su esposa, de 17 años, que permanece en la comunidad rural de Ger, en Ecuador, junto al resto de la familia del joven. Los familiares de Freddy declararon a BBC haber recibido amenazas para evitar que dieran datos, entre otros de la persona a la que le pagó el joven para que lo llevara a Estados Unidos. Varios policías fueron desplazados a Ger para proteger a la familia.
Durante la matanza, Freddy fingió estar muerto luego de la balacera inicial y así evitó que le dieran el tiro de gracia. Luego de algunas horas escapó, informó la agencia de noticias ANSA citando a autoridades mexicanas. El gobierno de México le ofreció una visa humanitaria que el ecuatoriano rechazó porque prefiere volver a su país, cuyo gobierno agilita los trámites para su regreso.
Mientras tanto, la morgue en Tamaulipas está saturada por los cuerpos que llegaron con la masacre, lo que retrasa el trabajo de identificación del resto de las víctimas, mientras los países intentan repatriar los cadáveres de sus ciudadanos. Informes de la fiscalía, a los que tuvo acceso el diario mexicano El Universal, indican que el cártel de Los Zetas domina no sólo el narcotráfico sino también la inmigración ilegal a Estados Unidos, hace ya diez años, al controlar el ingreso a México por el sureste y los estados que hay que transitar para atravesar el país -Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz- hasta Tamaulipas, en la frontera.
Los mismos documentos oficiales indican que el cártel cuenta con cómplices en Migración y en la Policía Federal, así como en las municipalidades. A través de las rutas permiten a las organizaciones dedicadas al tráfico de humanos el traslado y ocultamiento de los grupos extranjeros, o su estancia legal en el país, pero los indocumentados son extorsionados, secuestrados o asesinados por el cártel.
“Es una práctica sistemática” la de secuestros de indocumentados, indicó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Raúl Plascencia, al diario mexicano La Jornada. En el primer semestre del año los cárteles realizaron 10.000 secuestros de migrantes, algunos más que en el mismo período del año pasado -9.758-, y se estima que anualmente haya 600.000 inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
Las familias de varias de las víctimas de la masacre dijeron que recibieron llamadas para exigirles pagos, de entre 1.500 y 5.000 dólares, para hacer el traslado a Estados Unidos, pese a que los indocumentados ya habían pagado; si el dinero no era recibido, los mataban.
El sacerdote Alejandro Solalinde, gestor de uno de los refugios para migrantes ilegales de México, dijo a BBC que les quitan a los indocumentados el dinero “de hoy, de ayer y de mañana”, el efectivo con el que cuentan, los ahorros de las familias, y luego exigen pagos mensuales para no delatarlo. Otra práctica de los cárteles hacia los indocumentados es la de forzarlos a colaborar con el narcotráfico en México, obligarlos a que recluten a más indocumentados, o utilizarlos como mulas.