Los legisladores de las comisiones de Defensa del Senado y de Diputados respaldaron en forma unánime la actuación de Rosadilla. Los diputados de la oposición destacaron, además, el hecho de que el ministro informe en forma permanente al Poder Legislativo de lo acontecido.

Rosadilla compartió documentación sobre las irregularidades detectadas y dio cuenta de haber enviado información a la justicia civil y militar sobre dos nuevas maniobras de compras ficticias, por el monto indicado. Esto ya se había constatado con la “adquisición” de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por 11 millones de pesos, hecho por el cual en estas horas serían procesados al menos cinco oficiales de la Armada. En este caso se comprobó que un militar retirado extrajo siete millones de los once que habían sido desviados a una cuenta del Banco República.

Rosadilla evitó precisar si en el caso de estas nuevas maniobras estarían involucrados los mismos funcionarios. Sí informó que los proveedores serían diferentes, aunque aclaró que “eso no importa mucho” porque “son inventados”. Indicó que se tomará medidas administrativas en este caso después de recibir el informe de la asesoría letrada del ministerio, que le entregará hoy sus conclusiones. Las nuevas irregularidades involucran, entre otras reparticiones, a la subprefectura de Piriápolis y al Complejo Deportivo de la Armada.

Ayer compareció ante la jueza del crimen organizado Graciela Gatti el capitán de navío retirado Álex Lebel, uno de los denunciantes en la causa que investiga los ilícitos en la fuerza del mar.

Por otra parte, el ministro se reunió ayer con el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri, organismo que comenzó a inspeccionar en materia tributaria a 14 empresas proveedoras que estarían presuntamente vinculadas con los ilícitos, según informó su director a la diaria. Aseguró que se apoyará “en todo lo posible al ministerio en este proceso”. La sospecha es que las adquisiciones estaban digitadas para favorecer a determinadas empresas.

Por otra parte, el ministro aseguró que en el correr de esta semana se sabrá si existen pruebas que ratifiquen las 14 denuncias anónimas que recibió a principios de agosto sobre irregularidades, no sólo en la Armada sino también en la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Nunca más

En materia de medidas preventivas hacia el futuro, Rosadilla mencionó que en los próximos días se solicitará al Tribunal de Cuentas que audite varias unidades ejecutoras del ministerio en un período que abarque las distintas administraciones que se sucedieron desde la recuperación democrática, no para “buscar o escudriñar sobre presuntos o eventuales delitos o responsabilidades”, sino para “conformar una serie de datos que nos permitan construir un sistema que aproveche el conjunto de las fortalezas que los distintos períodos de gobierno han tenido y desechar las debilidades”.

También se dispuso el cese de una práctica que se venía registrando en la Armada por lo menos desde 1965, de entregar en forma genérica al conjunto de la oficialidad y a los suboficiales vales de combustible como compensación especial. “Hemos pedido que eso no se continúe y hemos pedido a las otras unidades ejecutoras información sobre si existen allí prácticas similares a los efectos de tomar las medidas correspondientes”, relató Rosadilla a los legisladores. La definió como una práctica “inconveniente” que se decidió “cortar”. “Las compensaciones especiales deben ser siempre reguladas y amparadas por normas que le den un curso legal”, remarcó.

Por otra parte, comunicó que serán relevados de su cargo, además de aquellos que tengan alguna conexión con las irregularidades, los oficiales que estén “en áreas sensibles” y lleven más de 30 meses en sus puestos. Esto comprende a todas las áreas vinculadas al manejo de fondos, entre ellas las que realizan registros y compras, como la Oficina de Presupuesto Naval, el Servicio de Aprovisionamiento y el área de Logística.

La medida es, en cierta forma, una puesta en práctica de la ley anticorrupción, que obliga la rotación periódica de los encargados de las oficinas de compras, y fue sugerida por el diputado nacionalista Javier García en la anterior comparecencia del ministro a la comisión.

Al término de la conferencia, Rosadilla mencionó que algunos de los hechos que se están investigando sucedieron durante este período de gobierno. Y dejó clara la magnitud de lo que está sucediendo en la Armada: “Eventualmente también este ministro puede ser responsable”.