La comisión de Salud Pública del Senado recibió ayer a distintas organizaciones civiles en el marco del tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Comparecieron, por ejemplo, representantes de la coordinadora de Organizaciones Sociales por Aborto Legal en Uruguay con una postura a favor de la iniciativa y la Conferencia Episcopal del Uruguay Vicaría de la Familia y la Vida, en contra.

Gustavo Robaina, integrante de la coordinadora en representación de Proderechos, dijo a la diaria que “el Parlamento ya laudó” sobre este tema en el período pasado y “quedó trunco” por el veto de Tabaré Vázquez en 2008. “No es un problema exclusivo de las mujeres y del movimiento feminista, también lo es de trabajadores, estudiantes, jóvenes, artistas, hombres y mujeres. El debate se ha amplificado”, enfatizó Robaina, quien puso como ejemplo que Amnistía Internacional, que en la administración pasada no tenía postura, se pronunció a favor. “Actualmente tenemos un marco hipócrita que atiende a las mujeres después del aborto, pero no asegura las condiciones”, valoró Robaina.

Además, la coordinadora fue consultada por la senadora frenteamplista Mónica Xavier (Partido Socialista) en torno a las observaciones que el diputado colorado Fernando Amado (Vamos Uruguay), quien está a favor de la despenalización, realizó a la iniciativa. Amado, que presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, fue invitado a participar en la comisión en el Senado, y en ese marco planteó formalmente que tal como está redactado el proyecto en tratamiento no se sanciona explícitamente a las mujeres que se practiquen en aborto luego de las 12 semanas de gestación, tal como lo establece el artículo 1º.

Entre las organizaciones hubo distintas opiniones, incluyendo las que aceptan la modificación del diputado colorado, pero “hubo consenso en el espíritu” del proyecto. Consultada sobre si el oficialismo está dispuesto a aplicarle cambios al texto acordado en el FA, Xavier se limitó a afirmar que luego de que termine la ronda de consultas “afinaremos la letra” y “se buscará la mejor redacción”. Tampoco dio garantías de los plazos, si bien la voluntad es que la iniciativa tenga media sanción en la cámara alta antes de fin de año. “Estamos tratando de llegar lo antes posible”, indicó.

En tanto, la representante de la Conferencia Episcopal Gabriela López argumentó en contra de la despenalización utilizando como argumento, entre otros, que se impondrá un control de la natalidad en nuestro país. Asimismo, acusó a los impulsores de responder a intereses de organismos internacionales, como la Fundación Rockefeller, lo cual fue desmentido por Amado y por el senador frenteamplista Ernesto Agazzi (Espacio 609).