60 millones
El ICIR fue propuesto en agosto por el Poder Ejecutivo y plantea que los titulares de extensiones de tierra que excedan las 2.000 hectáreas con índice CONEAT 100 paguen un tributo que hasta ahora no existía. Las propiedades entre 2.000 y 5.000 hectáreas deberán pagar 67 unidades indexadas (UI), entre 5.000 y 10.000 abonarán 100 UI y las mayores a 10.000 hectáreas, 135 UI. Los fondos generados por este impuesto, que se estiman en unos 60 millones de dólares anuales, estarán destinados al mantenimiento de la caminería rural y al acceso a los establecimientos rurales e industriales. En la exposición de motivos se plantea que en los últimos diez años el valor de la hectárea pasó de 740 a 3.114 dólares, “situación que no se reflejó en la carga tributaria del sector”. Se toma al índice CONEAT, que mide la capacidad productiva de los suelos y, en particular, el CONEAT 100, que es el indicador promedio de los suelos del país. Además, el proyecto propone gravar por IRPF las enajenaciones de inmuebles rurales y lo recaudado será destinado al Instituto Nacional de Colonización.
El proyecto de ley llegó ayer al plenario de la Cámara Baja luego de ser tratado y aprobado en la Comisión de Hacienda sólo con los votos de los legisladores oficialistas. El miembro informante por el FA fue el diputado montevideano Gonzalo Mujica (Espacio 609), quien defendió la creación del impuesto como un instrumento para “desestimular” la concentración de la tierra. En su intervención Mujica expresó que “hay que pasar por el hito del pensamiento wilsonista” para entender este impuesto, y citó varias veces el Plan Agropecuario redactado por Wilson Ferreira Aldunate en 1963 por “su vigencia”. También defendió al índice CONEAT como la referencia adecuada para determinar este nuevo gravamen porque “participa en la formación del precio de la tierra” con independencia de lo que se produce. “Es un instrumento validado por la academia y el mercado”, a diferencia de otros indicadores que “complejizarían” la formación de una tasa, dijo. Informó que la comisión mantuvo reuniones con el presidente de Montes del Plata, Erwin Kaufmann, quien “aseguró” en ese ámbito que la empresa forestal va a pagar este impuesto sin exigir “ningún tipo de compensaciones”. Mujica adelantó que Kaufmann ya tiene “calculado” que la propietaria más importante de tierras del país va a pagar cerca de 4.000.000 de dólares anuales por concepto del ICIR. Dijo que la “objeción más razonable y seria” hecha a este proyecto es la existencia de producciones que “por su escala” demandan grandes extensiones, como la forestación, pero puso como ejemplo la producción azucarera por medio de ALUR, que se “apoya en acuerdos con productores” y, a pesar de la escala, logró un promedio de 17 hectáreas por productor.
Por la regresión
Por su parte, el diputado nacionalista José Carlos Cardoso (Unidad Nacional) argumentó la posición contraria de su partido planteando que “este impuesto va a incidir en el precio de la tierra” y va a “aumentar la concentración y la especulación”. Cardoso dijo, además, que no se está “premiando la producción” porque “el que más produce” pagará lo mismo que el que no lo hace, y luego se marcó que la discusión previa del proyecto expone “una batalla interna en el gobierno” señalando la ausencia del ministro Tabaré Aguerre a la Comisión de Hacienda como parte de esas “contradicciones”. Lo mismo hizo el colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), quien fue todavía más lejos al afirmar que ministros de otras administraciones en vez de hacerse “los distraídos hubiesen renunciado” porque eso “harían los hombres de honor”.
El martes, y porque el titular del MGAP alegó “problemas de agenda”, a la Comisión de Hacienda concurrió el subsecretario de esa cartera, Daniel Garín, quien defendió la implementación del impuesto. Sin embargo, para la oposición “el ministro Aguerre se ausentó porque está en contra” y esto es “un episodio grave de desprecio al Parlamento”, dijo el nacionalista Pablo Abdala (Corriente Renovadora). Su correligionario Jorge Gandini (Alianza Nacional) también pidió la renuncia del ministro porque “dentro del Ministerio de Ganadería hay dos líneas, y si la opinión institucional no es la del ministro, éste se tiene que ir”. La bancada blanca insistió en la existencia de “dos modelos” dentro del gobierno intentando exponer contradicciones entre la presidencia y el equipo económico. Gandini comentó que el diputado Alfredo Asti de Asamblea Uruguay dijo en la Comisión de Hacienda que votaba el proyecto pero con “salvedades”. José Bayardi (Vertiente Artiguista, FA) respondió que existe una discusión dentro del partido de gobierno porque “hay compañeros” que creen que este impuesto va a “impactar” en la concentración de la tierra y “hay otros que no”, y “no tenemos problema en decirlo públicamente”. Por su parte, Alejandro Sánchez (MPP, FA) sostuvo que “nunca se dijo” que este impuesto “va a frenar” la concentración sino que es para “desalentarla” y que se requieren “varios instrumentos más” como complemento. El diputado Asti lamentó desilusionar a la oposición que esperaba “expectante” su intervención y dijo que su sector “está totalmente de acuerdo con los objetivos del proyecto” y que si bien hubo algunas diferencias en la “instrumentación”, luego de una “discusión fraterna” en la interna frenteamplista, su sector había decidido acompañar esta redacción con la incorporación de la segunda parte del texto que hace referencia al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las enajenaciones de tierra.
