Mientras el gobierno promueve un marco regulatorio para la televisión digital a través de un decreto, entre los parlamentarios hay distintas opiniones sobre la necesidad de una ley más amplia que regule, en el largo plazo, el mercado de los servicios audiovisuales. El compromiso del ex titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez, era dejar, antes de su partida de hace unas semanas, un proyecto de ley basado en los insumos del Comité Técnico Consultivo, integrado por sectores sociales, pero el borrador todavía no fue entregado al presidente José Mujica, informaron fuentes de gobierno.
El diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) no quiso “aventurar” su posición en un tema “de particular importancia y sensibilidad”. “La palabra 'regulación' me causa cierto escozor. Con la incorporación de nuevas tecnologías hay que actualizar las normas legales, pero primero hay que ejecutar las que ya existen en materia de radiodifusión”, consideró. Varela entiende que el gobierno debe encontrar “soluciones de primer nivel” y que los sectores políticos “deben decidirlo colectivamente”.
El senador socialista Daniel Martínez, en cambio, fue enfático al afirmar que es necesario establecer “las reglas de juego” para que la mayor parte de la sociedad tenga “garantías de diversidad y de las formas de expresión”, y destacó que eso no implica “la limitación de los derechos de libertad de expresión” para producir contenidos.
Los planteos del diputado blanco Pablo Abdala y del colorado Juan Garino son diferentes a los de los legisladores frentistas. En referencia al informe La televisión privada comercial en Uruguay: caracterización de la concentración de la propiedad, las audiencias y la facturación (ver la diaria del 09/11/2011), Abdala sostuvo que “es discutible” que haya concentración en este mercado.
“Hay que verlo a la luz de que es un mercado pequeño, hay razones de escala y eso determina un nivel de ingresos que no se compara con los niveles de inversión de determinados emprendimientos. ¿Qué se entiende por concentración, cuál es el número mínimo para hablar de concentración?”, señaló. Abdala valoró que las alianzas comerciales entre los tres grupos que se corresponden a los canales 4, 10 y 12, y que operan casi en exclusividad la televisión abierta, son “absolutamente legítimas” en un “mercado en competencia en el que las decisiones empresariales no tienen restricción”.
“No hay por qué prohibirlas o restringirlas, no son pecaminosas. Diversidad y pluraridad en este país ha habido”, indicó. Añadió que la televisión digital ofrece un “cambio cualitativo” y una “gran oportunidad” para que haya más competencia. Señaló que puede ser una “excesiva potestad regulatoria” el hecho de que el Estado fije plazos para los permisos de frecuencia. En el mismo sentido, Garino afirmó que no está de acuerdo en que haya regulación “en materia de concentración” y que los plazos “pueden entorpecer una tarea [de los medios] por querer cumplirlos”.