Entre 1999 y 2010 se registraron 572 casos de violencia contra mujeres políticas bolivianas, según la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), coautora del proyecto de Ley Contra el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género, que se prevé sea tratado en este año legislativo.

El proyecto define como acoso político los actos de presión, persecución, hostigamiento o amenaza, y como violencia las acciones que causen daño “físico, psicológico o sexual” contra una mujer que forme parte de la vida política del país, ya sea como candidata, electa o en funciones, con el objetivo de “impedir, restringir el ejercicio de su cargo, o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, sus principios y de la ley”.

La ministra de Cultura, Elizabeth Salgueiro, que como diputada colaboró con la redacción del proyecto de ley, fue consultada por estos datos por el diario digital boliviano Cambio y dijo: “Hemos logrado el acceso de la mujer a cargos políticos, ahora hace falta una ley para garantizar el ejercicio de esas funciones”.

Desde la Coordinadora de la Mujer, una red de organizaciones civiles enfocadas a problemas de género, la secretaria ejecutiva Katia Uriona indicó que a medida que las mujeres mejoran su posicionamiento en la política, se incrementa el número de acosos y episodios violentos en su contra.

María Eugenia Rojas, directora de Acobol, señaló que estos actos son “mucho más” frecuentes en las regiones rurales, que en las urbanas, y que en las poblaciones rurales se recurre a afectar la propiedad privada y la reputación de las mujeres políticas.

Testimonios anónimos recogidos por Cambio demuestran la gravedad del acoso sobre las mujeres políticas. Una concejala electa por Rurrenabaque, en Beni, contó respecto a su suplente: “Usó la presión social y nuestras redes compartidas para amenazarme y me presionó para que yo redactara un documento otorgándole los mismos poderes y responsabilidades que me corresponden. El documento incluso permitía una distribución por igual de mi salario”. Una alcaldesa llamada Juana Quispe, también del interior del país, indicó que los miembros de su propio partido la presionaron con amenazas de muerte y de quemar su casa para que renunciara, hasta que tuvo que pedir una licencia indefinida.