El lunes de noche, tras 36 horas ininterrumpidas de negociaciones, la Central Obrera Boliviana (COB) decidió aceptar los aumentos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo y dejó sin efecto las medidas de lucha que había iniciado hacía dos semanas. Con ellas reclamaba 15% de aumento en los salarios para todos los funcionarios públicos. El gobierno ofreció un incremento salarial de 11% sólo en salud y educación, con la posibilidad de llevarlo a 12% en agosto, si se consiguen los recursos necesarios, dijo el ministro de la Presidencia, Oscar Coca.

Pero lejos de haber terminado, el conflicto parece haber marcado un antes y un después en las relaciones entre la administración de Evo Morales y los sindicatos, sector del que proviene el ahora presidente y en el que había tenido sus principales aliados desde el inicio de sus mandatos. Una señal de esta situación la dio el vicepresidente, Álvaro García Linera, horas después de haber firmado “la paz” con la COB. Dijo que el paro fue una “una aventura política mal planificada, que fracasó”, para derrocar al gobierno. La central sindical lanzó “la huelga indefinida para paralizar el aparato productivo y que se cayera el gobierno”, insistió.

En una conferencia de prensa brindada ayer, Linera atribuyó la intención golpista a “la clase media estatal”, que a su entender se apropió de la conducción de la COB. Los medios locales destacaron a través de sus portales en internet que García Linera vinculó a “uno o dos de la COB” con dirigentes de la oposición, con quienes los sindicalistas se habrían reunido varias veces durante el transcurso del paro. En particular los vinculó con aquellos que en su momento intentaron revocar el mandato del presidente. Según García Linera, las protestas en La Paz y en otras ciudades marcaron “la confrontación de dos grandes bloques, los restauradores de la derecha y los revolucionarios de izquierda”.

En este contexto, desde el movimiento sindical también hubo evidencias de que algo cambió. El referente en la ciudad de Oruro de la COB, Jaime Solares, aseguró que durante las 36 horas de negociaciones el gobierno “amenazó con declarar estado de excepción y enfrentar a los hermanos del sector campesino con los obreros” por lo que decidieron aceptar su oferta para “no entrar en ese juego”. Calificó al gobierno de “más maldito que los neoliberales”, a Evo Morales de “hipócrita, que no mira de frente”, y anunció que la suspensión de las medidas de presión “por ahora sólo es un cuarto intermedio”.

Pero esa pausa ya parece haberse levantado. El gobierno informó en la tarde, por intermedio del ministro de Trabajo, Félix Rojas, que los descuentos a los trabajadores de la salud y del magisterio que participaron en la huelga se harán efectivos en abril. “Los que no asistieron a sus fuentes laborales tendrán el descuento, está claro”, remarcó. Instantes después se reportaron nuevas movilizaciones de maestros en Santa Cruz y en Potosí, y quedó abierto un nuevo frente, al informar el gobierno que recuperará minas estatales que fueron alquiladas o adjudicadas a privados mediante contratos de riesgo compartido, algo que ya generó los primeros rechazos desde los propios trabajadores de algunos de los yacimientos involucrados en los planes de Morales.