Ante la incertidumbre de que la votación del proyecto interpretativo se concrete, la Mesa Permanente contra la Impunidad pidió ayer en una declaración, presentada en conferencia de prensa, que la Ley de Caducidad sea “desterrada” del ordenamiento jurídico y que eso se concrete “en el marco de las disposiciones legales que hacen al Estado de derecho”. La Mesa está integrada por PIT-CNT, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Crysol, FEUU y FUCVAM.
“Es un requisito imprescindible para herir de muerte a la cultura de la impunidad, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para afirmar la democracia y construir un país de primera. No hay nada que favorezca más la cultura de la impunidad que seguir manteniendo los obstáculos, ésos sí realmente inconstitucionales, para que se investigue y se juzgue a los responsables del terrorismo de Estado. No más dilaciones”, expresaron. Por ese motivo, Crysol convoca para hoy a las 14.30 una movilización en el Palacio Legislativo.
En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay trabajan a contrarreloj en la redacción de una nueva alternativa en coordinación con el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, y el constitucionalista socialista José Korzeniak, con el propósito de presentarla mañana en la Mesa Política del Frente Amplio cuando levante el cuarto intermedio establecido el lunes. En esa instancia se definirá finalmente si se cita o no al plenario, aunque ahora también deberá tener en cuenta que, llegado el caso, el diputado Víctor Semproni (Espacio 609) no votará el interpretativo: fundamentará en contra y se retirará de sala. También puso reparos el diputado del mismo sector Gonzalo Mujica.
Su par Gonzalo del Toro, del MPP, dijo a la diaria que “está dispuesto” a apoyar otra salida. “Se está trabajando en el texto, pero hay que resolver un montón de cuestiones jurídicas y luego convencer”, afirmó en referencia los sectores (Partido Socialista, Partido Comunista y las bases) que sostienen que “no tiene sentido” un nuevo plenario si no hay una alternativa clara sobre la mesa que mejore los contenidos del interpretativo.
En este contexto, el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) afirmó ayer que la manera de salir de este “brete político” es someter a consulta popular “cualquiera sea la salida” para eliminar los efectos de la Ley de Caducidad. Rubio añadió que el presidente José Mujica “se comunicó” con él y le dio el visto bueno. “Nos dijo que está totalmente de acuerdo en que se use ese mecanismo”, manifestó Rubio.
Consultado por la diaria, Korzeniak explicó que “está afinando un poco” la propuesta del profesor de derecho constitucional Martín Risso que consiste en que el Poder Ejecutivo anule los actos administrativos y que el Parlamento derogue la Ley de Caducidad. “Pero esto no es un tema jurídico. Acá lo que se está dando es lo mismo que cuando se aprobó. Que blancos y colorados quieren que no haya investigación a militares y policías”, señaló el ex senador.