El gobierno chileno tiene previsto nombrar en los próximos días a un delegado presidencial para acelerar el proceso de reconstrucción ante los destrozos causados por el terremoto y el tsunami del 27 de febrero de 2010, y para “terminar con los campamentos en Chile”, según indicó el senador oficialista Víctor Pérez.
El nombre que más suena para el nuevo cargo es el del ex ministro de Planificación, el independiente Felipe Kast. Varios representantes del gobierno aplaudieron la medida y reconocieron, tímidamente, que la reconstrucción está retrasada y que es necesario mejorar los procedimientos para acelerarla.
Cansados de esperar
La semana pasada los 2.500 pobladores de un campamento para afectados por el terremoto de 2010 en la localidad de Dichato, en Bío Bío, comenzaron a manifestarse en reclamo de mayor celeridad en la reconstrucción. Por ahora no cuentan con luz ni con agua.
El vocero del gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que había “agitadores políticos” promoviendo esas protestas, lo que fue desmentido por los manifestantes. Además, recibieron a los carabineros, que según varios medios de comunicación reprimieron con dureza la manifestación. Así lo reconoció el director de la institución, Eduardo Gordon, quien justificó como “pertinente” el uso de balas de goma.
Ya pasaron 16 meses desde el terremoto y el tsunami que devastaron 220.000 viviendas en varias regiones chilenas y lo que el gobierno denomina reconstrucción sólo registra 23% de avance, informó el domingo el diario chileno La Tercera. Sin embargo, las viviendas que realmente se han reconstruido son 3.000. El resto de las 50.600 comprendidas en ese 23% fueron sólo reparadas, y muchas de ellas, no completamente. En una amplia mayoría de los casos el subsidio que el gobierno da para reparación no es suficiente para arreglar todos los daños que sufrieron esas construcciones. Así, familias damnificadas prefieren arreglar el muro que las separa de la calle -no por coquetería, sino por seguridad- y convivir con techos rajados que se llueven. Algunas optan por volver a levantar los muros medianeros que los separan de las familias de al lado, pero miran atentamente las paredes fisuradas. “Vaya a saber uno qué pasa con el próximo temblor”, dijo un anciano al Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper), que hizo un informe sobre la reconstrucción.
Para más adelante
Las normas prohíben que quienes reciban los subsidios autoconstruyan o arreglen sus viviendas, porque se considera que en las zonas afectadas, que suelen sufrir temblores, es esencial el trabajo de una empresa constructora. De las 55 Unidades de Fomento (algo similar a las Unidades Indexadas de Uruguay) que reciben los damnificados, entre 18 y 20 se van en el pago a estas empresas constructoras. Así, el dinero para reparar las viviendas se reduce de los 48.000 pesos uruguayos iniciales a poco más de 30.000.
Un ejemplo de lo que ocurre es el complejo habitacional Villa San Cristóbal, de 900 apartamentos, en la santiagueña Recoleta. Recibió un subsidio “en paquete” para las viviendas dañadas, y 60% de ellas necesita ahora obras “complementarias”: baños y tendido eléctrico, entre otros.
Consultado por Ciper, el coordinador del Programa de Reconstrucción del Ministerio de Vivienda, Pablo Ivelic, reconoció que las autoridades sabían que el dinero del subsidio no era suficiente para la reparación de muchas casas. Pero puntualizó que poner un tope bajo aseguraba que los damnificados con menos daños no se aprovecharían de un excedente para hacer reformas que no estuvieran relacionadas con los daños por el terremoto.
También reconoció que las autoridades no llevan un control para saber cuántas viviendas siguen con reparaciones pendientes, ni cómo harán para ayudar a esas familias para que recuperen la totalidad de su hogar. Pero ese desconocimiento no impidió que a fines de junio Ivelic prometiera que durante los próximos 12 meses se entregarán 10.000 casas nuevas.
Alcaldes y gobernadores regionales se escudan en la burocracia gubernamental. Señalan que el atraso en la reparación y reconstrucción se debe a que el gobierno no dispuso las medidas necesarias para que los procesos fueran más veloces. “En cualquier país del mundo, cuando ocurre una tragedia como la del 27/F, se dictan normas especiales para flexibilizar la postulación y normas de financiamiento. Ninguna se ha hecho en Chile y eso genera el origen de los problemas”, sostuvo en declaraciones a La Tercera el presidente de la Comisión de Vivienda de la Asociación de Municipalidades y alcalde de la Isla de Maipo, David Morales.
El Ministerio de Vivienda anunció, recién comenzada la gestión del presidente Sebastián Piñera, la entrega de 220.000 subsidios, sin aclarar que la mayoría de ellos no serían destinados a nuevas construcciones, sino a reparaciones. Hoy se sabe que éstas ni siquiera son totales, aunque así figure en los informes del gobierno.
Por la cartera pasaron, en un año y cuatro meses de gestión, dos ministros entre interpelaciones y protestas. Ayer los dos principales partidos de la alianza de gobierno anunciaron que distribuyeron entre los parlamentarios un informe realizado por ellos, titulado “Mitos y realidades en torno a la reconstrucción”, para defender la gestión de Piñera. Pero ese informe no fue facilitado a los medios, y no se prevé hacerlo en el corto plazo.