La principal discusión ayer durante la votación en particular de la Rendición de Cuentas fue sobre el capítulo que modifica el sistema de compras estatales. La oposición afirmó que los cambios se deberían haber presentado en un proyecto de ley aparte, que no dan garantías de transparencia y que son inconstitucionales porque limitan las competencias del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Desde el Frente Amplio (FA), en tanto, se alegó que los cambios dotan de mayor agilidad al Estado para comprar, lo que permite comprar “más barato”.
Prioridades
Los diputados entran y salen de sala, charlan, piden suplente o directamente faltan a las largas sesiones de votación de Rendición de Cuentas. La de ayer, por ejemplo, duró cerca de 12 horas. Quienes más participan son los integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda y también los diputados del interior, que, en general, plantean su visión ante algún artículo que refiere a su departamento. El tema no es prioritario para todos los legisladores. El lunes durante la votación aproximadamente había 79 legisladores presentes pese a que son 99 -por momentos apenas había más de 50 diputados-, y gran parte de la sesión la presidió Horacio Yanes, el tercer vicepresidente (antes de él están Luis Lacalle Pou -PN-, Daisy Tourné -FA- y Gustavo Espinosa -PC-). Ayer, los diputados Sebastián Sabini y Luis Lacalle Pou tuvieron un cruce vía Twitter respecto a esto. “Hoy el presidente de la cámara vino 15 minutos, se ve que sigue teniendo otras prioridades, después de todo es sólo la Rendición de Cuentas [sic.]”, lanzó Sabini, a lo que Lacalle Pou respondió: “Antes de hablar, averiguá. Médico más licencia. Tan joven, tan prejuicioso [sic.]”. “Cada uno es libre de sus licencias, no se enoje, presidente”, respondió Sabini y terminó el debate.
El diputado Pablo Abdala (PN) cuestionó los cambios en base a las observaciones que realizó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el TCR, que se quejó por no haber tenido el tiempo suficiente para analizar el articulado y por no haber sido consultado en su elaboración. Abdala aseguró que la propuesta es “un atentado”, que contiene inconstitucionalidades al limitar las competencias del TCR, por ejemplo, al incluir mecanismos de compra que no incluyen la actuación preventiva del TCR. “Esto contiene varias y diversas violaciones a la Constitución, opinión que corta a todos los partidos políticos, incluso al FA, porque el diputado [Felipe] Michelini estuvo de acuerdo con eso”, recordó.
En la tarde de ayer, durante la sesión, llegó al Parlamento el informe del TCR que resume las principales observaciones realizadas por las autoridades en la comisión. Entre otros cuestionamientos el informe señala que en los nuevos procedimientos de compra “se deja de lado la intervención preventiva y la función de asesoramiento que recae sobre el tribunal”. En relación a las garantías que se exige a los oferentes en el nuevo sistema, el informe indica que los cambios facultan a la administración “a ‘exonerar de la presentación -de garantías- cuando ello resulte conveniente’, apreciación de mérito y oportunidad que recae en la esfera discrecional de la administración” y que la ampliación de los topes por los cuales se pueden realizar compras directas (que se duplican) “tendrá incidencia en la contratación de profesionales o técnicos bajo la modalidad de arrendamiento de obra para la administración central, quien podrá realizar dicha contratación de forma directa cuando el modo del contrato no supere los 750.000 pesos anuales”.
El diputado por el Partido Colorado (PC) Richard Sander explicó que muchos de los cambios son “modificaciones positivas que podrían haber sido apoyadas si hubieran sido discutidas en el ámbito adecuado tras un análisis serio”. Todos los diputados de la oposición consideraron que el articulado se debería haber tratado en un proyecto de ley aparte y no junto con la Rendición de Cuentas, tal como pidió el Partido Independiente y como sugirió Rippe en comisión.
En tanto, Alejandro Sánchez (FA), respondió a las críticas de la oposición: “Todos los gobiernos han presentado modificaciones al Tocaf [normas de contabilidad y administración del Estado] en las rendiciones y en las leyes de Presupuesto”. Defendió la puja a la baja, incorporada como procedimiento competitivo de compra, y contó que Brasil, que lo aplica desde 2005, “logró reducir los costos entre 15 y 20% y aceleró los plazos en más de 60%. Es más rápido, más transparente y además ahorra el Estado. Todo el mundo sabe que acá el Estado compra más caro que cualquiera”.
Felipe Michelini explicó la posición del Nuevo Espacio (NE) respecto al capítulo de compras, aunque antes manifestó un explícito respaldo al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que dijo: “Es uno de los mejores ministros de Economía de la historia del país”. El diputado aseguró estar “convencido” de la “importancia, la necesidad y la oportunidad de los cambios”, pero advirtió que éstos “deben garantizar la publicidad, la competencia, la concurrencia y el control, porque si no la enmienda será peor”, y por eso su sector ha reclamado la necesidad de “un ámbito legislativo específico” para estudiar los cambios.
“Cambios que se hacen sin apostar a la institucionalidad, a la permanencia, a la continuidad en el tiempo son cambios que una administración se los lleva. Es de una perspectiva de izquierda que hemos planteado la necesidad de ese ámbito”, reafirmó. Michelini dijo luego que acompaña la resolución de la mayoría de su bancada y que votará el articulado con las modificaciones previstas, pero aclaró que “a nivel de la Cámara de Senadores todo este capítulo está abierto, incluyendo la posibilidad de desglose”. “Mal le haríamos al país si la bancada comenzara a dividirse por temas accesorios. Necesitamos que los que tengan responsabilidades de conducción asuman sus responsabilidades, por eso acompañamos con sentido de responsabilidad”, aseguró. Yerú Pardiñas, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, aclaró que no hay acuerdo en la bancada como para desglosar el capítulo en el Senado, aunque sí se prevé que una vez que el TCR envíe un informe por escrito se pueda continuar realizando cambios al texto.