-¿Qué opina de las cifras que se hicieron públicas sobre extranjerización de la tierra y de los porcentajes en comparación con otros países de la región?
-Hay que tener mucho cuidado con las cifras, porque no sabemos con certeza cuánta tierra está extranjerizada. Hay estimaciones, pero fuentes estadísticas no tenemos. Lo que sabemos es la cantidad de tierras que tienen las sociedades anónimas, que son cerca de dos millones de hectáreas, pero no sabemos cuántas de esas sociedades anónimas son extranjeras y cuántas nacionales. Hay una cifra que se ha divulgado en una propuesta que hizo el Partido Comunista y no sé de dónde la sacaron, tengo dudas acerca de su origen. Es posible que haya surgido a partir de unos datos que dio el Instituto Nacional de Colonización [INC] sobre tierras que habían comprado los extranjeros en 2010. Pero el INC lleva las cifras de las explotaciones que se venden de más de 1.000 hectáreas, porque el que tiene menos de eso no está obligado a informar. Lo otro que me imagino es que extrapolaron los datos de las ventas de tierras a extranjeros en 2010 al resto de la década pasada y que de ahí sale la cifra que se está dando. Yo soy científico y en ese ámbito nos basamos en los datos más o menos firmes que se pueden encontrar y que no tenemos. Van a aparecer con el Censo Agropecuario que se empezó a hacer el 15 de agosto.
-¿Ustedes estuvieron en la elaboración de los formularios del censo?
-No, nosotros no fuimos consultados.
-¿Surgirán respuestas sobre extranjerización a partir de este censo?
-En todos los censos se ha incluido una pregunta acerca de la nacionalidad del propietario. Desde hace 40 años se viene haciendo eso en todos los censos.
-¿Cuáles son los objetivos de estas compras que ahora parecen venir también desde otros estados?
-Eso es lo que en la jerga se llama land grabbing, el acaparamiento de tierras o arrebatamiento. Es algo que está pasando desde hace unos cuatro o cinco años. Hay estados que están comprando tierras sobre todo en África. Compran directamente o por intermedio de empresas del Estado, como podría ser nuestra Corporación Nacional para el Desarrollo. Otras veces se trata de empresarios privados pero con el apoyo del Estado. En algunos países el Estado todavía es dueño de mucha tierra, algo que no ocurre en nuestro caso: el Estado uruguayo tiene muy pocas tierras. Pero puede venir un particular, como Stora Enso, que hoy tiene 230.000 hectáreas, o podría haber venido una corporación estatal de China y haber comprado de a poco y tener hoy 500.000 hectáreas. Se puede hacer porque eso no está regulado.
-¿Cuál sería el mayor problema de que los extranjeros compren tierra?
-Depende, porque en esto hay que hablar de dos cosas juntas: extranjerización y concentración de la propiedad. Si vienen a comprar parcelas de menos de 1.000 hectáreas, creo que no importa. Muchas veces hasta puede ser bueno, porque puede venir gente de afuera con otras ideas, revitalizadoras. Nuestro país se hizo de esa manera. Vino gente a principios del siglo XX, compró tierras, y hoy son nuestros pequeños y medianos productores. Entonces el problema de la extranjerización va junto con el de la concentración: cuando la extranjerización viene de la mano de que te compran 50.000, 80.000, 200.000 hectáreas, tenés un problema porque la tierra es un bien que no es reproducible. Uruguay tiene 16 millones de hectáreas y las va a tener siempre, no puede tener más que eso. Por lo tanto, en un mundo en el que la tierra se valoriza porque necesitamos más alimentos, se ha convertido en un bien muy preciado y por eso suben los precios. Y hay una relación intrínseca entre el poder político y el poder económico. Una democracia política tiene que estar basada en una democracia económica. Y pongo siempre el mismo ejemplo: supongamos que viene una persona y compra toda la tierra de Uruguay -hay gente que lo puede hacer-, ¿qué haríamos?; ¿para qué serviría el Parlamento? Lo más posible es que esa persona tendría una fuerte incidencia en las políticas económicas del país. Ése es el peligro. Hoy Uruguay tiene un millón de hectáreas forestadas con el esfuerzo de todos los uruguayos, porque la mitad las pagamos todos, ya que se subsidiaron. Hay siete empresas que tienen 70% de esas tierras, y sólo dos de ellas son dueñas de la mitad. Y si nosotros queremos hacer algo que va en contra de los intereses de Montes del Plata y de UPM, ¿cómo lo hacemos, si ellos son dueños de la mistad de la forestación? Entonces, cuando se habla de soberanía no se trata de la bandera ni del himno, sino de tener la capacidad de decidir sobre los territorios donde se vive.
-Hay países que han tomado recaudos para desestimular la extranjerización. Pero por la escala de Uruguay no parece haber capitales capaces de afrontar grandes inversiones, de competir con los externos.
-Me imagino que se puede vincular capital estatal y privado para poner en marcha emprendimientos de ese volumen. En Finlandia me enteré de que el capital de Stora Enso en buena parte está formado por fondos de pensión de ciudadanos. Son como las AFAP de acá. Esos fondos están en todo el mundo y podrían invertir en el campo. ¿Por qué no se puede utilizar esa masa de dinero para hacer producir una empresa o el ferrocarril y hacer inversiones productivas? Ahora las papeleras no compran más tierra porque está muy cara, y lo que hacen son contratos de arrendamiento a 30 años. La papelera le da los plantines, la tecnología sobre cómo plantarlos y cuidarlos, y el propietario pone la tierra y el trabajo, y dentro de diez años va a estar cosechando. Como el eucalipto se cosecha tres veces, los contratos son a 30 años. Podemos hacer más de eso.
-¿Qué instrumentos han establecido otros países?
-Simplemente limitan. Tienen legislación. Un propietario extranjero puede poseer una determinada superficie y generalmente es territorial, una persona no puede tener más del 20% de este municipio o de este departamento. Eso le impide la concentración geográfica y obliga a que la empresa tenga que comprar tierra en distintos lugares.
-Ha planteado en alguna oportunidad que el agronegocio debe financiar el desarrollo rural.
-La historia de los proyectos de desarrollo rural es que han sido llevados a cabo con financiamiento externo, que tenemos que pagarlo todos, porque es deuda externa. Pero en la última década la situación del agro ha cambiado, es un buen negocio, la producción agropecuaria está teniendo buena rentabilidad. Esto lo sabe todo el mundo. El precio de la tierra se multiplicó por seis y es un indicador de la ganancia. En diez años el precio subió de 500 dólares la hectárea a 3.500, en promedio. Entonces, si la producción agropecuaria está teniendo buenos ingresos, me parece que lo justo es que esa producción sea la que financie el desarrollo rural para que aquellos pequeños y medianos productores existan y no los financie toda la sociedad.
-¿Está de acuerdo con el impuesto a las grandes extensiones de tierra?
-Sí, estoy de acuerdo, pero creo que no es suficiente. Aumentar el impuesto agropecuario de las extensiones mayores de 2.000 hectáreas de siete dólares a ocho, o a 16 en el caso extremo, es muy poco. Digamos que el valor de esa tierra es de 3.500 dólares por hectárea. La rentabilidad de esa tierra también es muy alta, dependiendo de la producción. Si es ganadería, es menor; si es soja o forestación, es mucho mayor. Me parece que un impuesto de 16 dólares como máximo la hectárea es poco. Pero esta decisión no es una cuestión técnica, hay que darse cuenta de que es una cuestión política, de cómo el sistema político se impone -por eso se llama impuesto- a los grandes dueños de la tierra en el país.