Pararse en los pedales

Opinión | Ciclismo y lucha de clases.

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En el discurso de los gobiernos de izquierda suele ocupar un lugar central la preocupación por la distribución del ingreso y de la riqueza. Eso se sostiene en uno de los principios que identifican a la izquierda: la igualdad. Se trata de asegurar a todas las personas el acceso equitativo a los bienes y servicios que hacen a su bienestar material. En el caso de los bienes o servicios que presta el Estado (por ejemplo la educación pública) la preocupación central suele enfocarse en la calidad de los mismos, ya que de ellos depende el bienestar de quienes no pueden pagar esos servicios en el sector privado. Es habitual que se dé por descontado que no hay problemas de equidad en el acceso a los bienes y servicios brindados por el Estado. Sin embargo, hay algunos casos “perversos”, donde el acceso es totalmente desigual y su utilización es acaparada, en gran medida, por los hogares de mayores ingresos. Es el caso de los espacios públicos de Montevideo. Aunque no hay cifras para establecer su magnitud, es evidente que la enorme mayoría de estos espacios están formados por calles. Los montevideanos financian su construcción y su mantenimiento. Sin embargo, su utilización está fuertemente concentrada en quienes tienen los autos que transitan por las calles capitalinas y quienes los poseen son justamente los hogares de mayores ingresos. Los hogares montevideanos que pertenecen al 20% con mayores ingresos de Uruguay concentraban en 2010 aproximadamente 63% de los ingresos de los montevideanos. Al mismo tiempo, estas mismas personas poseían cerca de 60% de los autos en manos de los hogares de Montevideo en 2006. O sea que podríamos asumir que las posibilidades de aprovechamiento de las calles de Montevideo están fuertemente concentradas y probablemente de manera similar al ingreso. ¿Qué podríamos haber esperado de un gobierno de izquierda que constatase este hecho? A lo mejor, una política agresiva de democratización del uso de estos espacios públicos: las calles. Sin embargo, tras 21 años de gobiernos departamentales de izquierda, esto no ha sucedido. En los últimos años, la Intendencia de Montevideo (IM) ha invertido en la mejora de la infraestructura urbana en barrios con menores recursos y ha tratado de mejorar el funcionamiento del sistema de transporte colectivo. Pero la utilización de las calles por parte de las personas de menores recursos se realiza básicamente viajando en ómnibus y viajar en ómnibus en Montevideo es caro y lento. La IM parece haber estado corriendo de atrás el problema sin que se hayan cambiado las desiguales posibilidades de utilización del espacio urbano. Si existió el objetivo de democratizar el aprovechamiento de las calles de Montevideo, tras 21 años de gobierno frenteamplista, el fracaso parece evidente. En este contexto, llama poderosamente la atención que la IM haya desdeñado sistemáticamente una alternativa aplicada con muy buenos resultados en muchas ciudades: la ampliación de la infraestructura urbana destinada a las bicicletas. Si bien su actual Plan de Movilidad prevé algunos avances en el tema, muy poco es lo que se ha hecho. Las ventajas de la bicicleta -hoy 22 de setiembre se celebra el día mundial sin autos- como medio de transporte son evidentes. Sin mencionar sus bondades ecológicas y sanitarias, lo central es que el acceso a una bicicleta es casi universal. La falta de infraestructura adecuada es la principal barrera para un importante incremento en el uso de bicicletas por parte de la población. En las ciudades donde esta infraestructura está muy desarrollada se ha llegado a que más de 30% de los desplazamientos en la ciudad se hagan en bicicleta y que sea común ver a más personas desplazándose arriba de una que en auto. Además, desde la perspectiva de la IM, la construcción de bicisendas es una de las inversiones más baratas que se pueden realizar. Se trata simplemente de delimitar (con alguna barrera física o tan sólo pintando la calle) un espacio para la circulación de las bicicletas. Bastaría con eliminar el estacionamiento sobre una de las aceras sustituyéndolo por la bicisenda. Ampliar la infraestructura destinada a los ciclistas implicaría obviamente una reasignación del espacio destinado a la circulación de autos en favor de la circulación de bicicletas. Y uno no esperaría, que tomar una medida que lleve a redistribuir recursos utilizados mayoritariamente por personas de mayores ingresos hacia personas con menores ingresos, pueda resultar un problema para un gobierno de izquierda.

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