El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) está integrado por tres “directores políticos” (actualmente dos oficialistas y un opositor, nombrados por el Ejecutivo con venia del Senado) y dos “directores sociales” que representan a los docentes. Cada uno de los consejos desconcentrados, correspondientes a Primaria, Secundaria y UTU, cuenta con tres integrantes, de los cuales sólo uno es “social”. ¿Por qué, entonces, se habla a favor o en contra de que el sistema político-partidario “retome el control” de las políticas educativas, en desmedro del “poder de los sindicatos”?

Lo que pasa es que, si bien los “directores sociales” son minoría en el Codicen, algunas de las resoluciones de ese organismo requieren cuatro votos afirmativos, o sea que no pueden ser adoptadas sólo por los “directores políticos”. La mayoría especial de cuatro quintos es necesaria nada menos que para designar a dos de los tres integrantes de cada desconcentrado (el restante, como ya se señaló, es elegido por los docentes), y también para destituir a cualquier integrante de esos consejos. Cuatro quintos del Codicen se requieren, asimismo, para la “adquisición, enajenación y afectación de bienes inmuebles”. Así que en las mencionadas decisiones los “directores sociales” tienen, de hecho, poder de veto.

El presidente José Mujica propone que se adjudique doble voto al presidente del Codicen, no sólo en los casos de empate (en los cuales ya dispone de ese poder adicional) sino en cualquier decisión. De esa manera, los “directores políticos” quedarían siempre en mayoría de cuatro a tres, y los partidos, unidos, jamás serían vencidos. Pero los dirigentes blancos y colorados prefieren que además se agregue un sexto integrante al organismo, para que el oficialismo disponga por sí mismo de cuatro votos, sin necesidad de contar con apoyo del “director político” opositor. Esto tendría para la oposición una utilidad coyuntural (no verse obligada a respaldar a los directores oficialistas para evitar el “veto” docente) y otra con miras a un futuro en el que el Frente Amplio ya no gobierne (evitar que un representante de esa fuerza política, aliado con los “directores sociales”, les complique la vida).

En el trasfondo de estas cuestiones hay debates ideológicos. Las tradiciones de gran parte de la izquierda alentaron un proyecto histórico en el cual los trabajadores, emancipados de la explotación capitalista, estaban llamados a conducir los asuntos públicos, y en ese marco ha crecido la idea, bastante distinta, de que la creciente presencia de representantes de los sindicatos en los organismos del Estado contribuye a construir una auténtica democracia, con rumbo hacia la liberación nacional y el socialismo. Esto lo saben y lo combaten, a su vez, las autoridades de los partidos llamados tradicionales.

En todo caso, algunos problemas registrados el año pasado en la conducción de la enseñanza pública no se debieron a la capacidad de veto de los “directores sociales”, y mucho menos a la existencia de alianzas entre éstos y la oposición, sino a discrepancias entre frenteamplistas, y al hecho de que algunos “directores políticos”, según comentó ayer Mujica en su programa de radio, son “personas que han tenido una trayectoria sindical” y a las que “les cuesta mucho discrepar con sus ayer compañeros” (pero no tanto discrepar con el propio presidente de la República). Eso, por supuesto, no hay doble voto que lo arregle.