El Acuerdo Comercial contra las Falsificaciones (ACTA, por sus siglas en ingles), que pretende proteger la propiedad intelectual, será enviado por la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) para que se pronuncie acerca de si contradice alguna norma del bloque, en especial aquellas que garantizan la libertad de expresión y de información, y las que establecen la protección de datos personales. De este modo, la comisión busca acallar a los críticos del acuerdo, que argumentan que afectará esas libertades y garantías, y que aumentará la vigilancia en internet, ámbito al que el ACTA dedica un capítulo específico.

Quienes se oponen al acuerdo han organizado protestas en varios de los países que lo negocian. Estos son los 27 de la UE, Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda.

En Europa las manifestaciones fueron coordinadas en varias ciudades de distintos países. Una de éstas, el domingo 12, reunió a decenas de miles de personas. Las mayores protestas fueron las de Alemania, Polonia y Holanda, informó la BBC.

“Es evidente que éste no es un acuerdo sino un gran desacuerdo”, dijo el ministro de Desarrollo Económico de Eslovenia, Radovan Zerjav, al anunciar el viernes 17 que se detendrá “lo antes posible” el proceso de ratificación del ACTA. De acuerdo con la agencia de noticias Efe, Bulgaria tomó la misma decisión después de que más de 5.000 personas salieran a las calles de Sofía a protestar contra esa iniciativa.

En Polonia, los manifestantes fueron 10.000 en enero, y a ellos se sumaron ataques de hackers a sitios web oficiales para manifestar su rechazo al acuerdo. También el gobierno polaco decidió poner pausa en la ratificación del ACTA, al igual que los de Alemania y México.

De acuerdo a la agencia, el malestar se debe a que una vez que se ratifique el acuerdo, la descarga de archivos de música y películas podría ser penado con cárcel. Por estos motivos el ACTA ha sido comparado con la iniciativa de ley estadounidense Stop Online Piracy Act (SOPA).

Karel de Gucht, comisario europeo de Comercio, declaró ayer a la prensa que la Comisión Europea quiere “clarificar la legalidad de este acuerdo” mediante el pronunciamiento del tribunal europeo aunque esto signifique una demora en su aprobación. Añadió que comparte “las preocupaciones de la gente por las libertades fundamentales” y que comprende “la incertidumbre sobre lo que el ACTA significará realmente para estos asuntos clave”. Pero aseguró que el tratado “no censurará páginas web para cerrarlas”, ni “menoscabará la libertad de internet ni la libertad de expresión”.

El ACTA comenzó a discutirse en 2007 y a negociarse formalmente en 2008, con el fin de unificar las medidas que toman los países para proteger los derechos de autor y evitar el comercio de productos que evaden pagarlo: desde ropa con marcas falsas hasta copias de material con derechos de autor en internet. Como método para evitar el comercio de “falsificaciones” se incluyen castigos: penas de cárcel y multas.

Los críticos del ACTA argumentan que se lo utilizará para impedir que usuarios intercambien archivos de música o películas en internet, y que puede servir de argumento para una mayor vigilancia y una menor privacidad en la web.

Para que el ACTA entre en vigor debe ser ratificado por seis países, por lo menos. En la Unión Europea ya cuenta con la firma de 22, pero para ser ratificado necesita la aprobación del Parlamento Europeo, que lo discutirá en junio y en el que requiere el respaldo de los 27 estados miembros, porque fue negociado en bloque.

La campaña para que el ACTA no entre en vigor continúa y algunos de los que dan la batalla son los activistas hackers de Anonymous, que bloquearon dos páginas de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos así como la del Ministerio de Relaciones Exteriores de Croacia para protestar contra el acuerdo. Allí publicaron un mensaje: “Somos ciudadanos de todas las capas sociales. Queremos advertir a todo ciudadano de Croacia que todavía hay personas como nosotros que luchan por la libertad de internet, la libre circulación de la información y el periodismo libre”.