La Justicia de Maldonado está dedicada desde diciembre, por tercer año consecutivo, a desterrar a forasteros que “molestan” a los turistas y carezcan de domicilio o de un trabajo que expliquen su presencia en el departamento. Para eso se vale de la Ley de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines, vigente pero arcaica y de constitucionalidad dudosa, que apunta contra las personas que “representen un peligro social”.

Esta norma de 1941 habilita a los jueces a declarar “en estado peligroso” a “vagos”, “mendigos”, “ebrios y toxicómanos habituales”, “proxenetas” y a aquellos “que observen conducta reveladora de inclinación al delito”, “no justifiquen” el dinero y los bienes en su poder u “oculten su verdadero nombre”. El sujeto “peligroso” podrá ser “internado” en “régimen de trabajo obligatorio” en la “Escuela Correctiva de Inadaptados”, sometido a “aislamiento curativo” e impedido “de residir en determinado lugar o departamento”, entre otras “medidas de seguridad”.

El primer inconveniente de esta ley es que se superpone con el Código Penal, que ya sanciona los mismos delitos (como el proxenetismo) y las mismas faltas (como la mendicidad abusiva). El segundo es que se pasa por el fundillo el principio de presunción de inocencia, al castigar hasta con prisión acciones, conductas y apariencias que no constituyen delitos ni faltas. La dichosa “Escuela Correctiva de Inadaptados”, convertida con la Rendición de Cuentas de 1961 en “Colonia Educativa de Trabajo”, no es otra cosa que el proyecto de cárcel inaugurado a las cansadas en 1972 con el nombre de Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1, aunque más conocido como Penal de Libertad. El tercero es la imprecisa descripción de los actos que pretende reprimir: de aplicarse a rajatabla contra todo “vago”, “ebrio y toxicómano” o “inclinado al delito”, unos cuantos turistas harían cola en los juzgados fernandinos.

Por lo tanto, se trata de una ley arbitraria e intermitente, que permite al juez declarar “peligroso” a alguien por puro capricho, por ejemplo cuando emigran a los balnearios numerosos desocupados en busca de empleo temporal.

Pero los comerciantes y prestadores de servicios turísticos aplauden como focas que se someta al supuesto “inadaptado” a un insoportable acoso policial y judicial hasta que acepte un pasaje de ida obsequiado por una compañía de transporte interdepartamental. La Ley de Vagancia, por lo que se sabe, sólo subsiste en Maldonado. Los jueces de los restantes 18 departamentos la eluden. Menos mal: si cundiera el ejemplo, ¿se expulsaría a los “peligrosos” de un país sin pena de destierro?

Sin embargo, la Jefatura de Policía de Montevideo cumple desde diciembre la misión de “retirar indigentes” de “lugares públicos” frecuentados “por turistas”. Según la versión oficial, se los deriva a los refugios, como si se tratara de la versión tórrida del Plan Frío Polar. Según Jorge Bonet, desocupado en situación de calle entrevistado por El Espectador, también se les ordena “desplazarse hacia la rambla o hacia el otro sector donde está la estación de AFE”.

Las explicaciones del gobierno son contradictorias. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que “no es para que los turistas no los vean”, sino porque “los espacios públicos están para el disfrute de la gente, y no para dormir o acampar”. Bonomi le respondía así a su par de Turismo, Héctor Lescano, quien había tomado la iniciativa “por un tema de paz, tranquilidad y, por qué no, de estética”, preocupado por los visitantes “pero también como ciudadano”, según le dijo a El Observador. El portavoz de la Jefatura de Policía de Montevideo, José Luis Rondán, le dio la razón a Lescano y no a su jefe cuando declaró a El País que a “esos individuos” debe impedírseles andar “dando vueltas por ahí” si la intención es que el turismo “funcione”. Además, generalizó, “son rastrillos”, por lo que apartarlos reduciría los robos al descuido y los asaltos.

Para Bonomi, el principio a custodiar es el bien común. Para Lescano, el disfrute de la ciudad. Para Rondán, la prosperidad turística y la seguridad.

En pos de esos objetivos el gobierno nacional se resigna a obviar los derechos humanos, igual que la Justicia de Maldonado. A la gente de la calle hay que esconderla por fea y molesta. Al delito se lo previene encerrando de antemano al que tenga cara de delincuente o se vista como tal. Y a la pobreza no hay que erradicarla, sino expulsarla de los lugares donde “disfruta la gente”. La gente bien.

Mientras, los delincuentes de verdad aprovechan que la Policía pierde tiempo en tareas menores. También aprovechan que la propia Justicia ablande a sus potenciales víctimas, porque la sensación de inseguridad se agrava al dejar impunes las faltas y delitos “leves” tipificados en el Código Penal, no en la Ley de Vagancia. Los delincuentes de verdad saben que lo de Maldonado y lo de Montevideo son megaoperaciones, pero de cirugía estética.