El diputado del MPP Walter de León propone que, a través de una ley interpretativa, se puedan realizar allanamientos nocturnos. La Constitución dice que el hogar es inviolable y que sólo se pueden hacer allanamientos de día y con previa orden del juez. La “interpretación” consistiría en redefinir lo que es un hogar, considerando que un sitio donde se vende pasta base es ante todo un comercio (que sí se puede allanar), por más que viva gente allí. Se refiere a todos esos sitios en que todo el barrio sabe que se vende pasta base, donde hoy, tecnologías mediante, se pueden obtener filmaciones a distancia de gente entrando y saliendo (supongo que con un cartelito que dice “acabo de comprar pasta base”), todo lo cual sería entregado al juez para que dé la autorización.

Por otro lado, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, sostuvo que es importante para ellos contar con esa herramienta, para utilizarla en forma excepcional contra los grupos grandes de narcos organizados. Uno habla de las bocas, el otro de peces gordos. Algo no me cierra: cuesta imaginar una reunión de estos peces en una pensión de la Ciudad Vieja donde todo el barrio sabe que se vende pasta base. No sé por qué, pero más bien los ubico en una mansión en Carrasco, con un gran jardín, perros todos iguales, piscina y cerco perimetral electrificado. Algo difícilmente catalogable como “local comercial”.

Más allá de esta contradicción, el problema de la idea es su fundamentación. En primer lugar, parte del imaginario popular y no de un estudio serio que vincule venta-consumo-rapiñas, como parece dar a entender el diputado. Porque cuando se le preguntó en El Espectador en qué diagnóstico se basaba, contestó: “El diagnóstico es el crecimiento exponencial de las bocas de pasta base, la relación de la pasta base con daño a la salud en el área neurológica irreversible o de difícil tratamiento, y el tipo de delito y la frecuencia y violencia de los delitos”. O sea, nombra una serie de hechos muy incrustados en la sensación de la gente, que se basa en experiencias personales, cuentos de allegados o noticias en reiteración real. En otras palabras, se inscribe perfectamente en el mismo marco que la juntada de firmas de Bordaberry para bajar la edad de imputabilidad. Hay un clamor popular; legislemos en función de él, porque es una forma fácil de obtener rédito político. Y especialmente, aprovechemos para manosear derechos en nombre de la seguridad.

En el caso del diputado Walter de León, no pongo en duda que exista en él una convicción real de la posible utilidad de su proyecto, ya que usa frases que denotan una serie de prejuicios muy similares a los que se pueden escuchar en un almacén de barrio. Ejemplos: “¿Le parece que un niño va a estar en un lugar donde se está comerciando y traficando droga? El Código Civil ahí habilitaría hasta la pérdida de la patria potestad de esas personas” (tiembla Javier Salsamendi ante la idea de que el INAU duplique su población súbitamente). “¿Y quiénes son [los demandantes del servicio]? Lo dicen las estadísticas: son muchachos jóvenes, de menos de 35 años, son pobres la mayoría, pero no porque sean pobres son todos delincuentes, obviamente” (menos mal que lo aclara). “Quien consume droga es enfermo, hay que ayudarlo” (¡Noo, gracias, dejá, ya hiciste bastante!).

Pero, ¿acaso alguien cree realmente que recortando un derecho constitucional se va a combatir una costumbre -el consumo de drogas- totalmente extendida por todos los estratos de la sociedad, y sobre la que existe además toda una gama de opiniones que la definen como un mal, un derecho, o incluso ambas cosas a la vez? ¿No estamos ante otro parche, de los infinitos que componen la historia del combate contra lo que sea? Y todos esos parches, ¿no tienen como única función ocultar, posponer discusiones para después de la próxima elección (y la otra, y la otra), aparentar que se hace algo, llenar el ojo, tener algo de qué hablar en las entrevistas, justificar sueldos, rellenar discursos preelectorales?

Me hace acordar a la lucha contra el Aedes aegypti. Se sigue haciendo propaganda diciendo que cambiemos el agua de los floreros por arena, que demos vuelta los envases... ¿Alguien lo hace? ¿A alguien importa que se haga? Supongo que a alguna gente sí; creo que hasta yo mismo he tomado alguna medida. El caso es que si no ha aparecido el dengue es por pura casualidad. De hecho, cada vez hay más de esos mosquitos; lo afirma la misma propaganda, que no cambia, que siempre dice lo mismo.

Podemos interpretar la Constitución, hacer diez o quince allanamientos, meter más gente presa. En la época en que ingresó la pasta base al Uruguay no se conseguían marihuana ni cocaína, vaya casualidad. No sé qué ideas tendrán estos señores de la droga sobre el libre mercado; en todo caso, ellos son la mano invisible que lo regula. Y nosotros (los votantes, los funcionarios, los que interpretan la Constitución, los consumidores y los que quieren exterminar a los consumidores) somos piezas de su ajedrez. Mientras sigan existiendo (y lo harán mientras la única forma de obtener “la droga” sea de forma ilegal), seguirán moviéndonos a piacere de casilla en casilla, mientras nos dejan jugar a ladrón y poli para que no nos aburramos y nos dé por ponernos a pensar.