El problema de la distribución desigual de la tierra y su adjudicación irregular a grandes propietarios se arrastra en Paraguay desde hace décadas. Si bien durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia Lugo proyectaba una reforma agraria, cuando falta sólo un año para terminar su mandato (2008-2013) todavía no logró iniciarla.
Según un informe elaborado en 2008 por la Comisión de Verdad y Justicia, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fueron asignadas en forma irregular unas 6,75 millones de hectáreas, y una vez terminado ese régimen, otro millón se entregó del mismo modo, recordó la agencia de noticias Efe. Esto representa 32,7% de la superficie cultivable del país.
La Comisión de Verdad y Justicia se refirió específicamente a esa propiedad en la que el desalojo de una ocupación terminó con 19 muertes el viernes. El periódico Última Hora recordó que aquel informe establece que esas tierras fueron donadas al Estado paraguayo por la firma La Industrial Paraguaya SA, que un decreto de 1967 aceptó la donación y que otro declaró la propiedad de interés social y la destinó al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para distribuirla en una reforma agraria.
Pero en 2005 la empresa Campos Morombí, del ex senador Blas Riquelme -perteneciente al Partido Colorado, que gobernó Paraguay por 61 años-, ganó un juicio por su propiedad contra La Industrial Paraguaya SA. “En el juicio se han observado múltiples irregularidades y falsedades, como el no haber dado intervención a la Procuraduría General de la República ni haber abonado las tasas judiciales en su iniciación”, señala la Comisión de Verdad y Justicia.
Agrega que “las tierras del dominio privado del Estado y de los entes autónomos del Derecho Público no pueden ser adquiridas por usucapión”, la figura legal por la cual las obtuvo la compañía propiedad de Riquelme.
En otro juicio, iniciado en 2004 y todavía en proceso, el Estado reclama para sí desde el Indert y desde la Procuraduría General de la República esas tierras del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, cerca del estado brasileño de Paraná.
Entre tiros
El operativo desplegado el viernes contó con 321 policías, respaldados por helicópteros, que entraron a la estancia Morumbí para desalojar a unos 100 trabajadores sin tierra, que se resistieron con armas. Murieron ocho policías y 11 trabajadores rurales en esos enfrentamientos, que determinaron también el envío de militares a la zona.
Relevos
El ministro del Interior, Carlos Filizzola, que el sábado fue reemplazado en su cargo, había dicho el viernes que fueron los campesinos sin tierra quienes empezaron el tiroteo: “Hubo disparos de parte de ellos, la Policía también tuvo que responder”. Añadió que algunos ocupantes lograron escapar hacia zonas boscosas cercanas, pero que la situación había sido “controlada” y que no tenían ningún dato de que hubieran participado en las acciones integrantes del grupo armado denominado Ejército del Pueblo de Paraguay, tal como lo hizo trascender la fiscal Ninfa Aguilar.
Según citó la agencia Reuters, Aguilar señaló que los ocupantes estaban “vestidos con ropa militar [...] prepararon trincheras, bombas, tenían todo listo para combatir. No son simplemente campesinos, estaban preparados para el enfrentamiento”.
En cambio, el dirigente de los trabajadores rurales José Rodríguez declaró: “Son campesinos humildes que han decidido tomar esa decisión lamentablemente”.
Aguilar y su colega Diosnel Jiménez informaron que nueve de los ocupantes fueron acusados de homicidio doloso, lesiones graves y asociación criminal.
En respuesta a este episodio, el Congreso anunció sesiones especiales y también sesionaron de urgencia la Suprema Corte y el gabinete de Lugo. Si bien el presidente manifestó su apoyo al ministro del Interior, finalmente aceptó su renuncia y la del comandante de la Policía, Paulino Rojas.
Ayer, bajo una tormenta y con ayuda de indígenas de la zona, una 100 personas continuaban la búsqueda de cuerpos en las zonas boscosas cercanas a las tierras de Riquelme, señaló el diario paraguayo La Nación. El sábado fueron hallados los cuerpos de dos de los ocupantes muertos, durante una recorrida que hicieron funcionarios de la Fiscalía, la Policía y trabajadores rurales.