La postura del gobierno de Evo Morales cambió desde que la protesta de “esposas de policías” degeneró el jueves en la toma de cuarteles en toda Bolivia, y se sumaron a esa movilización los propios policías. El Ejecutivo pasó de negar la situación a denunciar intentos de “golpe de Estado”.

Policías de bajo rango se amotinaron en reclamo de mejoras salariales y de la derogación de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía, que prevé la baja inmediata en caso de falta grave. Las calles de Bolivia quedaron sin protección pero no hubo incidentes mayores, excepto en La Paz, donde el viernes cientos de agentes saquearon y quemaron archivos de los servicios de inteligencia, el Tribunal Disciplinario de la Policía e Interpol, informó la agencia de noticias Efe.

Las negociaciones con el gobierno llegaron a un acuerdo de ocho puntos que firmaron ayer la representante de las “esposas de policías”, Guadalupe Cárdenas, y el líder de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías, Edgar Ramos. Estableció un incremento salarial, la entrega de víveres dos veces al año en vez de una, y la revisión del Régimen disciplinario.

Sin embargo, desde la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, ocupada desde el jueves, algunos rechazaron el acuerdo, y anunciaron una marcha hacia la sede del gobierno, informó el diario Los Tiempos. Entonces Cárdenas dijo haber sido presionada por el gobierno para firmar el acuerdo. En cambio, Ramos denunció la presencia de infiltrados en la movilización, pidió a sus compañeros que no se dejen manipular y aseguró que el acuerdo se firmó de forma pública y sin presiones.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el sábado en la frecuencia de la radio de la Policía hubo llamados a “preparar bombas molotov para atacar a los plomos [los militares]” apostados para proteger el Palacio de Gobierno. “‘Limpiemos al ministro Romero y generemos un golpe de Estado’, dicen en el diálogo de la frecuencia”, denunció. Romero dijo que algunos policías “se están prestando a una estrategia política” para convertir el movimiento en “político, conspirativo, desestabilizador”.

También el presidente Morales dijo que “esa derecha se infiltra, usan a algunos policías”. Añadió que “esa gente que privatizó [empresas del Estado] usa a algunos hermanos policías para preparar un golpe de Estado, para hacer matar al ministro de Gobierno y para enfrentar a las Fuerzas Armadas”.

El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Maldonado, dijo que los servicios policiales se estaban normalizando en todo el país, aunque los medios opositores seguían reportando motines en nueve departamentos.