El Ministerio del Interior (MI) presentó el lunes en el Consejo de Ministros los resultados de un sondeo sobre las “percepciones públicas” de las medidas de seguridad anunciadas. El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, mencionó algunos de los resultados, como la baja aceptación de la venta de marihuana por parte del Estado, pero no se difundieron detalles. la diaria accedió al documento con los resultados de esta encuesta telefónica que fue realizada por Equipos Mori a 400 personas entre el 28 de junio y el 2 de julio, por encargo del MI.

La encuestadora consultó sobre el conocimiento y la opinión respecto de cada una de las medidas, sobre cómo fueron comunicadas por el gobierno e incluso sobre cuál debería ser la actitud de la oposición. Las respuestas fueron presentadas en función de las variables básicas (sexo, edad, ubicación geográfica, nivel educativo), de la identificación ideológica y del voto emitido en octubre de 2009.

El 57% de los encuestados “escuchó hablar” de las medidas “pero no tiene mucha idea”; 60% de los votantes del Frente Amplio (FA) contestó de esta manera. La medida más recordada (47%), la legalización de la marihuana, es la más rechazada, con 63%. Los votantes del Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) son los que manifestaron más desacuerdo, 87% y 81%, respectivamente, pero 44% de votantes del FA también tiene esta postura.

La siguiente medida más recordada, por 11% de los encuestados, es el endurecimiento de penas a menores infractores, que cuenta con 80% de aprobación. Entre los votantes del FA, 76% está de acuerdo con ella y 84% con internar compulsivamente a personas adictas “a la pasta base” -pese a que el proyecto se dirige a consumidores de estupefacientes en general-. Entre votantes del PN y el PC hay más personas en desacuerdo con esta medida (12% y 21%) que entre los votantes frenteamplistas (9%).

De las 15 medidas, hay seis que tienen una aceptación mayor a 90%: mejorar los sistemas de patrullaje de la Policía en lugares de mayor frecuencia de delitos (95%), sistema de información para violencia doméstica (94%), fortalecer la Justicia para juzgar a dueños de las bocas de pasta base y agravar penas en estos casos (94%), construir plazas y centros deportivos y culturales con servicios públicos para mejorar la convivencia (93%), fortalecer procedimientos de control de los desbordes policiales y de la corrupción policial (92%) y sancionar con trabajo voluntario o multas los delitos menores (91%).

Entre las más rechazadas, después de la legalización, están las de que los comisarios cobren incentivos en función de los logros que tengan en el combate a la delincuencia (38%) y la inclusión en el horario de protección al menor de los informativos de televisión para evitar que se pasen escenas violentas (35%).

Entre los encuestados hay 35% de acuerdo con el paquete de medidas y otro 35% en desacuerdo; 75% las considera “insuficientes” y, en contraste, 8% las entiende suficientes. En función de los partidos, 68% de los votantes del FA, 81% del PN y 95% del PC respondieron que son insuficientes. Un 38% opina que las medidas ayudarán “poco” a la disminución de la inseguridad y la violencia, 34% que no ayudarán “nada” y 11% cree que ayudarán “bastante”. A su vez, 60% de los encuestados entiende que las medidas “son confusas”; 43% piensa que al comunicarlas el gobierno fue “poco claro y explicativo” -41% de los votantes del FA respondió así- y 21% que “no fue nada claro ni explicativo”. Otro 43% opinó que fueron “improvisadas” y 39% que fueron “planificadas”; 47% cree que el gobierno tiene voluntad de concretarlas y 39% piensa que es una estrategia de distracción. En cuanto a qué actitud debe tener la oposición, 74% entiende que debe apoyar las medidas pero proponiendo modificaciones. Esta encuesta se completará con otro estudio de campo que abarcará a 700 personas y que está en pleno desarrollo, y luego será puesta a consideración del gobierno.