Aviso que la siguiente frase es muy larga, así que tomen aliento antes de empezar a leerla. No entiendo: unas personas en Carrasco contratan empleadas domésticas de nacionalidad boliviana, las tienen un tiempo en un régimen que viola todos los códigos desde Hammurabí en adelante, las obligan a irse del país cuando las echan (ni hablar de pagar beneficios sociales ni despidos), les descuentan de su sueldo cualquier gasto extra, impiden el ingreso de los inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que acceden sólo ante una orden judicial, tras lo cual son encontradas dos mujeres trabajando allí en forma irregular, ¿y el castigo que se les impone es que se les da un plazo para que regularicen la situación?

Bueno, si se confirmara que esto es así, desde ya voy diciendo que dejo de creer que Uruguay merezca siquiera el calificativo, no ya de estado democrático, sino siquiera de republiqueta bananera, porque lo de “republiqueta” le quedaría grande, aparte del detalle frutal. Pero no, seguramente hay un error en la información, que es aún muy fresca, y más temprano que tarde nos enteraremos de que los presuntos delincuentes están tras las rejas y no por poco tiempo.

Ahora bien, toda la noticia no puede estar mal. Es de creer que la parte en que dice que un juez tuvo que autorizar el allanamiento es verdadera (vamos a ver cuánto dura ese juez en su posición actual). Supongo también que no se trata de una ilegalidad impedir que inspectores entren a tu mansión. No, esas cosas nunca son así. El de “ilegalidad” es un concepto que no parece estar pensado, en principio, para personas que gozan de tan alto nivel de vida. Si no fuera así, unos cuantos de ellos estarían presos, cuando es notorio que eso pasa solamente en casos excepcionales (y aun así, no se los mezcla con los presos “comunes” -como si ellos no lo fueran- y salen libres antes de lo previsto). Los habitantes de las cárceles son, normalmente, pobres, oscuros y jóvenes. Pero ya me fui de tema. O no.

El asunto es por qué esta buena gente piensa que puede pasarse las normas legales y de convivencia por donde se le plazca con tanta tranquilidad. Se me ocurre una razón: porque desde siempre ha gozado de una casi absoluta impunidad. Y no estoy hablando aquí de derecha o izquierda; esto trasciende el show mediático de la política. Es sólo una verdad que nadie necesita refutar. Y una de las maneras que tienen de prolongar esa situación de impunidad es cargando las tintas sobre lo que recién describí (oscuros, jóvenes, pobres y preferentemente -agrego- feos). Se bombardea a la población con ellos cometiendo delitos o entrando esposados a un patrullero, en una estrategia digna de “1984”, y se logra que el Parlamento vote leyes contra ellos y que la Policía elabore planes en su contra y que la gente clame a gritos por su exterminio. Ellos, mientras tanto (y me refiero aquí a los otros “ellos”), reenvían tranquilamente a su bufete de abogados las intimaciones a regularizar a la brevedad la situación legal de sus esclavos extranjeros, sin dejar de ojear, al son de una rumba-pop, el catálogo de cruceros por el Caribe.

No, ya sé, todo esto es una exageración. Es que uno se enrosca y delira. Seguramente, en el improbable caso de que la información que se ha dado hasta ahora sea correcta, la Justicia aclarará todo y los responsables serán encerrados muchos años en el Comcar, como cualquier hijo de plancha.