Archivos secretos a los que tuvo acceso la agencia de noticias DPA, tres CD con miles de documentos emitidos entre 1978 y 1989 por distintos organismos de la defensa nacional chilena, muestran cómo se coordinaban las acciones con la policía secreta, las órdenes de seguimientos a personas, o de dar información sobre periodistas, sacerdotes, académicos y funcionarios diplomáticos, tanto en Chile como en el exterior.
La principal información que publicó la agencia de prensa a partir de esos documentos se refiere a los esfuerzos de la dictadura para desacreditar a sus opositores. En ese marco, surge el nombre de Alberto Cardemil, hoy diputado de Renovación Nacional (el partido del presidente Sebastián Piñera) y ex viceministro del Interior de Pinochet. Según DPA, Cardemil mandó a la cancillería fichas secretas sobre los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, en el marco del lanzamiento de una operación contra esa organización católica defensora de los derechos humanos. “Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad”, escribió Cardemil a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), en abril de 1985.
El actual diputado negó ahora su participación en cualquier operativo secreto. “Si un ministerio le pide a otro antecedentes que tenga, el ministerio se los manda. Se los manda por oficio, de manera formal. No hay aquí campaña secreta, oculta: ésos son adjetivos que le ponen los medios” para causar un “daño político”, dijo.
Los archivos revelan también diálogos con el Vaticano para ponerles fin a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, en las que el cardenal Raúl Silva Henríquez tuvo un papel clave.
El ministro de Defensa chileno, Andrés Allamand, anunció la apertura de una investigación judicial sobre el contenido de archivos desclasificados de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), luego de que la agencia de noticias DPA, que accedió a ellos, informó sobre las operaciones de inteligencia y acciones en el exterior del régimen. Sin embargo, el ministro dijo desconocer esos documentos.
Los documentos muestran además que centenares de periodistas dentro y fuera de Chile fueron vigilados por la Dina. Un memorando reseña 761 nombres de corresponsales de medios de Japón, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Brasil e Israel, entre otros, que fueron objeto de seguimiento. Entre ellos figuran Manuel Cabrera de la agencia de noticias Efe, Pierre Kalfon del diario francés Le Monde, Humberto Zumarán de AFP, Luis Carrasco de AP y Patrick Buckley de Reuters.
También se vigilaba el ámbito de la cultura, en el marco de lo que la dictadura llamaba “activismo cultural” y los debates en centros estudiantiles.
El entonces director de la Dina, Manuel Contreras, que hoy está preso y cumple cientos de condenas, planeó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia y tenía entre sus atribuciones la posibilidad de investigar a los empleados públicos, revela una circular secreta de 1975. “Su Excelencia [Pinochet] ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe Dina respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”, escribió en ese documento el entonces ministro del Interior, el general Raúl Benavides.
La Dina podía dar órdenes a ministros, revela el Plan de Operaciones épsilon, diseñado en junio de 1975 por el propio Contreras para enfrentar la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibió solicitudes de cientos de opositores. Ese plan está reseñado en un documento de 11 páginas, que fue repartido entre las autoridades del gobierno de Pinochet. Para esa ocasión Contreras adjudicó tareas a distintas autoridades a las que indicó que ante cualquier duda lo contactaran por teléfono, y les pidió “realizar una campaña de acción psicológica abierta y clandestina” para acallar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el exterior. Esto incluía recurrir a periodistas o eliminar referencias al nazismo de la programación de los canales de televisión. También ideó una campaña de ataques contra los gobiernos de Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, que consistía en denunciar que allí se violaban los derechos humanos y que tenía como objetivo distraer a la población.
Después de la disolución de la Dina, en 1978, los archivos muestran que este tipo de actividades continuaron desde el Centro Nacional de Informaciones.
A raíz de esta publicación de DPA, la agencia de noticias Efe también consultó varios archivos, e informó que el régimen chileno pidió a familiares de víctimas de la represión que certificaran que éstas se encontraban en el exterior para desacreditar así las denuncias de desapariciones.