“El diario de propiedad de todos los chilenos, La Nación, dejó de ser un diario al servicio del gobierno de turno y de propaganda gubernamental y se ha transformado en un diario al servicio de todos los chilenos”, decía hace sólo tres meses el presidente chileno, Sebastián Piñera. Sus palabras, en una cena con la Asociación Nacional de la Prensa, sorprendieron hasta a los más férreos defensores del diario, ya que el mandatario solía ser crítico con ese medio de prensa, que nació en 1917 como una iniciativa privada y se convirtió en estatal tras la expropiación a su fundador, Eliodoro Yáñez, por parte del gobierno que comenzó en 1927.

Otro foco

Los comentarios en torno al cierre de La Nación demuestran que el diario era considerado por el gobiero oficialista y no público -como estaba definido legalmente-. “No es necesario que el gobierno tenga un medio de comunicación”, dijo públicamente el vocero de gobierno Andrés Chadwick. No hizo referencia a los objetivos de los medios públicos, usualmente dirigidos a dar espacio a sectores sociales excluidos de la prensa comercial. Chadwick aseguró que el gobierno no necesita “un diario oficialista” como La Nación. Consultado acerca de la necesidad de tener entonces un canal de televisión público, TVN (Televisión Nacional de Chile), el vocero gubernamental señaló que es un caso diferente, aunque no precisó en qué sentido. Mostrando las distintas concepciones, la presidenta del sindicato de La Nación, Nancy Arancibia, indicó que actualmente hay “un activismo mayor, un nivel de conciencia de que los medios de comunicación son un derecho y no sólo una propiedad de quienes detentan el poder económico [...]. La Nación se empieza a instalar como un referente de lo que no está en los otros medios de comunicación”. En sentido similar se manifestó el jefe de la bancada del Partido Socialista, Marcelo Schilling, quien aseguró que La Nación es necesaria “para garantizar desde el Estado el derecho a la información pluralista e independiente, puesto que por su carácter público no está sujeto a las presiones económicas de los dueños o avisadores”.

El antecedente más fresco de la relación entre Piñera y La Nación es de la campaña, cuando el candidato, molesto por el trato preferencial que el diario daba a su contendiente, Eduardo Frei Ruiz, llegó a decir que tenía “la firme convicción de que lo mejor para Chile” era “cerrar el diario La Nación”. Más adelante se retractó y dijo que durante su administración el diario sería “pluralista” y “respetuoso” y que se aprobaría un estatuto para que fuera independiente de los gobiernos de turno, lo que nunca se concretó.

En el mismo sentido se manifestó su entonces vocera, Ena Bon Vaer, pero tres meses después de la asunción del nuevo gobierno se fortalecieron las versiones sobre la intención de venderlo. Piñera aseguró en ese entonces que se estaba evaluando la posibilidad y agregó: “Es perfectamente consecuente con lo que sostuvimos durante la campaña, que era terminar con el diario La Nación o reestructurarlo en forma definitiva para que les dé garantía a todos los chilenos y no se transforme en abrigo de algunos y enemigo de otros financiado con los recursos de todos los chilenos”.

La Empresa Periodística La Nación SA es la que tiene a cargo La Nación y el Diario Oficial. El 69,26% de las acciones está en manos del Fisco de Chile y el resto se reparte entre 29,52% de la Sociedad de Inversiones Colliguay y los accionistas minoritarios.

En junio de 2010 el gobierno de derecha hizo una reforma que sería clave para el diario: la mayoría del contenido del Diario Oficial pasó a estar sólo en formato digital y se bajó el precio que pagaban las personas para comprarlo y el que pagaban las empresas para publicar en él. Las ganancias del Diario Oficial -las mayoritarias en la empresa- eran reinvertidas en la edición en papel de La Nación y una parte quedaba en manos de los accionistas privados.

A partir de entonces La Nación tuvo que ser autosustentable como condición para sobrevivir, lo que lograba gracias a la venta de publicidad, en especial con la publicación de avisos legales para los cuales ofrecía una tarifa conveniente y particularmente con los avisos estatales. Justamente son estos últimos los que más costeaban la publicación y, a su vez, los más envidiados por los diarios tradicionales, como El Mercurio o La Tercera, que a su vez llegaron a ver cómo el semanario La Nación Domingo les disputaba los primeros lugares de tiraje. Para lograr la autosustentabilidad el gobierno ordenó que La Nación dejara de ser un diario impreso en papel para pasar a ser un medio digital en diciembre de 2010.

Avivados

En una reunión de accionistas convocada de forma extraordinaria por el gobierno se decidió ayer de mañana la “liquidación” de la Empresa Periodística La Nación SA, lo que se traduce en el cierre del medio de prensa digital -en el que trabajan 117 personas- y en el pasaje del Diario Oficial a la órbita del Ministerio del Interior.

La decisión se tomó con los votos a favor del Fisco y con la oposición en bloque de los accionistas privados. La Sociedad de Inversiones Colliguay aseguró que demandará al fisco porque no hay razones comerciales que justifiquen una decisión que para ellos tiene repercusiones económicas -dejan de llevarse parte de las ganancias- y que altera un acuerdo para una sociedad que estaba previsto que se mantuviera hasta 2042.

Los trabajadores ya presentaron un recurso ante la Justicia con la intención de evitar el cierre de la publicación, mientras legisladores opositores, como el comunista Hugo Gutiérrez, aseguraban que convocarían una sesión especial para escuchar explicaciones del gobierno acerca de sus motivos para cerrar La Nación. Los trabajadores sabían desde comienzos de mes que se evaluaba cerrar la empresa y para la noche del domingo organizaron un festival cultural en rechazo a la inminente decisión de ayer de la Junta de Accionistas, en el cual participaron legisladores de la Concertación así como representantes sindicales y de otras organizaciones civiles.

El senador Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, el partido de Piñera, calificó de acertada la decisión del gobierno y dijo que “ésta es una decisión política” porque está relacionada “al empleo de los fondos del Estado”.