El canciller Luis Almagro hizo un parate en su gira por África y viajó a Montevideo. Ayer en la mañana se reunió con el vicecanciller Roberto Conde, y luego del mediodía volvió a partir rumbo a Angola para inaugurar la primera embajada de Uruguay en ese país.

En la reunión que mantuvo con Conde y otros asesores, el tema central fue la evaluación del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad.

Almagro dijo a la diaria que la decisión de la SCJ debe “respetarse y acatarse”. No obstante, consideró que el pronunciamiento “controvierte abiertamente” la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como el Pacto de San José de Costa Rica), la Convención Interamericana y la Convención de Viena, además de generar el incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman. Con esto el país se expone “a nuevas sanciones internacionales”, lamentó Almagro, y calificó como “gravísimo” el hecho. “Nos haremos cargo de nuestra responsabilidad internacional”, remarcó.

El canciller planteó su preocupación por los efectos que la resolución puede tener para las actuales causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Evaluó que éstas podrían cerrarse si los jueces aplican exclusivamente el derecho interno y consideran los crímenes prescriptos, lo cual desconocería “la normativa internacional que Uruguay voluntariamente ha incorporado a su ordenamiento jurídico”.

Más allá de esto, Almagro destacó que el fallo de la SCJ deja en pie el artículo 1º de la norma interpretativa, que establece el restablecimiento del “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”. El canciller resaltó que este artículo señala el derecho que tiene la sociedad uruguaya “a la recuperación de su memoria y a que se sepa la verdad”.

Finalmente, el canciller evaluó que un eventual juicio político a la SCJ por este tema sería un “ataque a su independencia”. Enfatizó que es competencia de la Corte resolver sobre la constitucionalidad de las leyes y consideró que todo el procedimiento que se siguió fue “conforme a Derecho”.

Ninguna soberanía

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García Sayán, advirtió que el argumento de la soberanía no puede utilizarse para impedir las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. En conversación con el programa De diez a doce de Radio Uruguay, García Sayán afirmó que las decisiones de un tribunal internacional al que se somete “por decisión soberana un Estado obligan a todos los componentes de ese Estado y no solo al Ejecutivo”. Remarcó que el argumento de la soberanía “no puede servir de parapeto para proteger arbitrariedades e impedir que se investiguen violaciones a los derechos humanos”.

Respecto al argumento planteado por la SCJ sobre la irretroactividad de la ley penal, García Sayán subrayó que no se aplica cuando se trata de un delito que se sigue produciendo, como el caso de la desaparición forzada. “La figura de la desaparición forzada es algo continuo y permanente”, manifestó. El magistrado evaluó que la sentencia de la SCJ supone un obstáculo para el cumplimiento del derecho internacional pero que no es “insuperable”, y consideró que el Estado uruguayo puede diseñar fórmulas para cumplir con la resolución de la CIDH.