Bajo el argumento de defender la Constitución y la separación de poderes, el directorio del Partido Nacional (PN) condenó las últimas acciones del Frente Amplio (FA) respecto de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en especial la convocatoria al acto de ayer.

“El intento de sometimiento de uno de los Poderes por presión o por descalificación, constituye una afrenta al régimen Democrático Republicano de Gobierno”, sostiene el comunicado, que “condena” la “promoción de acciones y manifestaciones realizada por el Partido de Gobierno, y en particular la de esta jornada [de ayer], que sólo buscan provocar una nueva división en nuestra sociedad”.

El partido Colorado (PC) no se quedó atrás. Ante el “gravísimo ataque a la independencia judicial y el conflicto institucional” su Comité Ejecutivo Nacional declaró que “ve con preocupación la forma en que el FA retorna a las prácticas autoritarias que practicó antes de la dictadura y que tanto daño le hicieron a la democracia uruguaya”.

Las críticas de los colorados apuntaron a la bancada frenteamplista por “desconocer el principio de separación de poderes”, en respuesta a la propuesta del Movimiento de Participación Popular de un eventual juicio político (que se considera “absurdo”) a los integrantes de la SCJ por el traslado de Mota. Dado este “ataque” a la Justicia, el PC resolvió convocar de forma “urgente” a su Convención Nacional para el jueves, promover una convocatoria en la Cámara de Senadores para tratar el tema, y “solicitar al Poder Ejecutivo el uso de la cadena nacional de radio y televisión”.

Esto último fue propuesto en el directorio del PN a iniciativa de Luis Lacalle Pou. Según explicó el presidente del directorio nacionalista, Luis Alberto Heber, a Subrayado, la idea del partido es explicar a la ciudadanía la posición del PN en torno a este tema, además de denunciar el “grave momento institucional” de la Justicia.

A la declaración de ambos partidos (ambas votadas por unanimidad) se sumó la de los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, ambos por el PC, y el senador Luis Alberto Lacalle, por el PN, quienes emitieron ayer una declaración conjunta ante esta “preocupante situación institucional”. Los ex mandatarios sostienen que “no es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas” a los ministros de la SCJ. “Levantamos nuestra voz de alerta cívica ante el retorno de actitudes antidemocráticas que dividen peligrosamente a la sociedad uruguaya”, culmina su declaración.

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, respondió que los ex presidentes manejaron varias “falsedades absolutas”. El secretario de Estado informó que la herramienta del juicio político “no es el camino adecuado para la amplia mayoría del FA”, recordó que la propia SCJ dijo que contestará informes por escrito y sostuvo que “creer que el Poder Judicial está inmunizado del poder ciudadano es una actitud antidemocrática”.

También hubo matices respecto del acto de ayer. Mientras que el PN lo criticó, en el PC aparecieron otras visiones. El senador colorado José Amorín (Propuesta Batllista) dijo que “una marcha pacífica es admisible” y sostuvo que no cree que se trate de “una presión para la Justicia”. En la misma línea, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que calificar la manifestación de atentado a la Constitución es “indefendible” y también cuestionó que los partidos tradicionales hayan pedido la cadena nacional de radio y televisión, aduciendo que no le encuentra “ni razón ni motivo”.

Tranca fuerte

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) tomó cartas en el asunto. Tras haber emitido una declaración manifestando su preocupación por el traslado de Mota, ayer volvió a expresarse, cuestionando el fallo de la SCJ, en la medida en que visualiza una preeminencia de la legislación nacional que consolida la no retroactividad del derecho penal, por encima de los tratados internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El comunicado recuerda la preocupación de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, sobre la posibilidad de que se pueda “restablecer las sombras de la impunidad”. “La falta de incorporación al derecho interno de las obligaciones asumidas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y la no implementación eficaz de las decisiones emanadas de los órganos de supervisión, implica un quiebre del compromiso de garantía y reparación a las víctimas”, culmina el mensaje.