Fueron muchas las leyes, los decretos y las medidas que tomaron los dos gobiernos del FA en materia de relaciones laborales. En marzo de 2005 se volvió a convocar los Consejos de Salarios sobre la base de la normativa vigente -aprobada en 1943- tras más de diez años de no haber sido conformados, luego de la interrupción decretada durante la administración del nacionalista Luis Alberto Lacalle.

Casi un año después, en enero de 2006, el oficialismo sancionó la Ley de Libertad Sindical, que otorga garantías y defensas para la sindicalización y el goce de los fueros respectivos. En mayo de ese mismo año, se aprobó una ley que facilita la inclusión y regularización de trabajadores en el Banco de Previsión Social, se establecieron beneficios para sus nuevos pagadores y, en diciembre se estableció una norma que regularizó el sector doméstico. A comienzos de 2007, se aprobó una ley que obliga a las empresas tercerizadas que realicen servicios para el Estado a respetar los laudos acordados en los Consejos de Salarios en cada rubro.

A estas normas les siguieron, entre otras, la limitación de la jornada rural a ocho horas, en diciembre de 2008; la aprobación de la Ley de Negociación Colectiva para el sector público, en junio de 2009, y tres meses después, el mismo marco para el ámbito privado.

Estas dos últimas leyes fueron denunciadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la primera por parte de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) por su presunto incumplimiento y la segunda por las cámaras empresariales, que alegaron que tenía artículos contradictorios con resoluciones del organismo con sede en Ginebra.

La iniciativa sindical no prosperó pero la empresarial, sí, al punto que en marzo de 2013 el Poder Ejecutivo envió un proyecto modificatorio de esta norma, que tiene en cuenta algunos de los reclamos que en su momento habían sido desestimados.

A partir del gobierno de José Mujica se promulgaron otras leyes laborales más específicas, como la jornada de descanso de 36 horas para trabajadores domésticos y otras que establecen igual régimen para los que se desempeñan en propiedades horizontales y porteros, en 2011 y 2012, respectivamente.También se ratificó en 2012, mediante un decreto, el convenio 189 de la OIT, sobre empleo doméstico, y se extendió el seguro de paro a trabajadores de varias empresas que estaban en proceso de autogestión, como es el caso de Metzen y Sena.

En la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados están pendientes para su análisis, entre otros, un proyecto de Legislación Laboral Penal, que permitirá establecer la responsabilidad de las patronales en caso de accidentes laborales, y otro sobre trabajo nocturno, que fija 30% de bonificación salaria para aquellos que cumplan tareas entre las 22.00 y las 6.00.

En conformidad

En el movimiento sindical la opinión parece ser unánime: el paso fundamental que dio el FA desde su llegada al poder fue, justamente, el restablecimiento de los Consejos de Salarios y, junto con esta medida, la aprobación de las leyes de negociación colectiva.

Así lo expresó el dirigente metalúrgico y coordinador del PIT-CNT Marcelo Abdala, para quien los Consejos de Salarios y la Negociación Colectiva son "el centro que organiza la relación laboral por ramas de actividad". Más allá de los resultados concretos que puedan tener los Consejos de Salarios, para Abdala lo más importante "es el desarrollo de la ciudadanía y la conciencia de clase que adquieren los trabajadores" durante el proceso de discusión.

Según destacó el coordinador de la central obrera, este sistema permite "democratizar" las relaciones laborales, aunque "no resuelve lo que tiene que resolverse desde la propia base productiva del país". El dirigente de la Unión de Trabajores del Metal y de Ramas Afines también valoró positivamente la Ley de Libertad Sindical, la regulación de las tercerizaciones y la implantación de Consejos de Salarios para trabajadores rurales y empleadas domésticas, entre otros avances legislativos.

Juan Castillo, ex coordinador del PIT-CNT durante buena parte de los gobiernos frenteamplistas y actual vicepresidente de esta fuerza política, dijo que hubo dos "puntas de lanza" fundamentales en cuanto a las relaciones laborales: además de la Ley de Negociación Colectiva y la convocatoria a los Consejos de Salarios, destacó la Ley de Libertad Sindical, de la cual dijo que "abrió la cancha". Destacó que son más de 40 las leyes promovidas, pero "en su contenido, las de Libertad Sindical y la de Negociación Colectiva son las más importantes".

Según Castillo, debido a esas normas posteriormente fue posible habilitar "un conjunto de leyes muy importantes, de avanzada, no sólo para Uruguay sino para América y la región, como por ejemplo el otorgamiento a los derechos de las empleadas del servicio doméstico".

En es misma línea, el dirigente José Fazio, integrante del secretariado ejecutivos del PIT-CNT, resaltó la relevancia de la Ley de Negociación Colectiva y la convocatoria a los Consejos de Salarios, y ubicó en el mismo rango la Ley de Fueros Sindicales.

Otras visiones

Pero no todos los referentes sindicales comparten una visión positiva del proceso iniciado en marzo de 2005. Joselo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) consideró que hubo "dos períodos" en las administraciones frenteamplistas, identificados justamente con los gobiernos de Tabaré Vázquez y de Mujica, respectivamente.

López recordó que durante la gestión Vázquez se votaron "más de 30 leyes" que favorecieron los derechos de los trabajadores, pero "muy diferente fue esta legislatura, en la que ha habido retrocesos muy importantes". Por ejemplo, mencionó que a partir de 2010 el gobierno no respeta la Ley de Negociación Colectiva de los públicos, ya que "no se convocan los ámbitos de negociación correspondientes, o al menos no se utilizan para lo que sirven".

Fue por esto que COFE recurrió a la OIT, pero su planteo no fue contemplado por el organismo.

Además, López cuestionó que el gobierno haya intentado "alterar" las relaciones laborales de los privados y se refirió al proyecto de ley para modificar la Ley de Negociación Colectiva en la actividad privada tras el pronunciamiento de la OIT, que en ese caso hizo eco por la acción interpuesta por las cámaras. A pesar de estas críticas, destacó que la situación actual "no es la misma que la que teníamos con los gobiernos de los partidos tradicionales". "Acá, si bien no se cumple a cabalidad las leyes establecidas, al menos tenemos normas que nos dan el derecho a patalear y realizar acciones necesarias para que se cumplan, pero antes no teníamos ese respaldo", subrayó el secretario general de COFE.

Poder político

Otro que al momento de esbozar un análisis marcó diferencias entre los gobiernos del FA fue el diputado socialista Raúl Olivera, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. "En el primer período se avanzó muchísimo porque había un retraso histórico", destacó el representante canario, mientras que, según dijo, en el gobierno de Mujica hubo un "enlentecimiento". "No ha tenido ese atraso en la legislación que existía al comienzo de la administración de Vázquez, luego de gobiernos de los partidos tradicionales que habían atentado contra la negociación colectiva y una cantidad de derechos de los trabajadores", manifestó.

De hecho, estos últimos tres años han servido, a juicio del diputado, para "profundizar en los cambios", al punto que actualmente se discuten proyectos sobre la "responsabilidad penal" de los empleadores ante siniestros laborales, el empleo juvenil y el pago de la nocturnidad. "Apuntamos a una profundización en aquellos aspectos que mucha gente cree que están resueltos, pero de ninguna manera lo consideramos así”, explicó el diputado, quien además advirtió que hay una "embestida de la derecha y del sector empleador para revertir este proceso" iniciado en 2005.

Otro integrante de la comisión de la cámara baja, el colorado Fernando Amado (Vamos Uruguay -VU-), dijo que el cambio de las relaciones laborales con la llegada del FA fue "notorio" y lo calificó como "positivo". "Era absolutamente insostenible e incomprensible que no hubiesen negociación colectiva y Consejo de Salarios en Uruguay. Era una cosa muy típica del Uruguay batllista que el gobierno de Luis Alberto Lacalle y los gobiernos posteriores no reimplementaron, cosa que desde mi perspectiva es difícil de entender", planteó.

Este aspecto, según dijo, es considerado por el sistema político "positivo", incluso "todos los líderes hablan de una herramienta que llegó para quedarse". Según Amado, se trata de un ámbito que ha ayudado a mejorar los salarios.

No obstante, consideró que en algunas situaciones los gobiernos del FA se "pasaron para el otro lado" con la intención de "favorecer a los trabajadores", perjudicando el sector empresarial, lo cual se ha constituido en un "brete" para el actual gobierno. Para ejemplificar, recordó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social "manda proyectos para generar algunos cambios en la negociación colectiva, a raíz de un fallo de la OIT por un recurso de las cámaras empresariales, y ahora desde el propio FA se dice que es un mandado y una claudicación ante las patronales".

Esto último, sostuvo Amado, refleja una incoherencia del oficialismo, ya que "para defender a los trabajadores se apega a la OIT, pero eso debería valer para las buenas y para las malas". El legislador de VU destacó, entre otros avances, la instalación de un régimen de trabajo para porteros de edificios y los beneficios para las empleadas domésticas, además de los proyectos relativos al empleo juvenil y al trabajo nocturno. No obstante, también dijo que "en algunas casos los legisladores del FA tienen una presión importante de corporativismos sindicales fuertes, por lo que se han beneficiado aquellos sindicatos muy organizados con una vida institucional importante, y quizás al trabajador independiente y privado, que no deja de ser un trabajador, no se le ha prestado la atención que se le debe prestar". Amado piensa que este "desbalance" es un "debe importante".

El diputado blanco Pablo Abdala, también integrante de esa comisión, admite que la reinstalación de los Consejos de Salarios fue acertada, y que "todos los partidos entienden que deben mantenerse y se han comprometido" a hacerlo. No obstante, lanzó varias críticas al FA. "Se han definido bien los temas a considerar y resolver, pero no se han resuelto de la manera adecuada", opinó. Abdala cree que los gobiernos frenteamplistas "procesaron mal las decisiones" en temas claves como el derecho de huelga o la negociación colectiva, y eso llevó a que "se llevaron demasiado lejos de su propio alcance las soluciones", por lo que en algunos casos hubo que dar marcha atrás, por ejemplo tras el fallo adverso de la OIT ya mencionado. Para el diputado "los contenidos de las leyes no han sido los adecuados", en buena medida, porque los gobiernos "no han sido capaces de apuntalar entendimientos básicos entre trabajadores y empresarios". "El FA mantiene una alianza política más explícita o implícita con las organizaciones gremiales como el PIT-CNT, que terminó por hacerle perder la objetividad, y en lugar de buscar acuerdos terminó laudando en coincidencia del PIT-CNT y casi siempre enfrentado a las cámaras empresariales", sostuvo.

Al igual que Amado, entendió que el abordaje de las relaciones laborales, en el “énfasis por satisfacer la negociación sindical, terminó por debilitar a los trabajadores individuales o a los no sindicalizados".

Meter cuchara

La idea fue presentada de manera informal en ámbitos de gobierno y generó cierta sorpresa. Horacio Castells, vocero de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, propuso que delegados de las cámaras empresariales participen en los ámbitos de negociación colectiva de los trabajadores públicos. Argumentó que las empresas estatales públicas han sido "extremadamente liberales" en sus relaciones laborales, con sueldos que "están por encima del funcionariado privado, y eso no es bueno". "Me dijeron que los que pagaban el sueldo eran ellos, pero no, los que pagamos somos los empresarios, para pagarles el sueldo a los trabajadores del Estado la presión [tributaria] es altísima". Castells dijo incluso que "por pagarles el sueldo a los públicos a veces no podemos pagarles a los privados", y destacó que si bien los gobiernos de todos los partidos supieron que "había que hacer la reforma del Estado y bajar el gasto, todos lo aumentaron".

La otra vereda

En las cámaras empresariales no todo son críticas al FA, aunque claramente aparecen más reproches que en el ala sindical. Horacio Castells, vocero de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, dijo que el gobierno inclinó “demasiado” la balanza hacia el movimiento sindical en estos años, lo que llevó, en el caso de la Ley de Negociación Colectiva, a presentar la queja ante la OIT.

Para el empresario, el crecimiento económico ha permitido una fuerte recuperación del salario real, pero el horizonte, según pronosticó, “no será tan fácil”. “Cuando estamos bien subimos los salarios, pero cuando las cosas vienen regular o mal, no se pueden bajar, y eso hace que las empresas cierren y es una consecuencia complicada”, expresó, para luego ilustrar que si bien “el péndulo estaba del lado de los empresarios, se fue rápidamente para el lado de los sindicalistas, pero va a ser muy difícil que pueda irse nuevamente hacia el otro lado”. Por eso, llamó a actuar con “muchísima responsabilidad”, algo que, según dijo, ha caracterizado tanto a las cámaras como al PIT-CNT.

En tanto, Andrés Fostik, integrante del consejo directivo de la Cámara de Industrias, calificó los cambios como “violentos” en la medida que “la normativa laboral venía quieta y hubo una catarata normativa, de más de 40 normas”, entre las cuales afirmó que hubo “cosas positivas y de las otras”. Entre las primeras destacó la incorporación de la negociación colectiva, “algo que en todos los países civilizados y avanzados se ejerce”. No obstante, sostuvo que la ley que la crea “no tuvo un convenio” entre trabajadores y empresarios, tal como pretendía la OIT. “La misma normativa podría haber traído resultados mucho más positivos, si el Estado no hubiera sido tan intervensionista”, consideró.

Para Fostik, Uruguay pasó de una época en la que “no había una regulación asidua y constante” de las relaciones laborales a una coyuntura en la que se maximizó la regulación, lo cual provocó un escenario que “pudo haber sido más positivo de lo que fue”. Si bien reconoció que la situación económica ha mejorado los niveles salariales, “la lástima es que no lo vemos de común acuerdo de las partes, por el intervencionismo excesivo”.