El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Álvaro Garcé, se manifestó favorable a “regularizar el empleo de marihuana en los establecimientos” carcelarios, ayer, durante una mesa redonda organizada por la asociación Regulación Responsable, que apoya esta causa. “He variado mi opinión sobre el tema”, confesó el jerarca, quien estimó que en los módulos penitenciarios más grandes el consumo de drogas alcanza a 85% o 90% de los reclusos (aunque la droga consumida por la mayoría es la pasta base).

Se hacen rogar

La Liga Federal Frenteamplista (LFF), encabezada por el diputado Darío Pérez, dejó claro ayer que su sector aún no tomó postura respecto del nuevo proyecto de ley de regulación de la producción y comercialización de la marihuana, que incorporó las recomendaciones que este sector propuso. Mediante un comunicado de prensa, la LFF informó que el posicionamiento final lo tomarán el 12 de junio, cuando se realice la junta federal de este grupo. Según afirmaron, “el anuncio prematuro de acuerdo” de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) sólo “entorpece y complica la toma de decisiones” de la LFF. En el sector generó malestar el hecho de que se haya anunciado por medio de la prensa que ya había acuerdo sobre el texto. No obstante, en el grupo ya no existen objeciones y lo más probable es que se mandate a Pérez a votar el proyecto, con lo que el FA obtendría la mayoría necesaria para aprobarlo. La norma recoge los aportes de la LFF, entre ellos la realización de campañas en la educación formal para la prevención de adicciones. El proyecto prevé la posibilidad del autocultivo, la existencia de clubes de membresía y la posibilidad de que las farmacias vendan marihuana. Ayer la comisión especial de drogas y adicciones de la Cámara de Representantes discutió en general la norma y resolvió votarla en la próxima sesión.

Garcé dijo haber visto las “consecuencias” del consumo “no sólo en la seguridad, sino en la salud de esos muchachos”. Planteó que “se necesitan condiciones mínimas para una regulación responsable” y que ello requiere “inversión”. Precisó que, si bien se invierte en crear más plazas para albergar reclusos, también es “indispensable” invertir en la construcción de más espacios “para el tratamiento”, de forma que “no haya sólo una mirada punitiva dentro de las cárceles”. “Hay que generar las condiciones, desde todo punto de vista, institucionales, médicas, ambientales, de infraestructura, como para poder llegar a ese uso responsable”, evaluó. Finalmente, llamó a terminar con la apuesta a la “prisionización, porque no es sostenible”.

Otro de los oradores ayer fue el ex prosecretario de Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle, Leonardo Costa, que es un férreo defensor de la regulación del mercado de marihuana. Este abogado planteó la situación como una “guerra moral” que, sostuvo, de alguna forma es la base que subyace a esta discusión. Costa destacó que “si hay algo que dio resultado en el gobierno anterior fue la política sobre el tabaco” y opinó que si ésta dio sus frutos, por qué no debería pasar lo mismo con la marihuana. Afirmó que como padre tendrá que “partir de la base de que mis hijos van a tener consumo de droga”, porque “si no parto de eso estaría mintiendo”, y entender lo contrario en la sociedad actual “sería hipócrita”. “El gran problema de la moral es la hipocresía”, enfatizó, para luego afirmar que “el foco no debe estar en la sustancia, sino en el individuo”, y en ese marco, es necesario pensar “cómo el individuo se va a interrelacionar con la sustancia”, para lo cual la eventual ley es una “herramienta”. También destacó que ya existen libros en las vidrieras de los shoppings que destacan ventajas del consumo de marihuana, y dijo que aunque sólo se logre aprobar el autocultivo, cualquier cosa será buena para romper el estado actual de la situación.

Costa también admitió que la legalización del comercio y producción de cannabis traerá aparejada la violación de algunos convenios internacionales. Interpretó que los tratados sobre drogas “crearon una burocracia que lo único que hace es defender la existencia del tratado para defender su propia existencia”. “¿Qué es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)? Es un ‘no me toquen nada porque éste es mi trabajo’”, sostuvo. Para el abogado, que fue presidente de la Junta Nacional de Drogas, un camino para defenderse podría ser “ir al Tratado de Viena, que es el marco para interpretar los tratados de los países”, y mencionó que algunos estados de Estados Unidos (uno de los principales “violadores de tratados” del momento) ya legalizaron la marihuana para uso recreativo. “Entre la represión y la libertad me quedo con la última”, manifestó. Por último, dijo que “las encuestas son muy válidas y reflejan una opinión”, pero que hay que “tratar de liderar para mostrar los caminos”, aunque “quien tendrá la última palabra será la gente a través de su voto”.

También expuso el abogado Diego Silva, profesor adjunto de la cátedra de Derecho Penal, que fue delegado uruguayo para la redacción del informe de la Organización de Estados Americanos sobre la situación de las drogas en América, que se está analizando actualmente en la Asamblea General de este organismo, en Guatemala (ver http://ladiaria.com.uy/ACMe). El académico expresó que sobre este tema “hay expectativa a nivel mundial y especialmente en el hemisferio” sobre la experiencia uruguaya. “Los países de la región están siguiendo muy de cerca porque puede ser una iniciativa viable”, subrayó. Aseguró que en la mayoría de los países de la OEA “hay consenso en que las actuales políticas belicistas sobre las drogas no funcionan”, aunque los caminos que se proponen son variados. “Es insostenible continuar por este camino”, entendió.

Respecto de la violación de pactos internacionales, Costa destacó que “Uruguay deberá tener una estrategia internacional”, aunque, según dijo, lo máximo que podría hacer la JIFE es denunciar al país ante la Convención de Viena, cuyas sanciones son sólo nominales: “Nombro y avergüenzo”. Además, sostuvo que si se le imponen sanciones a Uruguay también deberían hacerlo con Estados Unidos. Por su parte, Silva planteó justificar la medida ante la JIFE con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, “que tiene superior jerarquía que otras”, argumentando que uno de los fundamentos de la norma es defender la “salud pública”.