El proyecto de ley sobre cultivo de marihuana sólo ha sido aprobado en la Cámara de Representantes, pero su discusión ya causó algún espasmo en el sistema de justicia. Los allanamientos, requisas, detenciones y procesamientos de cultivadores son menos frecuentes. Tanto juzgados como fiscalías se manejan con más cuidado. No parece tratarse de oportunismo ante el inminente cambio de régimen. Esto responde, más bien, a que el debate público dejó en evidencia la ignorancia reinante en la magistratura en materia de marihuana. Caso a caso, abogados y abogadas se dedican ahora a estudiar la cuestión un poco más en profundidad.

Los tres últimos episodios presentan aristas bastante diferentes, pero también rasgos comunes. En todos ellos, jueces y fiscales exhibieron una actitud más moderada que la Policía, que dedica esfuerzos desproporcionados a la represión de un delito sin víctimas y en vías de extinción mientras la violencia, las balas y los puñales vuelan muy lejos de germinadores y macetas.

La Pedrera, jueves 21 de marzo. Dos hombres y una mujer son detenidos por cultivar un par de plantas de marihuana. Al día siguiente, ante lo esmirriado de la plantación, la Fiscalía ni siquiera los acusa. Los cultivadores recuperan la libertad (no las plantas) el mismo viernes.

Fray Bentos, miércoles 14 de agosto. La Policía encuentra en la tarde siete plantas en un allanamiento. Sin verlas en persona, una química del Instituto Técnico Forense (ITF, dependiente del Poder Judicial) estima su producción potencial en tres kilogramos, rendimiento que muy de vez en cuando alcanzan cultivadores de alto nivel. La jueza dispone esa noche la detención de tres hombres, que quedan libres el jueves de tarde. La fiscal remite las plantas a la química para que al menos las huela, las toque o las pese. Todo hace presumir que no habrá acusación o que será muy leve.

Maldonado, jueves 15 de agosto. Ocho personas son detenidas por posesión de plantas y semillas, informó la radioemisora local FM Gente. En la operación participa hasta el GEO. Pero al día siguiente la mitad de los detenidos son liberados. Del resto, a dos hombres y una mujer se los procesa por suministro de estupefacientes y al restante por su importación. Lo incautado a esos cuatro, según el portal Maldonado Noticias, suma 151 semillas holandesas, cinco plantas, mudas, germinadores y ¡6,38 gramos de marihuana! Con todo eso se puede armar, con suerte, tres porros. Suena a barra de amigos que arman la vaquita y les sale mal. El que aporta la tarjeta de crédito se morfa lo peor.

El intercambio u obsequio de semillas por encomienda postal es habitual entre cultivadores de todo el mundo. El carácter estupefaciente de las semillas es muy discutible, pues carecen por sí solas de efectos psicotrópicos. La confusa ley 14.294 no las menciona. El proyecto a debate en el Senado propone exceptuar “las semillas y las hojas separadas del tallo” de la categoría “cannabis psicoactivo”, y encarga al Poder Ejecutivo establecer “mecanismos de acceso a las semillas”. La intención es autorizar el cultivo sin dejar vacíos legales que dificulten la obtención de su insumo básico o lo empujen a la clandestinidad.

La imprecisa legislación actual hace rebotar la jurisprudencia entre varias bibliotecas. Impone un régimen hipócrita e irreal: el traspaso gratuito o comercial de estas inocuas bolitas en bolsitas, sobres y frascos es irrefrenable. La hipocresía llega al extremo de que los bancos de semillas advierten a su clientela, ya desde el envase, que está prohibido cultivar el contenido, destinado en exclusiva a “coleccionistas”. Ja.

Costa Canaria, comienzos de 2011. La situación era muy distinta. La activista cannábica argentina Alicia Castilla fue encarcelada por poseer 15 plantines sin sexuar, y también el artesano Mauricio Balitzki, dueño de siete en iguales condiciones. Todo eso no daba ni para un mareo: sólo tiene efectos psicotrópicos la floración de la planta femenina, cuyo sexo se manifiesta semanas después de la germinación. Al salir de la cárcel, Castilla había pasado en Uruguay, el país donde ha elegido vivir, más tiempo entre rejas (95 días) que libre.

No es que jueces y fiscales, ni mucho menos policías, sepan ahora diferenciar hojas y palitos de “sumidades floridas con o sin fruto”, como denomina el proyecto de ley al viejo y querido cogollo. Ni que acomoden el cuerpo a la ley aún no aprobada. Ni siquiera que rija la mano blanda: no cesan los procesamientos y condenas de traficantes por el ingreso, transporte y comercio de ladrillos de marihuana prensada. Pero jueces y fiscales cayeron en la cuenta de que sabían poco y comenzaron a consultar literatura más o menos especializada y a expertos antes de prolongar trámites en los que está en juego la libertad de las personas.

Cuando quede vigente el proyecto de ley sobre marihuana y sus derivados, los humos serán más transparentes. Para ese capítulo restan algunas semanas en que la persecución policial a los cultivetas les alivianará el curro a los rapiñeros.