-¿En qué etapa se encuentra el proyecto de ley presentado este mes por Alexéi Zhuravliov?

-Aún no ha sido incluido en la agenda oficial [del Parlamento], pero puede tratarse en la sesión de primavera [otoño en el hemisferio sur]. De ser así, deberá pasar por tres sesiones, ser aprobado por el Consejo de la Federación y firmado por el presidente. Si se aprueba esta ley permitirá despojar a las personas de la patria potestad por lo que se define vagamente como “relaciones sexuales no tradicionales”. En Rusia, la homosexualidad se despenalizó en 1993, pero este proyecto, al igual que las leyes sobre “propaganda”, incluye la homosexualidad en la normativa legal como una conducta penalizada o que debe ser controlada por el Estado.

-¿Qué sucede con las otras leyes homófobas ya aprobadas?

-La prohibición de la llamada “propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales” entre menores de edad ha demostrado ser una limitación de la libertad de expresión y de reunión y del derecho de acceso a la información. Los legisladores dan un paso más en su presunta misión de protección, estigmatizando y criminalizando aun más a las personas LGBT [Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans]. En 2012 las autoridades se dedicaron a identificar, según su conveniencia, grupos que presuntamente son una amenaza para la sociedad rusa y, por lo tanto, pueden ser legítimamente hostigados y eliminados. Y si las autoridades son vistas como ineficientes en esa tarea, la misión es tomada por la muchedumbre. Este discurso es sostenido mediante la representación distorsionada de los hechos y el uso incorrecto del lenguaje en los medios de comunicación y en las declaraciones de los funcionarios. Entre las propuestas difundidas por los legisladores -aunque no se presentó nada formalmente- está la de establecer clínicas de terapia de conversión sustentadas por el Estado.

-¿Cómo es la relación de las organizaciones LGBT con el gobierno? ¿Hay diálogo?

-Invertimos mucho esfuerzo para establecer un diálogo. Hasta ahora hemos trabajado principalmente con los comisionados regionales y federal para los Derechos Humanos y el Consejo Presidencial de Derechos Humanos. Es difícil llamar “diálogo” al modo actual de comunicación. Más bien es un esfuerzo constante por transmitir nuestro mensaje; esperamos llegar a la etapa de ser escuchados. El gobierno ha reforzado el control sobre la sociedad civil mediante la aprobación y aplicación de normas restrictivas que impiden el ejercicio de las libertades de asociación, reunión, expresión, pensamiento y prensa. Una amplia gama de ONG, en particular las que defienden a las víctimas de violencia y abuso de poder, son perseguidas por el Estado. La Ley de Agentes Extranjeros obliga a registrarse como tales a todas las ONG cuyas actividades son consideradas “políticas” por las autoridades y que reciben financiación de fuentes extranjeras. Esto busca etiquetar a la comunidad de derechos humanos como un grupo de “espías” o “enemigos” para desacreditarla ante la sociedad y excluirla de la esfera pública. Cuatro meses después de la aprobación de esa ley, más de 1.000 ONG rusas fueron sometidas a inspecciones ilegales sin precedentes, 56 fueron identificadas como “agentes” y se instruyen procedimientos administrativos contra 22. La organización LGBT Saliendo y el festival de cine Juntos fueron multados con 500.000 y 400.000 rublos [15.700 y 12.500 dólares], respectivamente, y sus líderes fueron sometidos a proceso. Las autoridades anunciaron la inspección de otras 1.200 ONG. Hay un endurecimiento del control de la libertad de reunión mediante la aplicación arbitraria de la Ley de Asambleas y Reuniones, con sanciones desproporcionadas por presuntas infracciones durante mitines, marchas y piquetes, que tienen un objetivo “preventivo”. A su vez, el proceso de aprobación de reuniones públicas es discriminatorio. El permiso depende del tema, por lo que es difícil o imposible para algunos grupos ejercer su libertad de reunión. Las acciones de las organizaciones LGBT, los grupos de la oposición y otras asociaciones públicas se rechazan regularmente sin motivo legítimo. En los dos últimos años las autoridades de Moscú no permitieron ninguna acción pública en defensa de los derechos LGBT.

-¿Hay registro de homicidios por identidad sexual o identidad de género?

-En Rusia no hay datos oficiales. En 2013 se denunciaron a la Policía 14 crímenes de odio por estos motivos, pero sólo en cuatro se iniciaron procesos penales. Sólo un caso de ataque contra un activista LGBT antes, durante o después de una acción pública LGBT ha sido juzgado. El atacante fue condenado a dos meses de servicio comunitario y el motivo de odio no se tuvo en cuenta.

-¿Qué sabés sobre los reportes de ataques neonazis?

-En los últimos meses hemos sido testigos de la aparición y el crecimiento de dos movimientos o proyectos: Occupy Gerontofilia y Occupy Pedofilia, dirigidos por neonazis. Afirman que trabajan para luchar contra los pedófilos y los hombres jóvenes que practican sexo con hombres, para mejorar la moral de la sociedad y velar por el cumplimiento de la ley. Atraen a sus víctimas con falsas publicaciones en sitios web de citas, abusan de ellas y las torturan delante de una cámara. Los videos se publican en internet; en este momento hay 15 online. Esto se apoya en la idea promovida desde el Estado de “proteger a los niños” y en la percepción de la homosexualidad masculina como sinónimo de abuso sexual infantil.

-Diversas versiones de prensa atribuyen a la Iglesia Ortodoxa una gran influencia política...

-Así es. Lo que es aun más peligroso es que es escuchada por la mayoría de la población rusa. En algunas regiones, sus representantes participan directamente en los grupos de extrema derecha que utilizan la violencia como método. En junio un sacerdote ortodoxo estuvo presente en una audiencia como defensor de oficio del agresor de un activista LGBT. Como si eso fuera poco, después de la audiencia vi que el sacerdote entregó al agresor un certificado con palabras de agradecimiento “en nombre de la mayoría ortodoxa” por sus acciones, presuntamente proteger a la sociedad de la inmoralidad y defender los valores tradicionales.

-¿Cómo opera la Policía?

-Cuando las autoridades permiten reuniones públicas, lo habitual es que no garanticen la seguridad de los organizadores y participantes ni reaccionen como es debido ante las violaciones de la ley y el orden de quienes tratan de impedir esas reuniones. En enero de 2013, durante una movilización autorizada en la ciudad de Voronezh contra la aprobación de la ley sobre “propaganda”, la Policía local no protegió a una docena de participantes de la acción agresiva de manifestantes homófobos, que se reunieron ilegalmente y en número sin precedentes (eran entre 300 y 500, según distintas estimaciones). En muchos casos, es la Policía la que aplica violencia innecesaria contra los participantes en manifestaciones y realiza detenciones arbitrarias.

-En lo discursivo parece que la homofobia apunta contra los gays. ¿Qué sucede con las lesbianas y las personas trans?

-Actualmente el discurso del odio está dirigido contra los varones homosexuales, el resto del espectro LGBT es invisible. De todos modos pienso que el aumento de la visibilidad y la escalada de atención negativa son signos de progreso, porque para llegar a respetar los derechos de otras personas, primero hay que reconocer su existencia. Me gustaría que no hubiéramos tenido que sufrir de esta manera para ganar el respeto, pero parece que es el único camino.