“Los principios son universales, más allá de la realidad de cada país”. Con esta anotación, el relator de Naciones Unidas para la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, comenzó en el anfiteatro de la Torre Ejecutiva su informe sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), a estudio de la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes. La norma ha sido cuestionada en Uruguay por organizaciones empresariales de los medios y de la publicidad.

Tiene quién la defienda

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) lanzó una campaña en defensa del proyecto de ley de SCA. Periodistas, músicos y artistas en general -Jorge Schellemberg, Jorge Denevi, Ana Prada, Santiago Tavella, César Troncoso, entre otros- dan sus razones para apoyar la norma en spots que pueden verse en el canal en Youtube de la CCD (http://www.youtube.com/user/coalicionuy).

La Rue felicitó en primera instancia al gobierno uruguayo por la decisión de enviar al Parlamento el proyecto, al que calificó como un “gran paso para salir de la falta de transparencia que existió en el pasado”, respecto fundamentalmente de la adjudicación de las frecuencias. Opinó incluso que el gobierno “se tardó mucho en presentarlo”. “Éstos son recursos del Estado que deben ser regulados para beneficio del Estado, no son recursos privatizados en beneficio de uno o dos individuos”, enfatizó.

Consideró “valiosísimo y oportuno” que el gobierno haya realizado una “revisión de prácticas anteriores” y destacó que el proyecto fue elaborado luego de dos años de consultas a distintos actores de la sociedad. Evaluó en forma positiva que se haya optado por no regular internet, ya que la situación es “bastante diferente” y se debe “evitar que los Estados sobrerregulen”.

Más allá de los elogios, hizo algunas sugerencias. En línea con el pronunciamiento de otros organismos internacionales, evaluó que debería modificarse la integración de la dirección del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA); consideró que sus miembros, designados en su mayoría por el Poder Ejecutivo, deberían ser nombrados en su mayoría por el Parlamento, para tener “un mayor nivel de representatividad y un menor nivel de conflictividad”. Los representantes frenteamplistas en la comisión ya acordaron que éste será uno de los cambios que introducirán al proyecto, en el sentido propuesto por La Rue. El relator opinó además que se debería dar mayor poder a este organismo, que debería pasar de tener una función consultiva a tener una función de asignación de las frecuencias -que hoy recae en el Poder Ejecutivo-.

Durante su exposición, el relator de la ONU hizo referencia a las disposiciones que prohíben la exhibición de violencia extrema y de pornografía en el horario de protección al menor. Sostuvo que cree en el horario de protección al menor, ya que “es muy importante mantener la protección de la niñez en cuanto al contenido”, y sostuvo que “el morbo atenta no sólo contra la niñez sino contra la población entera”. Cuestionó a la prensa que “utiliza la violencia para vender”.

También se mostró favorable a incluir porcentajes mínimos de producción nacional, ya que lo juzgó “importantísimo para preservar tradiciones y cultura de un pueblo”.

En síntesis, consideró que el proyecto de ley de SCA “democratiza los medios audiovisuales y facilita la libertad de expresión”. Negó que se trate de una “ley mordaza”, como han señalado algunos dirigentes de la oposición, y llamó a no confundir libertad de comercio con libertad de expresión. “Es legítimo tener intereses comerciales, pero no se debería dejarlos prevalecer por encima de la vocación y el deber de informar”, enfatizó. “[Esta ley] no debe ser considerada jamás una mordaza, o un impedimento a expresiones políticas. Uno puede discutir más o menos regulaciones, pero son regulaciones legítimas, que en todas partes del mundo existen. Es malo llevar el debate a una polarización excesiva. No hay que excederse y no hay que llamar libertad de expresión a la libertad comercial”, advirtió.

El prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, informó que el Ejecutivo propondrá una redacción alternativa a algunos artículos de la ley. “Estamos dispuestos a mejorar la redacción, de acuerdo a las opiniones que se han recabado”, manifestó. En los próximos días habrá una reunión con los legisladores frenteamplistas para acordar los cambios. Adelantó no obstante que no habrá modificaciones en los artículos destinados a promover la protección de los derechos de niños y adolescentes. “El fondo del asunto, que es garantizar los derechos de niños y adolescentes, debe prevalecer sobre cualquier otro aspecto”, enfatizó. Respecto a la integración del CCA, indicó que “el gobierno está abierto a mejorar lo máximo posible”. “La ley genera más límites al poder político y al poder de gobierno, y es parte de lo que el gobierno buscó”, aseguró. La bancada del FA quiere aprobar la iniciativa en ambas cámaras antes de fin de año.