Aprovechando el cambio de año, y con la campaña electoral en las gateras, parece pertinente dejar algunos trazos generales sobre el modelo agropecuario en curso, como punto de partida para una serie de columnas en clave de desafíos para los sectores populares rurales.

Es que comprender el patrón de desarrollo que se impone a partir de los datos concretos de la realidad es un acto de responsabilidad política para aquellos que tenemos interés por participar e involucrarnos en el destino de este pedacito del mundo. Porque actuar conscientemente requiere de una noción internalizada de dónde estamos parados para caminar hacia un futuro deseado. Y ese futuro sigue siendo para nosotros un medio rural cuyo territorio esté democratizado, una sociedad descentralizada, una agricultura con agricultores, sistemas de producción sanos para con el entorno, los trabajadores y quienes consumimos alimentos.

Y aunque los políticos profesionales quieran pintar de “heterodoxia objetiva” fruto de una milagrosa destreza técnica las acciones políticas que encuadran lo que ocurre en nuestra realidad nacional y rural, es posible dar cuenta de los rasgos principales del modelo de desarrollo en curso sin tanta complejidad.

A pesar de que el vicepresidente, Danilo Astori, se ofenda (http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/4/un-modelo-para-chicos/) debemos manifestar que sí existe un modelo. Coincidimos con él en que no vino sólo de afuera, sino que hubo y hay sistemáticas acciones políticas que permiten la consolidación de lo que ocurre: la consolidación del agronegocio como motor del crecimiento rural, una base tecnológica centrada en el gran capital, la escala de producción y el uso intensivo de insumos químicos para la fertilización y protección vegetal, el predominio de la monocultura en agricultura y forestación, el avance sostenido del capital financiero sobre nuestros ecosistemas fundamentalmente a través de la compra de tierra consolidando el despoblamiento rural, la concentración y transnacionalización de la tierra y las cadenas agroindustriales.

Si miramos un poquito para atrás, en la historia reciente del país, comprenderemos que las transformaciones del agro fueron sembradas en la dictadura militar y fuertemente abonadas durante el modelo neoliberal que siguieron los gobiernos de derecha posdictadura: apertura económica, promoción de rubros no tradicionales, no intervención del Estado en el mercado de productos, ley de promoción forestal, etcétera.

En el modelo actual se confunden los trazos de continuidad y cambio. Es difícil poner en la balanza cuánto hay de uno y otro, más aún cuando el neoliberalismo más rancio está ahí agazapado a la derecha del tablado. Es claro que hay algunos cambios, fundamentalmente en el plano de los derechos de los trabajadores y algunas políticas compensatorias para la producción familiar. Pero la continuidad y profundización del modelo basado en la inversión extranjera directa es por demás evidente y tiene severas consecuencias para otro modelo de vida y producción en el medio rural. Se trata de un proyecto que ha procurado readecuar el Estado a los intereses del capital (Ley de Inversiones, exoneraciones tributarias, zonas francas, reducidos gravámenes impositivos) con políticas sociales compensatorias y una mayor intervención en las políticas laborales.

Los fundamentos ideológicos que conducen la política agropecuaria nacional no han cambiado, por más que esté el Frente Amplio (FA) en el gobierno, sin que existan sectores del FA capaces de disputar ideológicamente un modelo agropecuario a favor de los intereses populares.

Si en 1988 el profesor Raúl Latorre sostenía que las condiciones de dominación del capital sobre los productores familiares y los asalariados se ven favorecidas por la insuficiente elaboración que sobre la cuestión agraria tienen los partidos de izquierda y el movimiento sindical, esta constatación más de 20 años después se mantiene inalterada.

Lo anterior hace ver los límites y posibilidades de avanzar en un proyecto que favorezca a los sectores populares, únicamente, a partir del accionar del Estado y las políticas públicas específicas. Es claro que intervenir sobre el marco normativo y jurídico del Estado, es decir readecuar al Estado en función de los intereses populares y en contra de los intereses del capital, es una tarea permanente, pero no única, que además exige que los sectores populares tengan una propuesta, un proyecto, otro modelo. En los últimos años se han incrementado las organizaciones sindicales de trabajadores rurales, motivadas por la participación en los Consejos de Salarios y las políticas laborales específicas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A nivel de las organizaciones de productores familiares, también se registra un reflote de las organizaciones de base, así como de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). Han emergido otros colectivos organizados de productores y consumidores vinculados a las producciones agroecológicas o vinculadas a problemáticas productivas y ambientales relacionadas a la contaminación con agroquímicos. El avance y acaparamiento de los medios de producción (en particular la tierra) por parte del agronegocio despiertan conciencia de que otro modelo es necesario. La propia CNFR ha definido que existen dos modelos contrarios, el del agronegocio y el de la producción familiar.

Esto alienta la necesidad de construir un frente a nivel rural constituido por productores familiares, asalariados rurales, académicos, educadores, consumidores y trabajadores urbanos, que proponga otro modelo de producción y dispute con el agronegocio, que lo niegue como la única vía para organizar la vida y la producción en el campo. Construir, reforzar y conectar las experiencias ya existentes que alientan otro modelo de organización de la vida y la producción no sólo es posible, sino que es una responsabilidad histórica de nuestra generación.