Antes de que comenzara la sesión del Senado de ayer ya había cientos de trabajadores de la construcción apostados alrededor del Palacio Legislativo. Luego siguieron llegando en ómnibus contratados, camiones y motos, enloqueciendo el tránsito matinal de la ciudad. A las 10.00, cuando comenzó la media hora previa de la cámara, la explanada del Palacio estaba repleta de remeras y banderas rojas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), cuya prolija organización montó un estrado con pantalla gigante para seguir la sesión, desplegó más de un centenar de sillas y colocó baños químicos y cocinillas portátiles para calentar agua, mientras los trabajadores llevaron dos batucadas.
El Senado no tenía previsto en el orden del día discutir el proyecto de ley de Responsabilidad Penal del Empleador, pero la bancada del Frente Amplio (FA) había decidido incluirlo el lunes, en carácter de “grave y urgente”, y darle sanción definitiva, tal como había sido remitido desde Diputados. Tras aprobar la venia a Luis Charles para el Tribunal de Apelaciones, el Senado pasó a cuarto intermedio a pedido del senador del Partido Nacional (PN) Luis Alberto Heber (Lista 71). A las 11.00 se retomó la sesión y tomó la palabra el coordinador de la bancada del FA, Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), para presentar la moción de discutir el proyecto y decir que los coordinadores de las bancadas del PN y del Partido Colorado (PC) ya habían sido informados de la postura del oficialismo sobre el tema. La moción se aprobó por votos 19 en 27 y enseguida habló como informante, y hasta que se le acabó el tiempo, el senador Eduardo Lorier (Partido Comunista, PCU).
El legislador señaló que se producen más de 50.000 accidentes laborales, fallecen unos 50 trabajadores por año y cada dos días “queda un trabajador con una discapacidad permanente”. Luego se refirió al “costo social” de esta situación: el costo por día por atender a un trabajador accidentado es de 1.500 pesos, algo que se multiplica si es necesaria una internación y que sube a 850 dólares diarios si el accidentado requiere tratamiento intensivo. Lorier añadió que, según cifras “apabullantes” del Banco de Previsión Social, en 2013 el total de accidentes de trabajo tuvo un costo de 47 millones de dólares. El senador se refirió también al “costo de los que se quedan con el silencio de quienes no están, el costo de la destrucción de los hogares que viven esa tragedia y que quedan marcados de por vida”.
La sesión fue seguida atentamente desde las barras por trabajadores de la construcción, un grupo de viudas de obreros fallecidos y dirigentes políticos y sindicales como el diputado del FA Luis Puig (PVP) y el secretario general del SUNCA y diputado Óscar Andrade (PCU).
Lorier continuó criticando a los que plantean que la penalización “ya existe” y se preguntó “cómo explican” que haya habido “tanta cantidad” de accidentes de trabajo y “ni un solo juzgamiento”. Lorier defendió la aprobación del proyecto, pero expresó que “la batalla más grande consiste en ganar la cabeza de cada trabajador para que entienda que no hay contrato de trabajo que pueda obligarlo a arriesgar la vida”.
En su larga exposición, el senador comunista señaló varias “paradojas”, como la ausencia de formación sobre el tema en la Facultad de Arquitectura, que “no tiene ni un módulo sobre seguridad laboral”, o que gracias a la existencia de la “trazabilidad del ganado” es posible saber “todo sobre el ganado” pero “no se sabe nada sobre los trabajadores”. Lorier opinó que este proyecto apunta a “avanzar en una cultura de prevención y no de represión”, y que pretende defender también a las empresas “cumplidoras” de los sobrecostos que tienen que asumir para competir con las “incumplidoras”.
Queríamos estar
El senador del PC Ope Pasquet lamentó no haber llegado a una fórmula para “acompañar un proyecto sobre un tema tan importante” y “conciliar su propósito con las garantías del derecho penal liberal que resultan irrenunciables”, pero aclaró que no está en contra “de que se creen figuras penales para defender esto”. El nacionalista Pablo Abdala criticó el proyecto, anunció la presentación de uno alternativo y dijo que la iniciativa original remitida por el SUNCA al Parlamento era más parecida a la del PN que a la del FA, y por eso “fue firmada” por un legislador blanco, Carmelo Vidalín.
El senador frenteamplista Roberto Conde (Partido Socialista) dijo que el aumento de la accidentalidad laboral necesita “un sacudón” y que la aprobación de la ley “puede ser un punto de inicio”. “Tenemos que dar una respuesta ahora, en un momento dramático de nuestra sociedad”, agregó. Aclaró que “si bien no es imprescindible”, hubiera preferido que la expresión “omisión deliberada” fuera incorporada en el texto para darle “más determinación jurídica y mayor eficacia a la norma”.
Por su parte, el senador de la bancada del PN Aldo Lamorte (Unión Cívica) criticó, por considerarlo “una paradoja”, que los trabajadores llegaran peligrosamente “colgando de camiones” a pedir la aprobación de una ley como ésta, y dudó de la seguridad de los andamios armados afuera.
Representantes
Constanza Moreira destacó que las penas que establece el proyecto de ley son “excarcelables” y que “no va a ir ningún empresario preso”. En su argumentación, Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), quien finalmente no se fue de sala al momento de la votación, leyó el comunicado del Frente Liber Seregni (FLS) emitido hace unos días sobre el tema y aclaró que “nadie tenía la intención de que no hubiera una ley que atendiera estos asuntos”.
El senador Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay) reafirmó que los senadores del FLS querían que se incluyera el concepto de “omisión deliberada”, pero recalcó que por ser “hombres de partido” y respetar “la disciplina” votarían afirmativamente pese a que el texto no se cambió. De todas formas, dijo que si la ley se llegara a declarar inconstitucional, “lo que hoy se ve como un avance podría ser un estancamiento y hasta un retroceso, por eso planteamos los reparos”.
Rubio defendió que exista una ley sobre el tema y opinó que “hay una cultura de impunidad”, ya que las únicas consecuencias para los empresarios que incumplieran la normativa de seguridad, hasta ahora, eran económicas. “Puede que tenga vacíos con respecto a lo público y a la actividad doméstica, pero me parece muy forzado pensar que esto apunta a la actividad doméstica”, expresó. Hizo énfasis en la reglamentación, de la que dijo que “debe ser muy exigente”.
Otro de los senadores del FLS, Rafael Michelini (Nuevo Espacio), señaló que su sector peleó “para arropar la ley para que estuviera más vigorosa”, y reivindicó que el FA “representa al mundo del trabajo, y son los sindicalistas, que son nuestros hermanos, y el resto de los trabajadores, aunque no estén sindicalizados; también son los cooperativistas, los cuentapropistas y los pequeños y medianos empresarios”. Dijo que debieron haber puesto “más energía en esta ley”. “No hicimos honor al espíritu frenteamplista, porque la ley sale débil”, sostuvo, pero reafirmó el valor de la unidad: “Cuando no hay unidad no hay cambios. Me costó mucho tiempo entenderlo, pero ahora la cuido”. Finalmente, aseguró que nunca estuvo arriba de la mesa “irnos de sala”.
La oposición apuntó varias veces contra la bancada del FA por sus diferencias internas. En respuesta a Michelini, Heber señaló que “se lo han llevado por delante la mayoría del FA y el SUNCA”, y aseguró que “nadie tiene el monopolio de la defensa de los trabajadores; nosotros defendemos a los trabajadores”. Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) también cuestionó que el FA “termina opinando en contra de lo que recomendaron el presidente y el vice”, e insistió en la discusión sobre la conveniencia o no de las mayorías parlamentarias: “Lo que va a estar en discusión es si se quiere continuar con una mayoría parlamentaria de un solo partido o si se quiere conformar una de más partidos”.
Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular), uno de los últimos en argumentar antes de la votación nominal, destacó que esta reivindicación, “que no es por salario, sino una reivindicación moderna del movimiento sindical, es un avance de la organización”, y dijo que la votaba porque es “un camino para enfrentar los problemas”.
