“A partir del 11 de diciembre no hay más cepo”, dijo Macri en una entrevista con la radio La Red el martes 17 de marzo, en su primera promesa de campaña. También fue el primer encontronazo dentro de su partido, Propuesta Republicana (Pro): al día siguiente, uno de sus asesores en economía, Carlos Melconian, relativizó las declaraciones del entonces precandidato señalando que si bien se les había ordenado estudiar el levantamiento del cepo, esto no podría hacerse de la noche a la mañana. Pese al rezongo que recibió en ese momento, Melconian -que fue designado eventual ministro de Economía por Carlos Menem previo a las elecciones de 2003- sigue colaborando con Macri, aunque con un perfil más bajo.

Si bien Macri no volvió a dar un titular como ése, la semana pasada dijo en una entrevista que en un eventual gobierno suyo “el mercado va a fijar el tipo de cambio” y el Estado “no va a intervenir” en él. El candidato y sus asesores han dicho en diversas entrevistas que si gana Macri y se levanta el cepo, la economía argentina recuperará mucha confianza (generando el regreso de dólares de argentinos en el exterior, la venta de la soja que el campo mantiene en silos a modo de depósito y la pesificación de la economía). Por eso, dicen, no habría un fuerte impacto en los bolsillos de los argentinos, ya que si bien sería un “shock” -palabra que han mencionado varios asesores económicos de Macri- sería pasajero, gracias a esa confianza. En las últimas dos semanas el equipo de campaña de Macri ha manejado un nuevo argumento: el gobierno de Cristina Fernández es el que más devaluó, y los precios se fijan de acuerdo con el dólar paralelo, no el oficial, por lo que no habría una devaluación real si se levantara el cepo, porque el dólar fluctuante quedaría, más o menos, en el nivel del dólar paralelo.

Desde el gobierno y el sciolismo se asegura que esta estrategia es absolutamente inviable y que un levantamiento brusco del cepo cambiario implicaría una devaluación superior a 25%. Además, argumentan que las gestiones del gobierno sobre el dólar han permitido que crezca menos la inflación, que, según el sciolismo, es el indicador más importante porque es el que llega “al bolsillo del trabajador”.

Scioli no ha dicho qué haría con el cepo cambiario, pero según los medios argentinos sus asesores estudian la posibilidad de hacer un desdoblamiento cambiario con un precio del dólar más bajo para exportaciones e importaciones y otro más alto para ahorro, turismo y otras transacciones financieras. Esto daría un respiro a los sectores que están necesitando dólares (desde la industria reclaman que tienen deudas impagas porque el gobierno les da menos dólares que los que necesitan) y evitaría una devaluación del peso argentino. Las otras líneas en las que trabaja el equipo económico de Scioli, reseñadas por el diario argentino Página 12, son el fortalecimiento del mercado interno potenciando el papel del Estado en la economía con la creación de dos agencias: una para créditos hipotecarios y otra para préstamos dirigidos a inversiones empresariales, sobre todo aquellos destinados a una mayor producción. Además, se fortalecería la asistencia a pequeñas y medianas empresas desde el Banco de Inversiones y Comercio Exterior.

La estrategia de Macri no sólo es cuestionada por el gobierno y el sciolismo, sino también por algunos economistas que publican columnas en diarios como La Nación y Clarín; Daniel Canedo, por ejemplo, señala que las reservas en dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) son demasiado bajas como para que esta jugada sea exitosa, o que es casi inevitable que se produzca una devaluación del peso argentino si se libera el cepo del dólar.

Demasiado lejos

El tema del cepo cambiario y la eventual devaluación se ha llevado buena parte de este último tramo de la campaña, así como las denuncias del macrismo de que se trata únicamente de una “campaña sucia”.

Ayer fue el oficialismo el que acusó al macrismo de hacer campaña sucia: lo dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, en referencia al allanamiento del BCRA, que también fue criticado por Scioli, quien aseguró que detrás del allanamiento a las oficinas hay un intento de “golpe a las reservas y la soberanía”.

Cambiemos llevó a la Justicia el tema de cuál será el precio del dólar el año próximo. ¿Cómo lo hizo? Dos diputados de este sector, Federico Pinedo y Mario Negri, asesorados por el referente económico de Cambiemos, Alfonso Prat-Gay, denunciaron ante la Justicia que el BCRA vende dólares en el mercado futuro a un precio menor al que tendrá el dólar el año próximo. En el mercado futuro se venden en el momento bienes con un precio especulativo a futuro; así, el BCRA vende dólares a 10,8 pesos argentinos a entregar a fines de marzo, porque es el precio que considera que tendrá el dólar oficial en ese entonces tomando como base el presupuesto 2016. Si en marzo el dólar es más caro y sale, por ejemplo, 11 pesos argentinos, el BCRA perderá 0,2 pesos argentinos por dólar. En cambio, si es más barato y vale 10,6, ganará 0,2 pesos argentinos por dólar.

Prat-Gay asegura que el BCRA actúa como “un estúpido”, porque está “regalando” el dólar con su previsión de 10,8 pesos argentinos para marzo, cuando podría estimar su precio en 14 o 15 pesos argentinos. Basa estas cifras en que operadores privados están vendiendo dólares en mercados a futuro a ese precio, que es, casualmente, el mismo en el que se espera que esté el dólar paralelo u oficial (depende de si gana Scioli o Macri el domingo) en marzo. El asesor de Macri asegura que Cambiemos quiere frenar estas ventas porque esta “actitud temeraria” del BCRA “le quiere complicar la vida al que asuma el 10 de diciembre”.

El presidente del BCRA defendió la gestión y aseguró que los argumentos de Prat-Gay, esgrimidos por Negri y Pinedo en su denuncia, demuestran que “si la toma de decisiones estuviera en sus manos, [Cambiemos] promovería una fuerte devaluación”, al dar el precio del dólar en 14 o 15 pesos argentinos.

En el marco de esta investigación, el juez de la causa, Claudio Bonadío, ordenó un allanamiento en las oficinas del BCRA que fue realizado por la Policía Metropolitana, que depende del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, Macri. Autoridades del gobierno y del BCRA criticaron la operación, que fue calificada de “golpe de efecto” buscado por la oposición.

Tras el allanamiento, Bonadío reconoció que lo ordenó para buscar unos documentos que ya le habían sido enviados por el BCRA a su despacho. Ayer el diputado oficialista Héctor Recalde presentó ante la Justicia una denuncia contra Bonadío por este hecho.