Un informe publicado ayer por Amnistía Internacional (AI) afirma que el grupo jihadista Estado Islámico (EI) fue ampliando su arsenal “mortífero” por culpa de “la mala regulación de los flujos de armas hacia Irak durante decenios” y la “falta de control sobre el terreno”. Esto, señala el texto, permitió a EI y a “otros grupos armados” una “excelente coyuntura para lograr un acceso sin precedentes a la potencia armamentística”, que se está utilizando para cometer “abusos graves y sistemáticos contra los derechos humanos”.

El informe, titulado “Haciendo balance: armar al Estado Islámico”, pone en evidencia cómo el traspaso irresponsable de armas a Irak suministró -y fortaleció- a EI, y expone en detalle las complejas cadenas que prueban por dónde pasó el armamento antes de quedar en manos del grupo jihadista.

AI encontró una “estrecha coincidencia” entre los tipos de armas que utiliza actualmente EI y el inventario del Ejército iraquí acumulado en los últimos 50 años, por lo que concluye que “una parte sustancial del actual arsenal militar” de EI “está compuesto por armas y equipo procedente de las existencias del Ejército de Irak que se han saqueado, capturado o con las que se ha comerciado ilícitamente”. También denuncia que EI accedió a armamento mediante “la captura o la venta del arsenal militar sirio y las armas suministradas a grupos armados de oposición en Siria por países como Turquía, los países del Golfo [Pérsico] y Estados Unidos”.

Al examinar los eslabones de la cadena de suministro -a partir de los análisis de “miles de videos e imágenes” realizados por expertos-, el informe señala que los jihadistas cuentan con distintas variedades de rifles, principalmente variantes del AK soviético, provenientes de los ejércitos estadounidense, chino, alemán y belga. En el arsenal los expertos también encontraron fusiles para francotirador austríacos y rusos, ametralladoras rusas, chinas, iraquíes y belgas, misiles de la ex Unión Soviética y de la ex Yugoslavia, y sistemas de artillería rusos, chinos, iraníes y estadounidenses. La cantidad, la variedad y el tipo de armas reflejan años de “transferencias irresponsables a Irak” y una “corrupción endémica” en este país.

Además, el informe denuncia a Estados Unidos por transferir “más de un millón de armas de infantería y pistolas con millones de municiones” a las fuerzas armadas iraquíes durante la invasión a ese país, “a pesar de tratarse de un ejército mal estructurado y corrupto e indisciplinado”, porque miles de estas armas desaparecieron sin dejar rastros. Según los expertos, fue en este período que florecieron el mercado negro de armas y los suministros encubiertos a Irán, lo que provocó que los grupos armados que operaban en Irak pudieran conseguir fácilmente armas y municiones.

“Las fuerzas dirigidas por Estados Unidos no actuaron con determinación para evitar abusos contra los derechos humanos, controlar los arsenales, desarmar a los soldados iraquíes al disolver las fuerzas armadas y evitar que los excedentes y las importaciones de armas llegaran a manos de milicias que funcionaban como escuadrones de la muerte o insurgentes”, lo que “se agravó al no investigar, supervisar, formar y exigir responsabilidades de forma adecuada a las diversas fuerzas de seguridad iraquíes con arreglo al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, agrega.

Finalmente, AI exhorta a los gobiernos a adoptar una norma de “presunción de denegación” respecto de la exportación de armas a Irak, para ponerle fin a la “proliferación y el persistente mal uso de las armas en Irak”, y pide que sólo se hagan excepciones una vez que la unidad iraquí que vaya a darles uso demuestre que “es capaz de actuar constantemente con pleno respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”. A la vez, pide a los gobiernos que garanticen la aplicación del embargo de armas del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a EI.

Al gobierno iraquí, por otro lado, le exige que revise “con urgencia” todos los aspectos de su normativa y su gestión, incluidos la seguridad de los arsenales, la distribución, el seguimiento de armas y la gestión de su registro básico, para evitar “la constante filtración de armas y municiones a grupos armados y milicias locales”. Finalmente, pide que no se transfiera armamento “cuando exista un riesgo sustancial de que las armas puedan acabar siendo usadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, como es el caso de su uso por parte de EI.