Humberto de la Calle, jefe de la delegación de paz del gobierno colombiano, y Luciano Marín, alias Iván Márquez, segundo jefe de las FARC, se saludan ayer en La Habana, Cuba. Foto:Ernesto Mastrascusa, Efe

Paso de gigante

El gobierno de Colombia y las FARC firmaron el acuerdo de reparación y justicia para las víctimas del conflicto armado.

Después de un año y medio de discusiones, el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo sobre justicia y reparación a las víctimas de un conflicto armado que lleva más de medio siglo. El acuerdo, cerrado el domingo y firmado oficialmente ayer en La Habana, incluye un sistema integral para la reparación, la justicia, la verdad y las garantías de no repetición.

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El acuerdo sobre las víctimas, uno de los puntos más sensibles y discutidos en los diálogos para la paz, fue celebrado por el gobierno de Colombia, por las FARC y por los representantes de las personas afectadas por el conflicto. Es un paso clave en el camino a la paz duradera porque, por un lado, permite la reparación y compensación a las víctimas, y, por otro, establece el modelo de justicia ...
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El acuerdo sobre las víctimas, uno de los puntos más sensibles y discutidos en los diálogos para la paz, fue celebrado por el gobierno de Colombia, por las FARC y por los representantes de las personas afectadas por el conflicto. Es un paso clave en el camino a la paz duradera porque, por un lado, permite la reparación y compensación a las víctimas, y, por otro, establece el modelo de justicia que regirá una vez que se termine el conflicto, mediante la creación de un tribunal especial que impondrá las sanciones correspondientes a los responsables de delitos contra la humanidad.

El sistema integral para la reparación de las víctimas que se definió entre las partes incluye la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; el Sistema de Justicia, Reparación y Garantía de no repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda e Identificación de Personas dadas por Desaparecidas en razón de conflicto y la Jurisdicción Especial para la Paz, según confirmaron en La Habana los representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso.

Si bien las sanciones que impondrá el Tribunal Especial para la Paz tienen un fin “restaurativo y de reparación”, los integrantes de las FARC y los efectivos de las Fuerzas Militares que acepten sus responsabilidades en delitos graves y confiesen la verdad podrán recibir una sanción de entre cinco y ocho años de “restricción efectiva de la libertad y de derechos”, dependiendo del grado de participación en el crimen, aunque no de cárcel, de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Si la participación en el delito no fue “contundente”, la sanción será de entre dos y cinco años, según recoge el diario colombiano El Tiempo.

Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, explicó en la conferencia que la restricción efectiva implica disponer de mecanismos idóneos de vigilancia y supervisión para garantizar el cumplimiento “de buena fe” de las restricciones ordenadas por el tribunal. “Seamos claros: hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos”, dijo De la Calle. Además, aseguró que no serán objeto de amnistía ni de indulto quienes cometieron delitos contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes “u otra privación grave de la libertad”, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Tampoco se podrá indultar la desaparición forzada, la violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.

El jefe mediador de las FARC, Iván Márquez, dijo a su turno que todas las partes implicadas en el conflicto asumen la responsabilidad de reparar a las víctimas “con trabajo personal y colectivo, con decisiones políticas y aportes materiales”. Agregó que “éste es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de éstas”.

Además, insistió en que en lugar de “aplaudir la entrada en la cárcel” de sus “adversarios”, las FARC prefieren “trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo la sociedad y la patria en territorios especiales de paz, en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro”. Márquez recordó que las FARC surgieron cuando la violencia interna en Colombia ya había comenzado, y que el Estado tiene la “inobjetable” responsabilidad de los “casi 60 años de conflicto”.

Antes de finalizar su discurso, el guerrillero destacó que por primera vez las organizaciones de víctimas podrán presentar acusaciones ante la jurisdicción especializada y tendrán la oportunidad “de ser oídas”; agregó: “Quienes hasta ahora se ampararon en la impunidad para cometer graves crímenes, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades”.

Además de hacer actos públicos para reconocer responsabilidades y pedir perdón, las FARC garantizaron su colaboración en la búsqueda, ubicación, recuperación e identificación de los desaparecidos durante el conflicto, en el marco de su compromiso por reparar a las víctimas. También reconstruirán la infraestructura en las zonas más afectadas por la guerra y participarán en el desminado, la sustitución de cultivos ilícitos y la reforestación de territorios dañados.

En la declaración conjunta que aparece en el texto, las partes agradecen a las víctimas colombianas por su “participación decidida”, sus “testimonios generosos” y sus propuestas, “sin las cuales no hubiera sido posible construir este acuerdo”, y alientan a los afectados a participar en la implementación de este acuerdo.

La presencia de los ausentes

En un acuerdo sobre las víctimas las voces de éstas son fundamentales. En la ceremonia en la que se firmó el acuerdo participaron diez representantes de las víctimas que viajaron a La Habana para ver con sus propios ojos cómo se cerraba definitivamente el punto del proceso de paz que les compete, y por el cual luchan desde hace años. En un comunicado que leyeron durante el acto, esos representantes celebraron “que se haya encontrado el camino” para reconocerlos “después de tantas décadas de impunidad”, e insistieron en que jugarán un “papel fundamental” para hacer cumplir este acuerdo, que ven como un paso importante para lograr una paz estable y definitiva en el país. Por eso, se declararon “veedores atentos del estricto cumplimiento de los acuerdos”.

“Reiteramos que así como hemos dejado nuestro dolor sobre la mesa en cada visita de las cinco delegaciones [a las negociaciones de La Habana], reivindicamos nuestra dignidad y nuestra exigencia de que los acuerdos sean fieles a los reclamos de todas las víctimas”, señaló la periodista Jineth Bedoya, que participó como la vocera del grupo.

Por otro lado, en el comunicado los representantes de las víctimas cuestionan el compromiso que ambas partes mostraron con la “transversalidad de la perspectiva de género”, y dicen que observan “con tristeza” la “ausencia de mujeres” en la mesa de negociaciones.

Además, denuncian las “amenazas de muerte” que recibieron por involucrarse en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, y afirman que todavía no se inició una investigación al respecto, que “debería ser el mayor ejemplo de las garantías de no repetición” de los crímenes. “Sabemos que nuestro papel va más allá de ser un grupo de personas marcadas por la violencia; somos protagonistas sociales de un nuevo país”, remató Bedoya.

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