Al conocer que finalmente, después de meses de amenazas de juicio político en su contra, Cunha había accedido a promoverlo, Rousseff habló desde el Palacio de Planalto. “Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño”, dijo. “No hay en mi contra una sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas en el exterior y no presioné a instituciones o personas”, agregó, en evidente alusión a Cunha.

El presidente de Diputados está involucrado en el escándalo de corrupción de Petrobras, se investigan supuestas cuentas ocultas suyas en el exterior, y la Fiscalía abrió una investigación al respecto. Por esta razón, Cunha enfrentaba ayer una votación en la Comisión de Ética de Diputados, que fue pospuesta para el martes, en la que se decidirá si se abre un proceso en su contra, que puede terminar en su destitución y dejarlo expuesto a la prisión. Ayer el gobernante PT, que tiene tres diputados en esa comisión, manifestó que votaría a favor de abrir ese proceso.

Acerca de versiones de supuestos acuerdos entre Cunha y el oficialismo para protegerse mutuamente en el Congreso, Rousseff dijo que “jamás aceptaría cualquier tipo de negociación, mucho menos aquellas que atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones democráticas, que bloquean la Justicia y ofenden principios éticos que deben gobernar la vida pública”. Acerca del juicio político, dijo que todas las acusaciones en su contra son “inconsistentes e improcedentes”.

El pedido de destitución de Rousseff fue presentado en setiembre por los opositores Hélio Bicudo -uno de los fundadores del PT-, Miguel Reale Jr. y Janaina Paschoal, y acusa a la presidenta de violar las leyes fiscales del país y manipular finanzas públicas para lograr la reelección el año pasado. Argumenta que la mandataria incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras irregulares que permitieron “maquillar los resultados fiscales del año pasado” y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.

En conferencia de prensa, Cunha aclaró que autorizó la apertura del juicio porque no encontró ninguna objeción para rechazar la petición. “No hago esto por motivación política y lo rechazaría si estuviese de acuerdo con la ley”, dijo Cunha, a la vez que admitió que “nunca en la historia de un mandato” se enfrentó a “tantos pedidos de impeachment”, y recordó que rechazó 27 de los 34 que recibió.

La decisión de Cunha no es la final, sino que deberá ser analizada por una comisión especial de diputados de todos los partidos. Si esta comisión aprueba el pedido de destitución, éste pasará a votación en la Cámara de Diputados, que con 342 votos en un total de 513 diputados puede decidir apartar de su cargo a la presidenta. Luego, la mandataria sería juzgada por el Senado y, en caso de que 54 de los 81 votos se pronunciaran a favor de la destitución, perdería el mandato y sería reemplazada por su vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado del gobierno, hasta las elecciones de 2018. “Golpistas no pasarán”, tuiteó ayer el presidente del PT, Rui Falcão, al conocer la decisión de Cunha, al que acusó de apostar a un “chantaje barato”.

El diario Folha de São Paulo informó que, en conversación con sus asesores, Rousseff dijo que al menos de esta forma se terminaba una indefinición que “inmovilizaba” al gobierno, y que varios de sus colaboradores coincidían en que es “mejor así”. De acuerdo con el periódico, lo que preocupaba al gabinete anoche eran los efectos que la decisión de Cunha pudiera tener en la economía y el mercado financiero.