La CSJ ordenó la detención de Martinelli diez días después de que éste fuera declarado “en rebeldía” por no comparecer ante una audiencia previa en la que tenía la oportunidad de defenderse de las acusaciones del fiscal Harry Díaz, que solicita 21 años de cárcel para él por espiar a más de 150 periodistas, políticos y empresarios, y violar el derecho a la intimidad. El magistrado pide cuatro años de prisión por el delito de “intercepción de llamadas sin orden judicial”; otros cuatro por “seguimiento, vigilancia y persecución”; diez por “peculado, sustracción o malversación” y tres por un “agravante de peculado de uso”, informó la agencia de noticias Reuters.

“Es notorio que la actitud asumida” por Martinelli “de sustraerse de la jurisdicción nacional [...] atenta contra el normal desarrollo del proceso que se le sigue”, indica la resolución judicial de la CSJ. Según sus abogados, el ex presidente se encuentra en Estados Unidos, aunque nunca confirmó su paradero, a pesar de su constante actividad en las redes sociales.

Lo que se sabe es que salió de Panamá el 28 de enero, horas después de que la CSJ abriera la primera causa penal en su contra, por supuestos pagos de sobrecostos en la compra de alimentos por medio del Programa de Ayuda Nacional, impulsado por el gobierno. Actualmente, la CSJ ya tiene seis causas abiertas en su contra por distintos casos de corrupción, investigaciones que ya llevaron a la cárcel a una decena de ex ministros y ex altos funcionarios del gobierno de Martinelli. El pedido del fiscal Díaz surge porque el ex mandatario es diputado del Parlamento Centroamericano y, dada esa investidura, sólo puede ser procesado por el tribunal supremo.

Largo camino a casa

La orden de detención le permitió al juez de garantías del caso, Jerónimo Mejía, iniciar la búsqueda y la captura de quien también es dueño de la cadena de supermercados más importante de Panamá. Este proceso puede llevar un largo tiempo, ya que la Constitución panameña no establece plazos. Mejía tiene que decidir cuál de los dos mecanismos que tiene a su disposición activará para pedir la detención del ex mandatario, según explicó ayer el abogado panameño Ernesto Cedeño a la agencia Efe. Mejía puede utilizar un Tratado de Asistencia Legal Mutua firmado con Estados Unidos, donde se supone que está Martinelli, o un Tratado de Extradición.

En ambos casos, dijo Cedeño, el proceso implica “mucha documentación” e involucra al Poder Ejecutivo de Panamá. Si Mejía opta por el Tratado de Asistencia Legal Mutua, la documentación tiene que ser presentada ante el Ministerio del Gobierno panameño -equivalente al Ministerio del Interior-, que deberá aprobar el pedido antes de enviarlo a Estados Unidos. Si elige la “vía de tratados internacionales”, la documentación tiene que llevarse a la cancillería de Panamá para que ésta analice si la solicitud de extradición es correcta. Si la aprueba, la solicitud pasa a manos del Departamento de Estado estadounidense, que también deberá validarla o no, de acuerdo con lo detallado por Cedeño.

Martinelli tiene derecho a objetar la extradición: “Si él se quiere oponer, lo tendrá que hacer ante las autoridades de Estados Unidos”, recalcó el abogado. Estimó además que “posiblemente” el trámite pueda estar listo “a fin de este año o en los primeros días del próximo”.

En una entrevista con el canal de televisión TVN, el fiscal Díaz aclaró que Martinelli puede “evitar el problema de ser detenido” compareciendo ante la Justicia. “Si él quiere pasar esa vergüenza de ser perseguido internacionalmente, es decisión del señor Martinelli”, dijo. Para el ex mandatario, todo esto forma parte de una persecución política que lleva adelante el actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que supo ser canciller y vicepresidente durante su gobierno.

El escudo

“Al igual que aquellos que hoy están detenidos ilegalmente, soy víctima de los expedientes amañados, de los testigos coaccionados y de las cada vez más evidentes violaciones a la presunción de inocencia y el debido proceso”, decía Martinelli en una declaración pública, horas antes de que sesionara la CSJ. Una vez que se conoció la decisión del tribunal, el ex presidente denunció en su cuenta de Twitter supuestas irregularidades en el proceso: “Round 1 de juicio político: sin estar en expediente, sin imputación, sin debida notificación y sin condena se ordena detención provisional”, escribió.

En esta premisa se apoya su defensa, que sostiene que la orden de detención contra Martinelli es “injustificada” porque Díaz presentó un escrito de acusación sin antes haberlo imputado, algo que los 12 abogados del empresario calificaron de “error procesal”. Según dijo Carlos Carrillo, uno de los defensores, la CSJ sentó “el grave precedente de que a una persona pueda ordenársele su detención sin siquiera haberle notificado los cargos”, y por eso la defensa planea recurrir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, aseguró que “no existe una prueba que vincule a Ricardo Martinelli con un hecho ilícito”.

Por otro lado, el abogado y profesor Miguel Antonio Bernal, una de las víctimas de las escuchas telefónicas y querellante en el caso, dijo a Efe que la decisión del tribunal es “histórica”, porque “nunca antes se había tenido la oportunidad en Panamá de iniciar un proceso a quien ha violentado un derecho tan importante como es el derecho a la intimidad”.