La votación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) estará en manos de un Congreso que “tal vez es el más reaccionario de la república reciente”, según palabras de María Helena Zamora, vicecoordinadora del Laboratorio Interdisciplinario de Investigación e Intervención Social de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) e investigadora en derechos humanos. “Se trata de una medida que se está proponiendo sin que exista un debate en la población. Peor aun, ni siquiera se conocen los datos que hacen a la discusión, como la real participación de los adolescentes en los crímenes. ¿Cómo se puede tomar decisiones si ni siquiera existe un buen diagnóstico?”, se pregunta la investigadora.

El propio redactor de la comisión especial creada para analizar la propuesta de la baja (para usar el término uruguayo), el diputado y ex jefe de Policía Laerte Bessa, del Partido de la República, reconoció en un informe dirigido a los diputados: “Las estadísticas gubernamentales sobre la cuestión de la criminalidad juvenil en Brasil son extremadamente deficientes y no nos permiten concluir qué porcentaje real de los crímenes en Brasil son cometidos por menores de edad”.

Sin embargo, una comisión especial del Congreso aprobó la semana pasada el informe de Bessa sobre la PEC Nº 171/1993, que limita la baja de la edad de imputabilidad sólo a “crímenes hediondos”, es decir, delitos muy graves. “Mi convicción no es sólo bajar de 18 a 16. Yo quería ir más allá, alcanzar un poco más a esos menores bandidos, criminales que están actuando impunes hoy en el país”, dijo Bessa. Entre los delitos graves se encuentra el tráfico de drogas, que usa una extensa red de menores de edad para operar.

De falacias y equívocos

El principal objetivo de la propuesta es atacar el profundo problema de la violencia existente en Brasil. En este sentido, Amnistía Internacional proporciona algunos datos significativos sobre homicidios. “Brasil es el país donde más se mata en el mundo; supera incluso a muchos países en situación de guerra. En 2012, 56.000 personas fueron asesinadas. De ellas, 30.000 son jóvenes de entre 15 y 29 años, y de ese total, 77% son negros. La mayoría de los homicidios son practicados con armas de fuego, y menos de 8% de los casos llegan a ser juzgados”.

Uno de los principales argumentos de quienes defienden la baja es que la impunidad genera más violencia. Los jóvenes, sabiendo que no pueden ir presos y ser castigados como adultos, se lanzan al crimen, sostienen. De esta forma, bajar la edad de imputabilidad penal los protegería del crimen organizado, que suele reclutar menores de 18 años para actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

“Es una falacia y un equívoco gravísimos. La baja busca, de manera explícita, criminalizar a un grupo que ha sido excluido y marginalizado por la sociedad y el gobierno brasileños: la juventud negra, pobre, residente en las periferias y en las favelas, el grupo social que sufre más violaciones en Brasil. Querer punir es atacar el efecto y no la causa de la violencia”, afirma Tatiana Moura, directora ejecutiva del Instituto Promundo, una organización de la sociedad civil brasileña con sede en Río de Janeiro y oficinas en África, Europa y Estados Unidos.

Promundo basa su trabajo en comunidades vulnerables en una premisa: la prevención de la violencia se logra mediante la transformación de masculinidades violentas y normas de género que definen la socialización de hombres y mujeres. Estas normas hacen que los hombres, en especial los jóvenes, se involucren con mayor frecuencia en situaciones de violencia y sean también las principales víctimas de homicidios y muertes violentas.

Magíster en Sociología, con un doctorado en Paz, Conflictos y Democracia, Moura señala un aspecto común entre el caso brasileño y el uruguayo en este debate: en ambos países los jóvenes infractores son minoría. Según UNICEF, menos de 1% de los homicidios registrados en Brasil es cometido por adolescentes de 16 y 17 años. Estos datos, afirma, prueban que los adolescentes “son más víctimas que promotores” de violencia.

“Cabe recordar que la excepción nunca puede pautar la definición de la política criminal, tanto menos la adopción de leyes que deben ser universales. Las causas de la violencia son múltiples, tienen en la desigualdad social uno de sus mayores motores, y no se resolverán con la adopción de leyes penales severas. El proceso exige que se tomen medidas capaces de romper con la banalización de espirales de violencia y que apuesten a la prevención”, explica Moura.

El adolescente en conflicto con la ley, dice, es considerado un “síntoma social” que exime de responsabilidad a la sociedad. “Es una forma de transferencia del problema, la total negación de contribuir con la formación ciudadana de los jóvenes. Es, al fin y al cabo, la asunción de la incompetencia del Estado en relación con su juventud”, afirma Moura.

Terceras intenciones

Así las cosas, la baja parece una pésima solución para un problema complejo y arraigado. Por si fuera poco, el segmento de la población que Moura señala como el de los principales afectados en caso de aprobarse la medida ya se encuentra en una situación alarmante. “La mortandad aquí tiene color. Decimos ‘genocidio’ porque ese porcentaje de personas asesinadas en Brasil, principalmente las más jóvenes, es nítidamente negro. Entre las varias características de un genocidio se encuentra la selectividad en las muertes, y tenemos exactamente eso: asesinatos por armas de fuego de niños y adolescentes negros. Entonces, podemos afirmar que Brasil tiene números de genocidio de su población negra”, afirma Zamora.

La investigadora se pregunta cuáles son las verdaderas motivaciones de quienes defienden la baja. El foco recae en el grupo político multipartidario autodenominado “bancada de la bala”, ligado a la industria de las armas y compuesto por policías y miembros del Ejército, entre los cuales se encuentra Bessa. Estos comisarios, mayores, capitanes y cabos que también son diputados, representan 51% de la Comisión de Seguridad de la cámara: 17 titulares de 33. Además, los 17 fueron denunciados por la organización social Transparencia Brasil por tener antecedentes o procesos penales en curso, por lo que se les debería haber impedido presentarse como candidatos a las elecciones de 2014. Todos ellos están haciendo campaña por la baja.

“Hoy se sabe públicamente que sus campañas fueron financiadas por la industria armamentista y de seguridad privada, dos campos intrínsecamente ligados, ya que venden seguridad. La ‘bancada de la bala’ defiende la idea de la privatización de las prisiones y tiene intenciones de rever el estatuto de desarme de la población”, asegura Zamora. En efecto, el grupo ha propuesto 41 proyectos con el objetivo de abolir el Estatuto del Desarme, que entró en vigor en 2003 y prohíbe el porte de armas por civiles. Incluso un editorial del diario O Globo, que desarrolla una campaña sistemática por televisión y radio a favor de la baja, dice sobre el asunto: “Estos diputados se mueven alegando principios ideológicos, pero sus acciones son incontestablemente potenciadas por recursos facilitados a sus campañas por el lobby de los fabricantes de armas”.

El efecto automático de la baja es el aumento de los encarcelamientos. De ser aprobada, surgiría un primer problema: no caben más presos en las cárceles brasileñas. La población carcelaria del país es la cuarta mayor del mundo y está contenida en un sistema que posee un déficit estructural de 40% y que explícitamente admite que no alcanza su objetivo de resocialización de los detenidos.

Esos datos son utilizados en sus argumentos por los políticos financiados por empresas vendedoras de armas, como Taurus o CBC Companhia Brasileira de Cartuchos, entre ellos los diputados Alberto Fraga y Marcos Montes, o financiados por gestores de cárceles privadas, como Umanizzare Gestão Prisional & Serviços. Esta firma financió a los diputados Silas Câmara, su esposa Antônia Lúcia Câmara y la hija de ambos Gabriela Ramos Câmara. “Es claramente un pedido de los sectores interesados para que se construyan más prisiones, un negocio que está entre los más rentables en Estados Unidos”, dice Zamora.

Las dos investigadoras coinciden en que las herramientas para reducir la violencia ya se encuentran a disposición de la sociedad brasileña, y que no se necesitan nuevas leyes o enmiendas sino que se cumplan las normas existentes.

Moura sugiere comenzar por los artículos 5º y 6º de la Constitución, que garantizan derechos fundamentales como educación, salud y vivienda. A su vez, Zamora cita el Estatuto del Niño y el Adolescente, que establece un sistema de advertencias y trabajos comunitarios, y recién como última solución propone la internación en instituciones socioeducativas, método que es normalmente utilizado por los jueces como primera y única opción. “Cualquier solución referida a reforzar un Estado social en detrimento de un Estado penal es más efectiva y razonable”, dice Moura.

Al igual que en Uruguay, este debate ha convocado a diversos tipos de instituciones, organizaciones, colectivos, artistas y personas de todos los partidos y religiones para manifestarse en contra de la baja. El punto más alto de la campaña Amanecer contra la Baja tuvo lugar el domingo 14, en un multitudinario festival realizado en la Plaza XV, en el centro de Río de Janeiro. Para el día de la votación, 30 de junio, se está organizando una marcha masiva en Brasilia, con el objetivo expreso de ocupar la Cámara de Diputados.

Se ha anunciado que a los ciudadanos se les impedirá asistir a la votación del día 30 en el Congreso, que será cerrada debido a las protestas realizadas el miércoles 10 por estudiantes en el recinto donde sesiona la Cámara de Diputados. Hasta ese día, Zamora continuará advirtiendo sobre las consecuencias que tendría la baja: “Más muertes y más reclusiones con un efecto devastador en las personas más jóvenes. Aumento de las muertes de niños, adolescentes y jóvenes. Más violencia. Por eso hacemos un llamado a los representantes en el exterior, principalmente de países que ya superaron esta cuestión, para que se manifiesten públicamente”.