Los familiares de los 43 estudiantes que cursaban magisterio en la Escuela Normal de Ayotzinapa apuntan, desde hace meses, a lo que, entienden, son inconsistencias de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso. Aunque parece difícil de creer que los jóvenes desaparecidos desde setiembre del año pasado sigan con vida, dos investigaciones periodísticas confirmaron en los últimos días las dudas de familiares y compañeros de las víctimas, incertidumbre que alimenta la certeza que algunos tienen de reencontrar vivos a sus seres queridos.

Un periodista de la revista digital estadounidense The Intercept (del fundador de la empresa Ebay, Pierre Omidyar), creada en un principio para publicar los documentos del ex espía estadounidense Edward Snowden, investigó el caso de Ayotzinapa durante seis meses. El resultado de su trabajo, que incluye un repaso pormenorizado de lo ocurrido desde setiembre, fue traducido del inglés y publicado por el diario mexicano La Jornada. Ryan Devereaux, redactor del informe, escribe: “Evidencias en los propios archivos del gobierno indican un caso de desaparición forzada, el cual incluye -distinto del delito de secuestro- la participación activa o pasiva de oficiales estatales y puede constituir un crimen de lesa humanidad en la cual el Estado carga responsa- bilidad”. En base a diferentes entrevistas y documentos a los que su equipo de trabajo tuvo acceso, Devereaux no descarta la participación de militares en la desaparición.

Otra investigación, publicada por el diario Proceso, apunta en esa misma dirección: la participacion de militares en lo ocurrido con los estudiantes. Este último trabajo, realizado en colaboración con la Universidad de California, se basa en el testimonio de Ulises Bernabé García. Según el diario, este último se refugió en Estados Unidos después de haber hablado con los periodistas, y era el juez de barandilla (algo similar a un fiscal municipal) que estaba de guardia en la noche del 26 al 27 de setiembre, cuando desaparecieron los estudiantes. Asegura que los jóvenes no estuvieron en la comisaría tal como estableció la PGR, porque él pasó la noche en el lugar. También dice que sí estuvo allí un oficial militar, descrito como uno de los que maltrataron a los estudiantes en una clínica privada, tal como relató Francisco Sánchez Nava, un compañero de los desaparecidos que visitó Uruguay hace poco. Según García, nunca fue llamado a declarar y regresó a su casa después de los hechos.

Ninguna de estas dos investigaciones llega a una conclusión certera o versión definitiva de lo ocurrido. Sin embargo, las dos señalan que varios testimonios que no coincidían con la versión oficial no fueron tenidos en cuenta.

En ese sentido parece avanzar el comité de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también está trabajando en el caso. Recomendó a la PGR que se reinicie la búsqueda de los estudiantes y que se dé lugar al reclamo de los familiares que piden que se entreviste a los militares.