Una niña paraguaya de 11 años, que sufrió abusos sexuales por los que se investiga a su padrastro, dio a luz ayer por cesárea. Elizabeth Torales, la abogada de la madre de la niña, dijo a la agencia de noticias Efe que pedirá que su clienta obtenga la tutela de la bebé que nació ayer. “Por la ley paraguaya la niña es inhábil, ya que es menor de edad y tampoco está emancipada”, dijo la abogada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había instado a que Paraguay tomara medidas preventivas para proteger la vida de la niña, porque su embarazo era de alto riesgo debido a su edad y “podría vulnerar su derecho a la vida y a su integridad personal, física y psicológica”. Sin embargo, el gobierno entendió que ya estaban vigentes “todas las medidas para evitar la impunidad de este hecho ilícito [la violación] y garantizar la vida e integridad de la niña embarazada y el prenatal”.
El aborto está penado en Paraguay con hasta cinco años de cárcel, y la única excepción prevista por la ley es que la madre corra riesgo de muerte. Por ese motivo, el año pasado, 684 niñas de entre diez y 14 años dieron a luz en el país.
Un poquito más allá
La situación en Perú es similar. En ese país, organizaciones feministas y activistas por los derechos humanos, convocados por el colectivo Déjala Decidir, marcharon ayer hacia el Congreso por el centro histórico de Lima, en reclamo de que se despenalice el aborto en casos de violación, tal como establece una iniciativa que presentó esa organización, respaldada por 60.000 firmas.
Algunos manifestantes caminaron con el pecho desnudo, con la frase “despenaliza mi decisión” pintada en la piel. Sus pancartas pedían “aborto libre, seguro y gratuito”. Fueron recibidos con gases lacrimógenos y camiones lanza-agua de la Policía, que dispersó la protesta porque no contaba con autorización para llegar hasta el Congreso, informó el diario peruano El Comercio.
Según dijeron los organizadores a Efe, en Perú, de cada 100 muertes maternas en adolescentes, 29 son por abortos inseguros y clandestinos. La representante de Déjala Decidir, Sandra de la Cruz, dijo a ese medio que lo que reclaman al Congreso es que la Comisión de Constitución, que debe tratar el proyecto, le ponga fecha a la votación al respecto. Otra comisión, la de Justicia, lo archivó. “Esperamos que la comisión de Constitución esté en manos de congresistas responsables que no conviertan el debate en una exposición de dogmas de fe, que haya un respeto al Estado laico pero también al proyecto de vida de las víctimas de violación sexual”, agregó De la Cruz.
La iniciativa ciudadana cuenta con el respaldo de la esposa del presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, que es presidenta del gobernante Partido Nacionalista. La dirigente publicó en Twitter una fotografía de ella con sus dos hijas, y el texto: “Por nuestros derechos y los de nuestras hijas. Más educación sexual, menos muertes por abortos”, con la clave “#Déjala Decidir”.
El titular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, declaró en mayo, al archivar el proyecto: “La violación es un delito asqueroso, terrible, que puede ser sancionado hasta con cadena perpetua, pero la opción de victimizar a un niño en gestación no es mi opción”.
Otras latitudes
Una situación similar existe en Chile. La comisión de Salud de la Cámara de Diputados dio su visto bueno la semana pasada a que se discuta un proyecto presentado por el gobierno para despenalizar el aborto en tres situaciones: inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la madre y embarazo como consecuencia de violación. De momento, la interrupción voluntaria del embarazo no está permitida bajo ningún motivo en la legislación.
Una encuesta reciente demostró que 70% de los integrantes de la Sociedad Chilena de Obstetricia está en contra de despenalizar el aborto en casos de violación. Ayer el titular de esa sociedad, Enrique Paris, pidió que el proyecto sea modificado, para que no recaiga sobre los médicos la responsabilidad de establecer si hubo violación o no, y estimó que esa tarea le corresponde a la Justicia.
Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana, el partido de la coalición de gobierno que más resistencia opone al proyecto, dijo a la radio chilena Bío Bío que en esa iniciativa está previsto que una comisión médica evalúe cada caso para autorizar o no la interrupción del embarazo, y que su partido propone que un dato decisivo en esa evaluación sea la existencia de una denuncia policial.
Al aceptar la necesidad de legislar en el tema, la Democracia Cristiana puso condiciones, a las que el gobierno aseguró que dará cabida. El presidente de la bancada de ese partido, Ricardo Rincón, reclamó entonces un “proyecto de acompañamiento para mujeres que decidan continuar con un embarazo complicado y que se encuentren en algunas de las causales señaladas por el proyecto”. Además, pidió “abrir el debate hacia la prevención y hacia temas de fondo como la violencia intrafamiliar, que muchas veces termina en casos de violaciones a menores y embarazos a muy temprana edad”.
Ante el avance del texto, al que se opone la mayoría de la oposición, la Conferencia Episcopal de Chile publicó una entrevista del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en la que éste llama a las “niñas” que sufrieron una violación y quedaron embarazadas a que no aborten. “Si has sido víctima de un atropello, que no es justificable, el que justifica tu situación es la criatura que llevas en tu seno”, dice mirando a la cámara. En respuesta, la ministra de Salud, Carmen Castillo, volvió a respaldar el proyecto. Dijo que “todas las opiniones son válidas”, pero pidió al religioso y a los diputados que “los anuncios que hagan” busquen “evitar la violación y no asumirla”.
En Chile, el aborto terapéutico, para ciertos casos, estuvo vigente durante casi todo el siglo XX, pero la dictadura de Augusto Pinochet lo penalizó en 1989, poco antes de abandonar el poder.
En Argentina, las autoridades de la iglesia católica también se manifestaron ayer sobre este tema. En este caso, el rector de la Universidad Católica Argentina, el arzobispo Víctor Manuel Fernández, le escribió al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para señalarle que algunos fallos judiciales hacen pensar que existe un “avance de la Justicia por sobre la legislación” relativa al aborto, y de paso recordarle que la iglesia está en contra de la interrupción del embarazo.