La ex vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti fue arrestada el viernes en un hospital privado en el que estaba internada. Está acusada de ser la número dos del presidente Otto Pérez Molina en el liderazgo de una red de corrupción en el ente recaudador de impuestos y las aduanas. Se presume que esa red, que integraban también otras 27 personas, se quedó con millones de dólares del Estado.

Poco después, representantes de la Fiscalía General y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente creado por Naciones Unidas en 2007 para investigar la corrupción estatal, dieron una conferencia de prensa sobre esa red criminal, conocida como “La Línea”. “Tenemos que decirlo, muy lamentablemente, pero al frente de la estructura están el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la señora vicepresidenta en aquel entonces, Ingrid Roxana Baldetti”, dijo en esa instancia el abogado colombiano Iván Velásquez, comisionado de la CICIG. A su vez, la fiscal general, Thelma Aldana, dijo que la investigación se apoya en 88.920 escuchas telefónicas, 5.906 correos y 175.000 documentos, y que 22 empresas están involucradas en el caso.

Horas después, el presidente perdió el apoyo público de una poderosa organización empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). “En aras de la gobernabilidad y la transparencia, y con el afán de fortalecer la democracia y de preservar la institucionalidad, demandamos a Otto Pérez su inmediata renuncia”, dijo el presidente del Cacif, Jorge Briz.

En el fin de semana se multiplicaron los rumores respecto de lo que hará Pérez Molina; iban desde una posible renuncia hasta una supuesta negociación para evitar su captura y que saliera del país. “Tenemos que enfrentar la situación, vamos a dar la cara y luego nos vamos a pronunciar”, dijo a periodistas el viernes, y ayer seguía sin pronunciarse. Un vocero presidencial confirmó que seguía en el cargo.

La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se le retire a Pérez Molina la inmunidad presidencial por sospechas de asociación ilícita y cohecho pasivo. Si la corte avala el pedido, la última palabra es del Congreso. A todo esto se suma que se acercan las elecciones del 6 de setiembre.

El sábado hubo una nueva marcha contra el gobierno, tal y como ocurre todas las semanas desde hace cuatro meses, y además renunciaron varios integrantes del gabinete, los ministros de Educación, Cynthia del Águila, y de Economía, Sergio de la Torre, y cinco subsecretarios, todos vinculados con el poder empresarial.