Unos 1.000 indígenas ocupaban el 14 de junio unas tierras que, si bien les pertenecían, eran usufructuadas por otro. Reclamaban que el Estado las demarcara y las convirtiera en tierras protegidas. Una caravana de unos 60 autos y camionetas llegó al lugar y un grupo de hombres empezó a disparar antes de descender de los vehículos. La mayoría de los indígenas se alejó corriendo -algunos de ellos eran niños-, pero otros intentaron enfrentar a los agresores con lanzas y flechas. Ninguno de los hombres que llegaron en la caravana resultó herido, pero sí lo fueron cinco indígenas, entre ellos un niño de 12 años que recibió un disparo en el estómago.

Además, murió uno de los cuatro funcionarios especializados en medicina ancestral indígena que trabajaban en el lugar, un joven de 26 años cuya muerte fue “lamentada” por la Secretaría Especial de la Salud Indígena de Mato Grosso do Sul.

Las tierras ocupadas se encuentran en la región de Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul. El organismo estatal que se encarga de demarcar las tierras indígenas para declararlas protegidas, la Fundación Nacional del Indio, reconoció que desde hace años se confirmó que esas tierras son indígenas pero todavía no las ha demarcado por falta de recursos humanos y económicos. Mato Grosso do Sul es uno de los estados más violentos con los indígenas y, según los datos oficiales, es el segundo con más población indígena en el país -el primero es Amazonas-.

El ataque que causó la muerte del trabajador sanitario ocurrió el 14 de junio, pero podría haber pasado en cualquier otro momento en Brasil, donde son demasiado usuales estas agresiones contra indígenas llevadas a cabo por guardias de seguridad privados y hasta estancieros. Según el Consejo Indígena Misionero, 137 indígenas fueron asesinados en 2015 en Brasil, la mayoría de ellos (36) en Mato Grosso do Sul, y el municipio con más asesinatos de este tipo dentro de ese estado fue Dourados, con 14.

La ONU denunció que la situación de los pueblos indígenas en Brasil es la más grave desde 1988, año que se toma como referencia porque se aprobó la Constitución vigente de Brasil. La relatora para los derechos de los pueblos indígenas presentó un informe sobre su situación en Brasil y advirtió que enfrentan “enormes desafíos” y “más riesgos que nunca”. También señaló que el cambio de gobierno -tras la destitución de Dilma Rousseff mediante un juicio político- los expone a más riesgos. No es la primera en señalar que la llegada de un gobierno conservador agudizará la negación de los derechos de los pueblos indígenas, que es común entre los sectores ruralistas brasileños.

Además, “las nuevas circunstancias políticas” pueden “arriesgar la protección de larga data de los derechos indígenas” en Brasil, dijo Tauli-Corpuz. De hecho, una de las primeras decisiones del gobierno de Temer fue revocar un decreto de Rousseff que disponía la demarcación de un área de más de 50.000 hectáreas en Dourados. El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, argumentó en ese entonces que el decreto había sido aprobado “a las corridas” por el anterior gobierno y que debía ser revisado.

En la misma línea, se prevé que esta semana la Cámara de Diputados instale una comisión que investigará a la Fundación Nacional del Indio y el Instituto de Colonización y Reforma Agraria. La iniciativa fue impulsada por los diputados ruralistas.

Avisados

En el informe de la ONU se toma el dato del Consejo Misionero Indígena que indica que en 2015 fueron asesinados 137 indígenas en Brasil, la mayoría de ellos en Mato Grosso do Sul, y se agrega que la mayoría de las muertes ocurrieron en hechos similares al del 14 de junio. “Lo peor”, indicó Tauli-Corpuz en la presentación del informe, “es que estas serias violaciones a los derechos de los indígenas no han sido adecuadamente investigadas o solucionadas en las últimas décadas”. Por eso pidió que se avance en estas investigaciones y, especialmente, que se proteja a los líderes indígenas brasileños que son amenazados. “Existe un riesgo potencial de efectos etnocidas que no puede ser desconsiderado ni subestimado”, advirtió la relatora.

“Brasil tiene una serie de disposiciones constitucionales ejemplares en relación con los derechos de los pueblos indígenas”, sin embargo, estas normas no son aplicadas y en los últimos años “hay una inquietante ausencia de avances en la implementación de las recomendaciones y en la solución de antiguas cuestiones de vital importancia”, indicó. Entre otras, en el informe se mencionan las demoras en el proceso de demarcación de tierras indígenas -cuyo avance fue prácticamente nulo durante los gobiernos de Rousseff-.

Tauli-Corpuz recomendó que se aceleren las demarcaciones y agregó: “Esto es especialmente urgente en Mato Grosso do Sul, Bahía, Santa Catarina y Rio Grande do Sul”. De acuerdo con el Consejo Misionero Indígena, existen en Brasil 1.113 territorios indígenas, 654 de los cuales están a la espera de los trámites administrativos para ser demarcados.

El informe fue presentado en octubre y recoge las conclusiones de un viaje de dos semanas que hizo en marzo la relatora a varios estados de Brasil. En la presentación, Tauli-Corpuz lamentó que el gobierno no haya tomado en serio la advertencia que hizo al retirarse de Brasil de que era inminente un ataque como el que ocurrió en junio. “Preveía que los estancieros serían más osados en los desalojos de pueblos indígenas, pero esperaba que hubiera avances para que esas tierras fueran reconocidas por el gobierno rápidamente”, dijo la relatora a BBC Brasil, que se comunicó con ella después del ataque de junio. “Fue una muerte anunciada”, agregó. Ya durante su visita la relatora había considerado “extremadamente alarmante” la sucesión de agresiones contra indígenas en Brasil y se había reunido con autoridades estaduales y nacionales para advertir que existía el riesgo de nuevos ataques en Mato Grosso do Sul, el estado “más violento de Brasil, con el número más alto, y en crecimiento, de indígenas muertos”.

Cada vez más

Casi 40% de los ambientalistas asesinados en 2015 en todo el mundo eran indígenas, manifestó la relatora de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en la presentación de otro informe. La relatora agregó que desde hace unos años ese porcentaje tiende a aumentar. Tauli-Corpuz señaló que los indígenas “carecen de protección” ante el poder, que es el que está interesado en las tierras que ellos protegen. “Los intereses de los grandes poderes económicos y políticos también están en la administración”, aseguró. Además, indicó que cada vez es más común en América Latina que los gobiernos sean omisos ante la acción de los guardias de seguridad de las empresas privadas que reprimen e incluso asesinan a los indígenas. También criticó que todavía son muchos los países que no tienen legislación para protegerlos y que, cuando sí la tienen, como en Brasil, esta no es respetada. La relatora pidió que exista “un desafío al sistema dominante de desarrollo, que está siendo promovido por la mayoría de los gobiernos”, en especial en América Latina. Se refirió en particular a la situación de Brasil y a la de Perú, donde “la prioridad de los gobiernos ha sido generar crecimiento económico a partir de las industrias extractivas”, lo que convierte a los líderes indígenas en una “amenaza para el deseo del Estado”.