Durante los años en los que Sérgio Cabral gobernó el estado de Río de Janeiro, de 2007 a 2014, se desarrollaron allí el Mundial de fútbol y los Juegos Panamericanos, y fue aprobada, además, la candidatura para celebrar los Juegos Olímpicos de 2016. Según sospecha ahora la Fiscalía de Brasil, las enormes obras públicas que se construyeron para esos acontecimientos y que le dieron popularidad a Cabral también le permitieron al gobernador enriquecerse.

Cabral fue detenido ayer por sospechas de que recibió unos 66 millones de dólares en comisiones ilegales que le pagaron empresas constructoras que trabajaron en esas obras. Parte de esas comisiones provenía de fondos desviados de contratos para reformar el estadio Maracaná, el parque acuático Maria Lenk o mejorar la infraestructura de las favelas de Río.

Ya en su tiempo como gobernador se publicaban en la prensa denuncias de que Cabral pagaba gastos privados costosísimos con fondos públicos, recordó la agencia de noticias Efe. Ahora surgió nueva información a partir de un acuerdo establecido entre la Justicia y ejecutivos de dos empresas constructoras involucradas en el caso Petrobras -Andrade Gutiérrez y Carioca Ingeniería- que colaboraron con la investigación a cambio de una reducción de sus penas. Ellos fueron los que comprometieron al político. Según la Fiscalía, cada mes Cabral cobraba unos 100.000 dólares de fondos desviados. Así pagó, entre otras cosas, un yate, un anillo de 250.000 dólares para su esposa, obras de arte y otros objetos de “altísimo costo”.

Un día antes de que fuera detenido Cabral, que ahora cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio Leblon, se dispuso la detención de otro ex gobernador de Río de Janeiro, Anthony Garotinho (1998-2002), sospechoso de desviar fondos públicos para comprar votos y de financiación ilegal de campañas electorales. Por todo esto los parlamentarios de Río impulsaron ayer dos comisiones investigadoras, una sobre las obras de remodelación del estadio Maracaná y otra sobre los incentivos fiscales concedidos en los últimos años en el estado.

Las dos detenciones ocurren en un momento en que Río de Janeiro está desfinanciado y los empleados estatales protestan frente al parlamento del estado contra un recorte salarial de 30% que trata de aplicarles el gobernador actual, Luis Ernesto Pezao, ex vicegobernador de Cabral. La consigna de los manifestantes es: “Ellos roban, nosotros pagamos”.

En sintonía con estas protestas, el juez Sérgio Moro, que ordenó la detención de Cabral y que se hizo conocido en todo Brasil por el caso Petrobras, manifestó que la necesidad de prisión preventiva para el ex gobernador “se hace todavía más presente ante la notoria situación de ruina de las cuentas públicas del gobierno de Río de Janeiro”, y dijo que “constituiría una afrenta permitir que los investigados sigan disfrutando en libertad del producto millonario de sus crímenes”. Según citó en su página web O Globo, Moro se extiende y agrega que debido a una “gestión gubernamental aparentemente comprometida por corrupción e ineptitud, se impone a la población del estado grandes sacrificios, con aumento de impuestos, recorte de salarios y de inversiones públicas y sociales. Una versión criminal de gobernantes ricos y gobernados pobres”.