Cinco de los aeropuertos brasileños que son gestionados por privados -Galeão, Confins, Brasilia, Natal y Viracopos- mantienen deudas con el Estado, sobre todo referentes al pago anual que deben hacer por las concesiones. Las empresas señalan que la recesión económica que vive Brasil desde hace ya dos años tuvo como consecuencia directa una reducción del número de viajes en avión que hacen los brasileños. Sin embargo, no mencionan los beneficios derivados de que en este año se hayan realizado en Brasil el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, que redundaron en un notorio aumento del tráfico aéreo en el país.

Ante los pedidos que presentaron, por separado, las distintas concesionarias, el gobierno de Michel Temer decidió colaborar con ellas para que se pongan al día con sus deudas. Para la mayoría de ellas el gobierno aprobó una extensión del plazo para hacer el pago de la concesión, que es anual y vence el 31 de diciembre. Pero la quinta, la del Aeropuerto Internacional Tom Jobim, más conocido como Galeão, tendrá más beneficios. Este aeropuerto, que está en Río de Janeiro, celebró en agosto que los Juegos Olímpicos le habían permitido romper un récord: 85.000 pasajeros en un día, más del doble de lo normal.

El aeropuerto carioca es gestionado por un consorcio de dos empresas: Changi Airport y una de las divisiones de Odebrecht. Esta última compañía está atravesando una reestructura interna debido a las dificultades financieras que enfrenta como consecuencia de su involucramiento en el esquema de corrupción de Petrobras. Este escándalo generó, entre otras cosas, que renunciara toda la cúpula de la empresa y que esta buscara disminuir su tamaño para enfrentar la pérdida de confianza. En el marco de esa reducción, Odebrecht tiene la intención de vender su participación en el consorcio con Changi Airport, algo que podrá hacer próximamente gracias a una reforma constitucional impulsada por el gobierno de Temer.

Pero ese no fue el único gesto del gobierno: ante las dificultades actuales del consorcio, que debe más de un año de pago por la concesión, habrá una inversión de fondos públicos. El Ejecutivo decidió que la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero), que es pública, les entregue más de 35 millones de dólares para colaborar con las empresas para pagar su deuda, que se mantiene desde mayo. Las empresas pondrán otro tanto, totalizando un pago de unos 70 millones de dólares de los casi 300 que tienen que pagar antes de que termine el año.