Se cumplió una semana del asesinato de la activista indígena y luchadora por el medioambiente Berta Cáceres sin que fueran identificados los responsables. Desde entonces, se multiplicaban las protestas por ese crimen y por cómo se conduce la investigación. En Tegucigalpa, una de los cuatro hijos de Cáceres, Berta Zúñiga, leyó a periodistas un comunicado en el que la familia exige que “que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión otorgada a la empresa DESA para el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca”, al que la activista se oponía. Según informó la agencia de noticias Efe, Zúñiga dijo que ese emprendimiento “ha sido la fuente principal de las amenazas, la persecución y la agresión contra la comunidad lenca del Río Blanco y las personas integrantes del Copinh”, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que lideraba Cáceres. Además, la familia pidió que se suspendan “todas las concesiones que han sido otorgadas dentro del territorio del pueblo lenca”, y anunció que el jueves 17 y el viernes 18 marchará junto a varias organizaciones para exigir justicia.
Por su parte, la organización mexicana Otros Mundos Chiapas exigió a Honduras y a México que garanticen la seguridad de uno de sus dirigentes, Gustavo Castro, que se alojaba en la casa de Cáceres y fue herido durante el ataque a tiros contra ella. Desde entonces, la Justicia no le permite a Castro dejar el país. También el relator de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Frost, exhortó “a las autoridades hondureñas a garantizar que la vida de Castro no corra más riesgos en el país y que le permitan regresar a México lo más pronto posible”.
El gobierno hondureño manifestó que está decidido a esclarecer el asesinato de Cáceres, y que Castro está resguardado por la Ley de Protección de Testigos en el Proceso Penal. Para Amnistía Internacional, en cambio, “la sarta de defectos en la investigación sobre la muerte” de Cáceres, que no sigue la pista de las amenazas denunciadas por la activista, “pone de manifiesto la absoluta falta de voluntad del gobierno hondureño de proteger a quienes defienden los derechos humanos en Honduras”.