Desde que se informó de la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca llamó la atención que, entre los nombres, no hubiera prácticamente ningún estadounidense. A esto se sumó que los 12 jefes de Estado que tienen o tuvieron sociedades offshore -según esta filtración y la lista ofrecida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés)- son de Medio Oriente, con la excepción del ahora ex primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Ucrania, Petro Poroshenko. También aparecen involucrados conocidos o familiares de otros gobernantes, como el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping. Los jefes de Estado o de gobierno europeos brillan por su ausencia, con la excepción de Gunnlaugsson, que tuvo una empresa offshore, David Cameron y el rey emérito Juan Carlos de Borbón, cuyos familiares tuvieron sociedades de este tipo.

Uno de los primeros en elaborar una teoría en este sentido fue Craig Murray, un activista por los derechos humanos que fue embajador de Reino Unido en Uzbekistán. En su página web publicó el lunes que quien filtró los documentos cometió un “error terrible” al entregarlos a “medios corporativos occidentales”, porque estos llevaron a cabo una “investigación sesgada que sigue directamente una agenda gubernamental occidental”. En la publicación recuerda que el diario alemán que recibió originalmente la filtración, el Süddeutsche Zeitung, explicó que buscó, principalmente, nombres asociados al incumplimiento de sanciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas.

Pero los cuestionamientos no quedan allí: la ICIJ, que tiene los documentos en su poder, anunció que no los va a dar a conocer todos, y algunos medios informaron que tampoco lo harán con los que corresponden a sus países.

El patrocinador

Consultado sobre por qué creía que la información se le había facilitado al ICIJ y no a WikiLeaks, que ya tiene un historial de filtración de información, el director del ICIJ, Gerard Ryle, dijo que ellos no tienen planes de liberar todos los documentos que se filtraron de Mossack Fonseca para no perjudicar a personas “inocentes”, y agregó: “No somos WikiLeaks. Estamos tratando de demostrar que se puede hacer periodismo responsablemente”.

La decisión de no publicar todos los datos y la crítica que hizo Ryle a WikiLeaks generaron más cuestionamientos a un organismo que ya era mirado de reojo.

El ex embajador Murray incluyó en su publicación del lunes que el ICIJ es un consorcio “fundado y organizado enteramente por el Centro de Integridad Pública de Estados Unidos”. Entre quienes financian este centro, según su página web, hay varias fundaciones: la de Ford, la Open Society -cuyo fundador es George Soros-, dos de la familia Rockefeller y una fundada por el creador de los cereales Kellogg’s. En base a quienes financian el centro, Murray concluye: “No esperen una exposición genuina del capitalismo occidental. Los secretos sucios de las corporaciones occidentales quedarán ocultos”.

WikiLeaks, que ha impulsado estas filtraciones en sus redes sociales, reaccionó duramente ante las declaraciones de Ryle y reveló que entre quienes colaboraron con la investigación está el Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus iniciales en inglés), que se enfoca en investigar este tipo de delitos en Europa occidental. En su página web no figura una ubicación geográfica de OCCRP, pero sí consta que varios de sus periodistas son de ex repúblicas soviéticas, y que el proyecto “es posible gracias a” la Open Society, el Programa de Cooperación Sueco-Romano y la USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo.

“La OCCRP puede hacer un buen trabajo, pero que el gobierno de Estados Unidos financie directamente el ataque de los Panama Papers contra Putin disminuye seriamente su integridad”, tuitearon desde WikiLeaks. Además, advirtieron que “si censuran más del 99% de los documentos están comprometidos 1% con el periodismo”, y lanzó una encuesta en Twitter sobre si se deben liberar todos los documentos.

Hacia Moscú

A los cuestionamientos contra el ICIJ se sumó ayer Putin. El presidente ruso fue el protagonista de las primeras noticias que surgieron por la filtración de Mossack Fonseca en decenas de medios como El País de España, The Guardian o La Nación de Argentina. Estas notas indicaban que Putin no aparece en los documentos, pero sí personas cercanas a él que fueron beneficiadas con contratos públicos, como el padrino de su hija, y aseguraron que la investigación periodística reveló un esquema de lavado de dinero liderado por el presidente ruso.

Putin aseguró ayer que no está involucrado con estas sociedades offshore. Dijo que, como él no aparecía en los documentos, lo que se hizo fue “un producto informativo” que generara la ilusión de que él sí estaba involucrado, porque hay “una misión” que es la de “desestabilizar” a Rusia “desde adentro”. Agregó que “el método más fácil consiste en introducir cierta desconfianza en la sociedad hacia los organismos del poder”, y agregó: “Lo que más preocupa a nuestros oponentes es la unidad y la cohesión de la nación rusa”.

“Que detrás de esto hay cargos públicos y órganos oficiales del propio Estados Unidos nos lo demostró WikiLeaks”, dijo Putin. Además, consideró que estos ataques se motivan en la independencia que ha tenido Rusia en su política exterior, y mencionó la posición que Moscú mantuvo ante Siria y el asilo que su país le brindó a Edward Snowden.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Mark Toner, rechazó ayer que Estados Unidos esté implicado “en cualquier modo” en la filtración de Mossack Fonseca, aunque reconoció que la OCCRP recibe fondos de la USAID, que depende directamente del Departamento de Estado.